Los senadores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se alinearon al requerimiento realizado por el presidente de la nucleación tradicional, Horacio Cartes, de apoyar el juicio político contra el mandatario Santiago Peña, que es impulsado por diputados de la oposición y la disidencia colorada.

Luego de la postura asumida por el máximo líder de los colorados en sostener que no permitirá el “latrocinio” de los fondos públicos, privados y de los jubilados, varios legisladores de la Cámara Alta tomaron la decisión de retirar su respaldo al jefe de Estado y requerirle su renuncia.

Entre los primeros en pronunciarse figura el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que “como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.

Núñez agregó que “reclamamos la renuncia del presidente Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”.

Las afirmaciones de Núñez fueron respaldadas por el líder de bancada del oficialismo colorado, Natalicio Chase, quien alegó que “como senador de la Nación, tengo el deber de defender los intereses de los paraguayos y proteger la institucionalidad de nuestra República. Ante un hecho de semejante gravedad, el silencio y la indiferencia no son opciones. Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”.

Añadió que “detrás de cada ahorro hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio que merecen ser respetados y protegidos. El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes. Las instituciones deben actuar con toda la fuerza de la ley, sin privilegios, sin excepciones y sin interferencias políticas. Por todo ello, reclamamos la renuncia del presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional. Hoy más que nunca, defender la República exige responsabilidad, firmeza y coraje”.

En la misma línea se pronunció Derlis Maidana quien indicó que “siguiendo nuestra línea de defensa del Estado de derecho y la institucionalidad, y estando al lado del pueblo como siempre estuvimos. Acompañamos la postura del presidente del Partido Colorado”.

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Por su parte, Óscar “Cachito” Salomón dijo que “Peña traicionó al país y al Partido Colorado por dinero. Esto es una vergüenza él y todos los culpables tienen que pagar sí o sí”. Mientras que Antonio Barrios puntualizó que “el Partido Colorado debe proteger a todos los ciudadanos paraguayos y bregar por la honestidad y transparencia y acá estamos hablando de fondos que deben ser recuperados, los fondos jubilatorios y el dinero de la pobre gente que hoy está pasando muy mal”.

Señaló que “yo ruego que Peña renuncie, hay que ir hasta el fondo y que la justicia haga su trabajo. Es imperdonable que aún sigan los miembros del Banco Central del Paraguay, los integrantes de la superintendencia que no supieron alertar en tiempo y forma todo lo que estaba ocurriendo”.

Mientras que Gustavo Leite se limitó a manifestar “apoyo las expresiones del presidente Horacio Cartes, este no es momento para tibio”. Por su parte, Luis Pettengill afirmó: “Mi postura es acompañar a todos los ahorristas, esto es algo muy grave para todo el sistema financiero. Peña tiene que rendir cuentas ante la justicia si cometió un hecho ilícito, cero impunidad”.

El libelo acusatorio contra Peña se encuentra siendo analizado este jueves en la Cámara de Diputados y consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son prueba fehaciente de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank. De ser aprobado será remitido al Senado para su tratamiento.

Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.

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“Vamos a empezar a debatir para tratar de llegar con una fuerza progresista, de izquierda para el 2028”, explicó Hugo Richer.

• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Las organizaciones políti­cas que integran el Frente Guasu (FG) ponen en mar­cha una plenaria de delibe­raciones entre los presiden­tes y delegados partidarios, con el objetivo de asegurar la presencia del progresismo en un proyecto de gobierno opo­sitor con miras a las eleccio­nes presidenciales del 2028.

“Vamos a empezar a deba­tir para tratar de llegar con una fuerza progresista, de izquierda para el 2028, es por eso que ya inician las reunio­nes de delegados de los parti­dos, las cuales durarán apro­ximadamente dos meses. Esto lo hacemos dentro de un pro­ceso de reorganización que atraviesa el Frente Guasu después de lo acontecido en las elecciones generales del 2023”, afirmó el presidente del Partido Convergencia Popu­lar Socialista, Hugo Richer, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Desde el progresismo advier­ten que la unidad de la oposi­ción no debe reducirse a un mero acuerdo electoral. “Acá para nosotros es muy impor­tante hablar de la unidad de la oposición, pero para eso debemos dialogar cómo será la manera y sobre qué. Empe­zar discutiendo solamente candidaturas es el paso para no llegar a un acuerdo; normalmente ocurre eso y mucho más ahora que exis­ten varios posibles precan­didatos a la Presidencia de la República”, sostuvo.

• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

Las organizaciones políticas que integran el Frente Guasu (FG) ponen en marcha una plenaria de deliberaciones entre los presidentes y delegados partidarios, con el objetivo de asegurar la presencia del progresismo en un proyecto de gobierno opositor con miras a las elecciones presidenciales del 2028.

“Vamos a empezar a debatir para tratar de llegar con una fuerza progresista, de izquierda para el 2028, es por eso que ya inician las reuniones de delegados de los partidos, las cuales durarán aproximadamente dos meses. Esto lo hacemos dentro de un proceso de reorganización que atraviesa el Frente Guasu después de lo acontecido en las elecciones generales del 2023”, afirmó el presidente del Partido Convergencia Popular Socialista, Hugo Richer, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Desde el progresismo advierten que la unidad de la oposición no debe reducirse a un mero acuerdo electoral. “Acá para nosotros es muy importante hablar de la unidad de la oposición, pero para eso debemos dialogar cómo será la manera y sobre qué. Empezar discutiendo solamente candidaturas es el paso para no llegar a un acuerdo; normalmente ocurre eso y mucho más ahora que existen varios posibles precandidatos a la presidencia de la República”, sostuvo.

Richer agregó que “todas las precandidaturas suman, pero es importante saber sobre qué estamos de acuerdo y para qué queremos ser gobierno. Si nosotros no discutimos sobre ejes concretos centrales, nos será muy difícil en el caso de que se llegue al gobierno”. El exsenador añadió que en la plenaria del progresismo debatirán sobre la construcción de una política social, fiscal, tributaria e internacional, para luego ser socializada con los demás sectores de la oposición.

Con relación a la metodología que deberá aplicar la oposición para definir una candidatura única presidencial, Richer manifestó que “hay que estudiar qué es lo que genera el consenso. En la oposición existen dos figuras posibles: una es el padrón abierto por fuera del marco legal, es decir, una convocatoria fuera del calendario electoral que las fuerzas se comprometen a respetar; esa es una posibilidad, siempre y cuando esa vía sea el acuerdo y la consecuencia sea el fortalecimiento de esos acuerdos”.

Agregó que “la otra posibilidad es la concertación, la cual convierte el padrón de todos los partidos en un solo padrón y ahí también pueden presentarse varias candidaturas. Yo creo que más allá de lo que uno quiera o no quiera, acá hay que ver qué es lo que fortalecerá la unidad o el acuerdo, porque si se tomarán decisiones sobre métodos que finalmente no fortalecen la unidad no tiene ningún sentido; esto no es una cuestión puramente técnica, tiene un alto contenido político en la construcción de fuerzas políticas diversas”.

Respecto al posicionamiento de varios referentes liberales, consistente en que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debe encabezar la chapa presidencial en el 2028, Richer puntualizó que “es lógico, entiendo que están también en una fase de estructuración y están tratando de fortalecer la institucionalidad y una identidad partidaria. Esto es un discurso para generar vínculos y entusiasmos con sus propios correligionarios”.

Un grupo de senadores acudió este miércoles a la Plaza de Armas para recepcionar la iniciativa popular que propone hasta 20 años de cárcel para los adultos que interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

El proyecto denominado “La ideología de género es abuso infantil” ya tuvo entrada oficial y fue girado a la Comisión de Legislación de la Cámara para su dictamen correspondiente. El mismo es impulsado por sectores conservadores y religiosos.

Los impulsores buscan modificar el artículo 135 de la ley 6002&/17 que modifica la ley 1160/97 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08 que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97del Código Penal.

El documento en su artículo 135, inciso A, referente al abuso sexual en niños detalla en su artículo 1 que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros.

En su artículo 2 menciona que en los casos señalados en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de diez a quince años cuando el autor al realizar el hecho haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones; o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación o tutela o guarda este a su cargo.

Agrega que cuando concurra más de una circunstancia de las señaladas en el inciso 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años. En los casos señalados en el inciso 1, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años. Menciona que se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, la persona que no haya cumplido catorce años de edad.

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En su artículo 135, inciso b referente al abuso por medios tecnológicos, el proyecto de ley argumenta que “el que por medio de publicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.

Mientras que en su artículo 135, inciso C hace referencia al abuso bajo otras formas el cual expresa que “el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad ah de cuatro a diez años”.

Si el hecho fuere cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de diez a quince años. En el caso señalado en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos.

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