• Ciudad del Este. Agencia Regional.

La construcción del nuevo Centro Cultural de Hernandarias comenzó el pasado 29 de julio, con una inversión prevista de casi 17 mil millones de guaraníes (G. 16.739.894.995) de la Gobernación de Alto Paraná. La obra es considerada emblemática en el municipio, donde la comunidad clamaba por un espacio cultural propio, desde hace muchos años, para impulsar el desarrollo cultural, educativo y social en la “capital de la energía”.

El espacio tendrá una infraestructura edilicia de 2.840 metros cuadras, moderna y funcional, con un edificio concebido como un centro de referencia inclusivo, accesible y con equipamiento de alto nivel, según se informó en el día de la palada inicial, el martes 29 de julio. El plazo de ejecución de la obra es de 13 meses.

El ingeniero César “Landy” Torres, gobernador de Alto Paraná, manifestó que no es solo una inversión en infraestructura física, “si no una apuesta estratégica por el desarrollo integral de la comunidad”.

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Asimismo, aseguró que el Centro Cultural de Hernandarias será un motor de inclusión, educación y proyección cultural, generando oportunidades para niños, jóvenes y adultos, artistas consagrados y emergentes, gestores culturales y la ciudadanía en general.

El futuro espacio cultural está siendo construido en la plaza Fulgencio Yegros del barrio Mariscal López de Hernandarias. El proyecto iba a ejecutarse en la Plaza de los Héroes, pero implicaba una tala masiva de árboles en el lugar, medida que fue rechazada por los vecinos y generó conflictos entre pobladores y las autoridades municipales. En consecuencia, el proyecto fue trasladado al predio donde comenzó la obra.

El futuro Centro Cultural tendrá un auditorio principal con capacidad para 650 personas, un escenario de 207 metros cuadrados, cuatro camarines, cabina de control audiovisual elevada, equipamiento de sonido, video e iluminación profesional. Otros espacios constan de seis aulas para talleres y capacitaciones; un aula de ballet con todo el equipamiento y dos galerías de exposición, con estándares museográficos para muestras permanentes o itinerantes.

Otra dependencia es el área de servicios y apoyo, con espacios para cafetería con cocina industrial y cantina; depósitos y taller de tramoya para escenografía; boletería, sala técnica, áreas de espera, bloques de sanitarios (dos zonas diferenciadas) y un sistema de reservorio subterráneo para la alimentación.

El predio dispondrá de un generador propio de 63 kVA, para alimentar en caso necesario. En cuanto al área de acceso y logística, el centro cultural proyectado dispondrá de estacionamiento para 214 vehículos. Incluirá cochera para el uso de personal administrativo/artistas; cochera para bus; accesos con rampas de diferentes pendientes (15 % a 20 %) y descansos intermedios; red de camineros de más de 5.500 metros cuadrados para circulación segura e inclusiva.

Finalmente, el edificio contará con un sistema de protección contra incendios, que incluye extintores manuales, bocas de incendio equipadas, red de hidrantes y sistemas de alarma, conforme a las normativas de seguridad vigentes, según lo informado por la Gobernación de Alto Paraná.

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• Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.

Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, consideran que la propuesta presentada por su colega Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua solapada al plantear elevar las condenas a 90 años.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.

Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.

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Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.

“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.

Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

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Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.

Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.

Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.

Este martes, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, destinada a la adquisición de materias primas para explosivos.

El general Melanio Servín, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó que este pedido es para responder a la alta demanda comercial de explosivos, en el ámbito de la construcción.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que el año pasado tuvieron un recorte a la propuesta de presupuesto para este año, y eso está obligando ahora a solicitar de vuelta una ampliación, debido a la alta demanda comercial. Tienen recursos para aguantar un tiempo más pero no para llegar a fin de año.

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La propuesta que ahora es impulsada por el Poder Ejecutivo propone una ampliación presupuestaria de G. 36.989.084.573, con Recursos Institucionales (Fuente 30), para el Ministerio de Defensa Nacional.

Estos recursos serán destinados a la adquisición de materias primas para la producción y comercialización de explosivos, accesorios y productos afines, en cumplimiento con la Ley N° 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos. Este proyecto está en su primer trámite constitucional.

El general Servín explicó que el año pasado recibieron un presupuesto total de G. 72 mil millones, de los cuales un poco más de G. 50 mil millones fue destinado a explosivos, pero ya entonces habían quedado cortos o insuficientes, en razón al aumento de la demanda por uso comercial de explosivos en el Paraguay.

“Ya el año pasado recurrimos a ampliaciones con transferencia de créditos, todos de fuente 30, para poder tener los explosivos de uso comercial, para todas las canteras del país. Hay un crecimiento aproximado del 15 % anual. Por eso, para este año se había pedido aproximadamente un presupuesto de 130 millones de guaraníes”, explicó.

Indicó que, si no se logra esta ampliación, en unos 30 a 60 días comenzarán a tener problemas para el flujo en la reserva y eso puede repercutir en el ámbito de la construcción/economía del país.

“Por eso, ya habíamos solicitado este presupuesto de G. 130 mil millones, pero lastimosamente se nos dio un presupuesto de un poco más de G. 70 mil millones este año, lo cual es totalmente insuficiente. En este momento, estamos cumpliendo gracias a las transferencias de fuente 30 de las Fuerzas Armadas para cumplir con la demanda. Es por eso, que solicitamos ahora esta ampliación de vuelta”, explicó.

Remarcó que ahora, nuevamente están presentando en el anteproyecto del Presupuesto General para el 2026, de vuelta el presupuesto de G. 135.000 millones, para no tener que volver a recurrir a ampliaciones el próximo año.

Respecto al stock con el que cuentan para este año, señaló que ya hay materiales que están llegando al tope, por ello ya están recurriendo a la transferencia de créditos de las Fuerzas Armadas, siempre en lo que hace a fuente 30 y con ello están cubriendo mínimamente las necesidades.

“Acá lo ideal es tener materiales en guarda por lo menos para abastecer entre 6 a 8 meses, para poder garantizar los materiales que son primordiales para todo lo que son la construcción tanto para el Estado, como para el sector privado. Hay que recordar que toda la fabricación de cemento, cal, concreto, que se producen en las canteras, el 98 % utiliza explosivos”, acotó.

Finalmente, dijo que el proyecto de ampliación ya estaría contando con dictamen favorables de las respectivas comisiones asesoras de la Cámara Baja, por lo que espera que este martes logre la media sanción correspondiente.

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Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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