La identificación del ganado y la seguridad sobre la propiedad de los animales son aspectos clave para el desarrollo y la competitividad del sector pecuario. En ese contexto, se busca avanzar en la modernización de los registros y fortalecer los mecanismos de control mediante una mayor coordinación entre las instituciones vinculadas a la actividad ganadera.

Con ese objetivo, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que apunta a reforzar la trazabilidad del ganado, optimizar los procesos de registro de marcas y señales y brindar mayores garantías jurídicas a los productores.

La iniciativa contempla el aprovechamiento de las competencias y capacidades de cada institución para mejorar los mecanismos de identificación y registro de los animales. Uno de los principales ejes será fortalecer la trazabilidad a lo largo de la cadena pecuaria, mediante registros más confiables que faciliten las tareas de control y verificación.

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Asimismo, el acuerdo busca modernizar los procedimientos relacionados con las marcas y señales, herramientas fundamentales para identificar el ganado y respaldar legalmente su propiedad. Con ello, se pretende aportar mayor seguridad a las operaciones del sector y mejorar los servicios destinados a los productores.

El convenio fue suscrito este lunes por el presidente del Senacsa, José Carlos Martin; el titular de la ARP, Daniel Prieto Davey, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. También participó la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González Pereira.

A través de esta articulación, las instituciones buscan impulsar mejoras en los sistemas de registro e identificación, acompañando las necesidades de un sector que requiere cada vez más herramientas para garantizar la transparencia y confiabilidad de su cadena productiva.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.

“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.

En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.

“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.

Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.

Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.

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El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.

La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.

Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.

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La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham) y gremios del sector productivo e industrial comunicaron su seguimiento permanente a los acontecimientos relacionados con el inicio del proceso de resolución y cese de operaciones de ueno bank, manifestando que los mecanismos de revisión deben conducirse con estricto rigor técnico y transparencia.

En un comunicado emitido este miércoles, la Amcham señaló que la estabilidad y credibilidad del sistema bancario son condiciones esenciales para garantizar la continuidad de la cadena de pagos, el acceso al crédito del sector productivo y la confianza de los mercados.

“La solidez del Estado de derecho reposa en la clara delimitación de responsabilidades conforme a las normativas que regulan el sistema financiero”, mencionaron, enfatizando que la confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía.

Asimismo, pidieron que en salvaguarda de la fe pública las decisiones de gestión se evalúen bajo los más altos estándares de gobernanza corporativa y, además, los recursos del erario público quedar debidamente preservados.

“Resulta indispensable que los mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) operen con máxima celeridad, precisión y estricto apego a la Ley General de Bancos, asegurando la protección íntegra de los fondos y evitando incertidumbres operativas en el mercado”, indicaron.

La credibilidad del Paraguay en los mercados internacionales, incluyendo las operaciones de deuda regidas bajo jurisdicciones globales como la del Estado de Nueva York, se fundan en el respeto a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas.

Por ello, un tratamiento claro, técnico y apegado a derecho en la resolución de estos compromisos es crítico para resguardar la reputación crediticia del país y no encarecer el costo del financiamiento para el sector productivo nacional, reza el comunicado.

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Por su parte, la ARP compartió su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autorizó al BCP a ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en ueno bank.

“El FGD se constituye con aportes del sistema financiero y existe con un único fin: proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites que fija la ley. Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de ueno conforme a esa cobertura”, indicaron.

Según la ARP, usar el remanente del fondo para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución, sino que sería trasladar a todos los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros.

“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos. Alguien decidió concentrarlos allí. Esos recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio, y las responsabilidades deben determinarse y sancionarse”, mencionaron.

Por ello, solicitaron a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.

La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) también se pronunció ante el escenario. El gremio se refirió al efecto que tiene sobre las empresas y los trabajadores del régimen de maquila, así como en la confianza en el sistema financiero del país.

“Varias de nuestras asociadas pagan salarios, cobran y cumplen con sus proveedores a través de esta entidad. Mientras sus servicios sigan suspendidos, hay trabajadores que no pueden disponer de su sueldo y plantas que deben sostener la producción y sus compromisos de exportación sin acceso a sus fondos”, explicaron.

La Cemap instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con celeridad y a determinar las responsabilidades que correspondan. “Una resolución ordenada, que proteja los ahorros de la ciudadanía y sea rigurosa con los responsables, es la mejor señal que el país puede dar a la inversión productiva y al empleo formal que esta genera”, mencionó.

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A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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