El presidente de la República, Santiago Peña, explicó este viernes que la decisión de no abrir el ingreso de nuevos policías para el año 2027 se da en el marco de una estrategia política que tiene que ver con mejorar la infraestructura. Sin embargo, ante los reclamos de los interesados en ingresar, señaló que no se descarta volver a evaluar esta decisión.

“Nosotros no descartamos absolutamente nada. Estamos evaluando constantemente, pero necesitamos que los medios de comunicación les transmitan a la ciudadanía que la inversión que se ha hecho en personal humano y equipamientos, y todavía lo que nos está llevando que es toda la infraestructura, son 700 comisarías que tenemos que arreglar”, respondió a los medios de prensa.

Peña destacó que este año ya se logrará el aumento de las filas con 15.000 policías en tres años, un número que superó ampliamente las expectativas, y que el objetivo en este momento es seguir capacitando al personal y fortalecer la infraestructura de las comisarías. El mandatario participó de la apertura de la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur y Estados Asociados (RMIS) y de la LXIII Reunión de Ministros de Justicia (RMJ), en el Hotel Crowne Plaza Asunción.

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“Nosotros hemos tomado la decisión, y esto lo hemos hablado con el ministro del Interior (Enrique Riera), que capaz que este es el momento de parar la pelota, ya hemos ingresado 10.000, hay 5.000 que hoy se están formando que salen en diciembre. Esto también ha sido un cuestionamiento enorme, los famosos policías exprés, y nosotros dijimos que se están formando con la misma rigurosidad que aquellos que se estaban formando en dos años”, apuntó.

El jefe de Estado recordó que, con la dotación de más policías, se implementó una gran inversión en elementos de seguridad. “Fue un avance tremendo, por muchos cuestionado, pero fue un avance tremendo, la implementación de una nueva ley de la Policía Nacional, la inversión de motos para el grupo Lince, las 300 patrulleras y todo lo que es el mecanismo de comunicaciones, las herramientas de comunicación, los chalecos, todo lo que es hoy el centro de monitoreo, la implementación de la tobillera (electrónica)”,afirmó.

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El gobierno de Guatemala negó el jueves que haya acordado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró The New York Times. El diario estadounidense publicó el jueves que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y cita a dos personas familiarizadas con las conversaciones.

"No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional“, aseguró el gobierno de Guatemala en un comunicado. En una declaración posterior a periodistas, Arévalo dijo que Guatemala solicitó a Washington cooperación en sus esfuerzos antidrogas, pero que esto no incluye presencia militar estadounidense pues de ser así requeriría autorización del Congreso.

"Va a implicar tener acceso a equipo, capacitación, expertos para (apoyar) la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico“, detalló el mandatario socialdemócrata. El gobierno difundió una carta en la que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, expresa a Hegseth que Guatemala “desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por los Estados Unidos dentro (...) de Guatemala”.

En la nota, fechada el pasado 23 de mayo, Sáenz se refiere a esas maniobras como “operaciones combinadas lideradas por Guatemala”. Según el comunicado del gobierno, Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una “conversación telefónica” con Hegseth “confirmando los términos de la cooperación”.

La solicitud de Guatemala se encuadra en la Coalición Anticarteles de las Américas, señaló Sáenz en su nota, al referirse al grupo de países creado por el presidente Donald Trump a inicios de este año para combatir al crimen organizado en el hemisferio. En ese marco, Washington aumentó su ayuda en inteligencia a Ecuador y luego reconoció que está ayudando militarmente en zonas de la frontera con Colombia.

Según The New York Times, las operaciones conjuntas en Guatemala podrían comenzar el próximo mes, pero no está claro qué otras actividades militares podrían incluirse. El diario sostiene que el objetivo de Trump con esas acciones, a las que espera sumar a Honduras, es presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico en su territorio, algo a lo que se opone la presidenta Claudia Sheinbaum.

La incursión de un grupo armado desde Honduras en una comunidad fronteriza de Guatemala dejó el lunes un campesino muerto y viviendas quemadas, informó el gobierno guatemalteco. El ataque fue reportado el lunes por el Ejército de Guatemala, que aseguró que soldados repelieron a tiros al escuadrón que se desplazaba en varios vehículos, pero no informó de víctimas o daños.

El ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, dijo este martes que el choque se produjo en la comunidad de San José Las Lágrimas, en el poblado oriental de Esquipulas, y dejó un fallecido cuya nacionalidad no precisó. “Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo y llegan a la comunidad y encuentran (...) casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino”, señaló el ministro en rueda de prensa. Imágenes de medios locales mostraron algunas viviendas de láminas de zinc quemadas en esa zona fronteriza. Sáenz señaló que las fuerzas de seguridad y la fiscalía investigan el caso.

Los hechos se produjeron luego de que el pasado jueves cinco policías fueran asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad hondureña de Omoa (Cortés), cerca de la frontera con Guatemala y con costas en el Caribe. Los dos países aumentaron la presencia de militares y policías en el área limítrofe, tras los sucesos que involucraron a una red hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

“La zona fronteriza en general ha sido un área que ha estado muy contaminada por estructuras criminales”, declaró este martes a periodistas el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez. El mismo jueves, un comando armado asesinó a 19 personas en el poblado hondureño de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.

Fuente: AFP.

El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.

Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.

A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.

Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.

Fuente: AFP.

El ministro del Interior, Enrique Riera acusó al gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, de haber entregado la soberanía del espacio aéreo paraguayo al narcotráfico, tras el cajoneo de la iniciativa Cielo Guaraní Soberano impulsada por la administración del también exmandatario y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

“La iniciativa Cielo Soberano Guaraní se implementó ya en el año 2015 en la época del presidente Horacio Cartes y constituía una suma de esfuerzos para controlar nuestros cielos y evitar naves de tripulación clandestinas y no identificadas en nuestro suelo“, dijo Riera en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro acotó: “Lo curioso de todo esto es que este procedimiento que fue un éxito se hizo hasta el 2020, pero desde ese año sin ninguna explicación desapareció el proyecto, nunca más se implementó. Curiosamente en ese año un antecesor mío (Arnaldo Giuzzio) quien hoy está procesado por narcotráfico también levantó el control de los puertos privados, retiró a los canes antidrogas, desmontó los escáneres con la historia de que iban a reorganizar las tropas en la Secretaría Nacional Antidrogas y luego esto fue sostenido en el Ministerio del Interior“.

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Riera siguió mencionando que “liberaron los cielos y puertos para contaminar las cargas y mediante eso pasaron más de 60 toneladas de cocaína pura. Debemos recordar que el Paraguay no produce ningún gramo de esa droga que no fue descubierta en nuestro país, sino acopiada a través de pistas clandestinas que nos cansábamos de denunciar. Realmente en ese gobierno se declaró arco libre“.

Las afirmaciones de Riera surgieron tras la decisión del gobierno del mandatario Santiago Peña, de impulsar vía decreto la creación de la Comisión Nacional Cielo Guaraní Soberano, con el objetivo de consolidar mecanismos de comunicación directa, intercambio de inteligencia y reacción conjunta para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los vuelos irregulares que operan en territorio nacional.

“La semana que viene se reunirán sus integrantes para cruzar datos, tener puntos focales y a funcionar coordinadamente, esta es la parte del tablero que nos faltaba”, manifestó.

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