• Estambul, Turquía. AFP.

Una delegación rusa y una ucraniana tienen que reunirse de nuevo este lunes en Estambul, con miras a poner fin a la guerra desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Moscú y Kiev iniciaron una primera ronda de conversaciones directas el 16 de mayo en la ciudad turca, pero el encuentro dio pocos resultados. Los dos países sólo se comprometieron a un canje de prisioneros a gran escala.

Esta nueva reunión tiene lugar al día siguiente de un ataque ucraniano “a gran escala” en suelo ruso, que alcanzó hasta Siberia. Un asalto de gran alcance coordinado con drones contra cuatro aeródromos militares rusos dañó varias decenas de aviones, entre ellos cazas estratégicos, según los servicios de seguridad ucranianos (SBU).

El ejército ruso anunció el lunes por la mañana que derribó en la noche 162 drones ucranianos, la mayoría contra las regiones fronterizas de Kursk y Bélgorod. Kiev afirmó por su lado que Moscú lanzó 80 drones contra su territorio. El nuevo ciclo de negociaciones está previsto que empiece el lunes a las 13:00 (10:00 GMT) en el palacio de Ciragan, un edificio imperial otomano en la orilla del Bósforo.

Los enviados rusos llegaron el domingo, y el equipo ucraniano el lunes por la mañana. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, habló el domingo por teléfono con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, sobre estas conversaciones, según el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, citado por la agencia Tass. Rusia anunció que presentaría un “memorándum” con sus condiciones para un acuerdo de paz, un documento que se negó a transmitir a Ucrania, como lo reclamaba, antes de las negociaciones.

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Ambas partes están muy lejos de un acuerdo, ya sea una tregua o una solución a más largo plazo. Las prioridades de Ucrania son “un alto el fuego completo e incondicional” y el “regreso de los prisioneros” y de los niños ucranianos que, según Kiev, Moscú se llevó a su territorio, declaró el domingo en redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski también reclama una reunión directa con su par ruso, Vladimir Putin, una propuesta que el Kremlin ha rechazado varias veces. Moscú descarta el “alto el fuego incondicional” exigido por Kiev y sus aliados occidentales, e insiste en que se tiene que solucionar lo que llama “las causas profundas” del conflicto.

Rusia exige que Ucrania renuncia de forma definitiva a formar parte de la OTAN, y que le entregue las cinco regiones de las que reivindicada su anexión.

Estas condiciones son inaceptables para Kiev, que pide una retirada total de las tropas rusas de su territorio. Ucrania también quiere garantías de seguridad concretas, apoyadas por sus aliados, como la protección de la OTAN y la presencia de tropas occidentales en el terreno, lo que Rusia excluye totalmente.

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La guerra, que estalló hace más de tres años, ha causado decenas de miles de muertos civiles y militares en ambos bandos. El principal negociador ruso en Estambul es Vladimir Medinski, el consejero ideológico de Putin que encabezó las negociaciones fallidas de 2022 y que pone en duda la existencia de Ucrania.

La delegación ucraniana está dirigida por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, considerado como un buen negociador, pero cuyo ministerio está salpicado por varios escándalos. Ucrania reportó el domingo que había alcanzado cerca de medio centenar de aviones militares rusos y reivindicó daños por un valor de unos 7.000 millones de dólares.

Este ataque, que tuvo lugar en el interior del territorio ruso a miles de kilómetros del frente, fue llevado a cabo con drones introducidos clandestinamente en Rusia y luego lanzados contra sus bases militares.

Sus consecuencias en las capacidades militares rusas son difíciles de cuantificar, pero tiene una fuerte carga simbólica en el contexto de las negociaciones.

• Brasilia, Brasil. AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro “nunca” discutió sobre llevar adelante un golpe de Estado para revertir su derrota electoral contra Luiz Inacio Lula da Silva, dijo este viernes pasado en el juicio contra el líder ultraderechista un exministro e importante aliado. El tribunal supremo de Brasil está en su segunda semana de audiencias de testimonios clave en el juicio por golpismo contra Bolsonaro, acusado de haber intentado maquinar su permanencia en el poder pese a su derrota ante Lula en octubre de 2022.

Bolsonaro se expone a penas de unos 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho e intento de golpe de Estado, entre otros. Convocado por la defensa del exmandatario, Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura y actual gobernador del estado de Sao Paulo, negó que Bolsonaro (2019-2022) tuviera intenciones golpistas.

“En ese periodo que estuve con el presidente en la recta final (del gobierno), durante varias conversaciones, nunca tocó ese asunto, nunca mencionó ningún intento de ruptura” constitucional, dijo Freitas.

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Freitas, que había salido del gobierno a principios de 2022 para disputar la gobernación de Sao Paulo, dijo que Bolsonaro estaba de ánimo bajo y con problemas de salud tras su derrota electoral en octubre de ese año.

“Encontré al presidente triste y resignado”, afirmó al recordar las reuniones que tuvo con el líder de la derecha y ultraderecha brasileñas en noviembre y diciembre de 2022.

Tarcísio de Freitas suena con fuerza como posible sucesor de Bolsonaro, sobre quien pesa una inhabilitación política para las presidenciales de 2026.

En otro testimonio de la defensa este viernes, el senador Ciro Nogueira también rechazó las acusaciones contra Bolsonaro, de quien fue jefe de gabinete, y señaló que el exmandatario “bajo ninguna circunstancia” demostró intenciones golpistas.

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La corte suprema ha escuchado a unos 50 testigos, entre ellos altos rangos de las fuerzas armadas, exministros, policías y funcionarios de inteligencia.

Las audiencias están presididas por el juez del caso, Alexandre de Moraes, considerado un enemigo político del bolsonarismo.

En uno de los testimonios más importantes, un excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, confirmó la semana pasada haber estado en una reunión con Bolsonaro en diciembre de 2022 en que se discutió una eventual implementación de medidas excepcionales como un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense. Las audiencias finalizarán el lunes y en una próxima etapa declararán Bolsonaro y los otros siete acusados. Se espera que el juicio finalice en los próximos meses.

Brasil emplazó a Paraguay hasta este viernes 30 de mayo para llegar a un acuerdo en la revisión del Anexo C del Tratado de la Itaipú Binacional, con la amenaza de volver a bajar la tarifa a su nivel anterior, que era de USD 16,19, a través de una acción judicial. Las negociaciones fueron interrumpidas por el escándalo de espionaje realizado por el Gobierno de Brasil a altas autoridades paraguayas. En esta fecha, se debían presentar las propuestas de ambas partes.

Al respecto, el experto en energía Victorio Oxilia explicó que el Tratado de la Itaipú Binacional no permite que se tome una decisión unilateral por una de las partes, Brasil o Paraguay, ni tampoco puede permitirse una intervención judicial en las negociaciones bilaterales, como la que refiere el socio brasileño.

“Las decisiones en Itaipú no se pueden tomar de manera unilateral, y tampoco el Poder Judicial brasileño ni paraguayo pueden hacerlo, lo que sí podría intervenir el Poder Judicial brasileño es en la tarifa de retajo, una tarifa que es brasileña, establecida en Brasil y se basa, es cierto, en la tarifa de Itaipú y a esa tarifa se suma otros encargos que son de mercado eléctrico brasileño, exclusivamente de Brasil”, dijo Oxilia, este viernes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que, en este caso, los tratados y acuerdos establecidos son bastante claros. “Judicialmente pueden intervenir en esa tarifa, pero no en la tarifa de Itaipú que ya fie acordada hace aproximadamente un año, entonces, yo creo que en ese sentido, no hay posibilidad por lo menos jurídica, los documentos del Tratado, los instrumentos que tenemos entre los dos países no permiten decisiones unilaterales que sean válidas”, aseveró.

Para el experto, existen otros componentes en este “emplazamiento” realizado por el ministro de Minas de Brasil, Alexandre Silveira. “Lo que sí hay que leer de esa noticia es lo incómodo que se sienten en Brasil con relación a esta situación y principalmente a lo que es el rezago en llegar a conclusiones con revisión al Anexo C”, refirió.

Otro de los motivos sería que Brasil esté “incómodo” con el avance de estas negociaciones es la mirada de otros países hacia Paraguay, como los Estados Unidos con relación al excedente de energía, lo que está creando competitividad para Brasil.

“Hay un hecho que también creo debe estar incidiendo, que es esta noticia, este mensaje que se estuvo dando en los últimos días con relación a usar la energía excedente en datacenter, en equipos que colaboran o están interviniendo en la inteligencia artificial, que fue un mensaje dado desde los Estados Unidos por una persona de altísimo nivel, como es el Secretario de Estado (Marco Rubio)”, apuntó.

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“Si vos no tenés nada que ocultar no tendrías que temer a una investigación“, dijo el analista político y excanciller Euclides Acevedo sobre la solicitud de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) a los municipios de Ciudad del Este y Asunción. Agregó que en el proceso existen tres frentes de batalla: jurídico, administrativo y político.

“El Estado a través de la Contraloría lo que hace es controlar la gestión pública y el manejo del dinero público de los ciudadanos, esto es una responsabilidad irreemplazable del Estado. No se puede obstruir el control del Estado sobre el manejo del dinero”, sostuvo Acevedo, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De esta forma Acevedo echó por tierra el discurso esgrimido por el intendente de Cuidad del Este, Miguel Prieto, y sus aliados, que aseguran que el órgano extrapoder no cuenta con facultades para requerir la intervención y que el pedido obedece a una persecución política.

“No se le puede obstruir a la Contraloría su capacidad de intromisión ante comportamientos que pueden ser irregular o atenten contra la soberanía económica del ciudadano”, remarcó.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre el 2021 y el 2024. El contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial, además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023 que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

“Tanto Prieto como Nenecho Rodríguez son figuras políticas notables y electoralmente importantes, por lo tanto acá vamos a tener un buen entretenimiento de aquí a las elecciones municipales. Los que dicen que acá no existe nada político, no sé en que país viven, esto tiene una marcada connotación política”, sostuvo Acevedo.

Asimismo afirmó que “las batallas políticas hay que llevarlas sin miedo, sin angustias por eso creo que las renuncias habrían que descartarse”.

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