El senador Eusebio Ramón Ayala mencionó que la falta de dictamen es por un problema interno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la Cámara Alta. Foto: Archivo.
Designación de Riera como embajador ante la OEA pasaría para el 2022
Compartir en redes
El senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) señaló este miércoles que la designación de su colega Enrique Riera como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) quedaría para el 2022 ante la falta de dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
“La Comisión de Relaciones Exteriores no tiene dictamen. Probablemente pase para el próximo año la designación porque no hay dictamen de comisión, eso es lo básico. Yo voté a favor de él la primera vez, pero después se fue complicando”, manifestó el senador en comunicación con la radio 1020 AM.
Mencionó que la demora para la designación de Riera como embajador paraguayo ante la OEA es un tema interno del Partido Colorado, sobre todo por el tema de la suplencia de la banca, ya que con los votos de los legisladores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ya le faltaría muy poco para cerrar los números.
Ayala explicó que se necesita 23 votos para que el pleno de la Cámara Alta se convierta en comisión y poder dictaminar, pero que la designación de su colega como embajador ante la OEA está en una “situación difícil” y lo más probable es que quede para el próximo año.
“Si hubiera dictamen de comisión, entonces está en el orden del día y la cuestión se manejaría por mayoría simple, o sea la mitad más uno de los presentes. Es complicado que se consigan los 23 votos para la sesión de mañana jueves porque no se logró la primera vez”, agregó el legislador del Partido Liberal.
La designación de Enrique Riera como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sigue en sala de espera de la Cámara de Senadores. Había solicitado que se agilice el pedido enviado desde el Poder Ejecutivo, pero el pleno en su primera intervención le dio la espalda para el tratamiento.
Chase califica de intransigente y apresurada huelga de médicos
Compartir en redes
El senador y líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, calificó de apresurada la huelga realizada por los médicos del sistema de Salud Pública e intransigente la postura que siguen manteniendo el sector gremial, pese a los intentos de acercamiento y negociaciones, como por ejemplo, desde el sector legislativo.
“No hay voluntad de los médicos de sentarse a continuar el diálogo porque hay mucho todavía que hablar, yo creo que fue apresurada el inicio de la huelga, los valores y los datos que se manejan hacen presumir que es inviable ese relamo que ellos están presentando, entonces hay que seguir conversando”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Sobre la postura del sector médico al expresar que no se dan posturas concretas desde el Ejecutivo, el senador cuestionó la falta de flexibilidad de los mismos. “Esa es una posición de ellos, pero cuando vinieron acá fueron intransigentes en sus pretensiones, yo no sé cómo avanzan las negociaciones con el Ejecutivo”, mencionó.
Agregó que se debe seguir con el diálogo y que los reclamos laborales siempre se deben tener en cuenta y ser escuchados, como así también, el Poder Ejecutivo debe realizar una mesa de trabajo con el gremio, pero dentro de los límites que puede atender el Presupuesto General de Gastos. Así también, refirió que se debe abordar de manera integral y general, y no solo para un sector.
“No son solamente los médicos del Ministerio de Salud, están los médicos del IPS que ya ganan luego 1.200.000 menos por vínculo y también están exigiendo una compensación, también están los médicos militares, los médicos de la Policía, tiene que ser atendido todo el gremio en general, no solamente algunos”, manifestó el legislador.
Expuso además, que el sector médico del sistema de Salud Pública ya obtuvo otros beneficios recientemente. “En el 2025 se universalizaron las 12 horas, casi el 80 % de los médicos tuvieron el 100 % de aumento porque bajaron de 24 a 12, aparte hay más de 100.000 millones en diferentes tipos de aumentos”, sentenció.
Jefe de la OEA pide elevar la presión a Nicaragua por elecciones sin oposición
Compartir en redes
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió el domingo elevar la presión contra el gobierno de Nicaragua para evitar que excluya a la oposición, como propone una reforma constitucional que será aprobada el próximo 21 de septiembre.
La reforma, impulsada por los copresidentes, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, busca establecer mandatos de siete años renovables y restringe la participación electoral de opositores considerados por las autoridades “traidores a la patria”.
La OEA aprobó el 19 de agosto una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres en Washington que debata acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. Todavía no hay fecha para esta cita.
“Esperamos que los ministros, además del simbolismo, puedan tomar decisiones individuales, colectivas, para castigar, para ejercer más presión sobre Nicaragua”, dijo Ramdin durante una entrevista con el medio nicaragüense en el exilio Confidencial.
“Es importante que (...) todos rechacen esta idea de que un gobierno, elegido de manera dudosa, puede determinar cuáles son los derechos del pueblo”, añadió.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
Ramdin afirmó que la presión contra el gobierno de Nicaragua puede ser “económica”, en “términos de vuelos”, en “apoyo político o participación en organizaciones internacionales”.
“Hay muchas formas, corresponde a los Estados miembros decidir, pero esta es una oportunidad”, agregó.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, afirmó el sábado que el día 21 de septiembre el Órgano Legislativo, controlado por el oficialismo, aprobará la reforma constitucional, que deberá ser ratificada el próximo año en una nueva votación.
Porras ha adelantado durante el proceso de consulta sobre el texto con sectores afines al oficialismo que todos aquellos que el gobierno considere “golpistas” o “traidores a la patria” no podrán presentarse a elecciones.
El proyecto también endurece las restricciones políticas para quienes las autoridades consideren vinculados a las protestas de 2018, “responsables de promover sanciones internacionales o de menoscabar la independencia, soberanía y autodeterminación del país”.
Según Ramdin, el objetivo de la presión es obligar al gobierno de Nicaragua a “iniciar una discusión sobre una transición hacia una democracia plena” y hacia unas elecciones “creíbles y accesibles para todos los nicaragüenses, en libertad y con resultados justos”.
Comitiva parlamentaria verificó situación de un loteamiento en Juan E. O´Leary
Compartir en redes
Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.
La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.
Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.
Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.
El Ejecutivo plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor del lote y establecer un esquema de pago diferido para las familias beneficiarias de la reforma agraria. Foto: Gentileza
Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Compartir en redes
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinalesapoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Representantes de la FNC, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la eliminación del pago inicial del 3%. Foto; Gentileza
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.