Ante la presentación que realizó esta mañana el Frente Guasu sobre el proyecto de ley que busca derogar la legislación que eleva las penas en casos de invasión de la propiedad privada, la senadora de Patria Querida Georgia Arrúa calificó de extemporánea la propuesta. Esto atendiendo a que ni siquiera se puede medir aún el impacto de la nueva ley, que fue promulgada el pasado 30 de setiembre.

En comunicación con La Nación, la legisladora indicó que la ley que protege la propiedad privada, elevando las penas, tiene solo 2 meses de haber sido promulgada por el Ejecutivo; por tanto, es muy prematuro plantear su derogación, porque no se puede aún siquiera acusar que los desalojos que están ocurriendo hoy en día son producto de esta nueva legislación.

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“Todos estos desalojos que están ocurriendo actualmente son procesos que se iniciaron anteriormente a la promulgación de la ley. Creo que si hubo uno o dos casos, máximo, que se ordenó la detención. Porque la modificación que se hizo fue solamente elevar la pena y convertir en crimen lo que antes se consideraba un delito. En consecuencia, hacer que quienes son imputados ya no puedan conseguir medidas alternativas con facilidad”, explicó.

Asimismo, remarcó que la ley vigente no tiene nada que ver con los desalojos que están ocurriendo actualmente, porque esos fueron procesos que se iniciaron con anterioridad a la vigencia de la ley.

Por otra parte, señaló que ha solicitado un informe a la Policía Nacional, así como también solicitará a la Dirección de Estadística Judicial, para conocer cuántos son los casos de orden judicial decretada ya en el marco de la nueva ley que eleva las penas por la invasión de la propiedad privada.

“Queremos saber exactamente cuántos son los procesos iniciados en el marco de esta nueva ley. Porque los anteriores procesos no tienen nada que ver con esta nueva ley y, por tanto, no se puede decir que hay un impacto si vos no tenés comprobado. Porque el relato nomás no me convence, porque por muchos años escuchamos solo relatos y no pruebas”, explicó.

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Sorprendidos en la buena fe

Por otra parte, la senadora Arrúa expresó su parecer respecto al comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguay (CEP), que cuestiona la promulgación de la ley que penaliza la invasión de la propiedad privada. Mencionó que a su parecer algunos de los obispos, no todos, han sido sorprendidos en su buena fe.

“No es la primera vez que sucede eso con nuestros obispos. Creo además que no es la opinión de todos los obispos, como de hecho ocurrió en las declaraciones que dieron incluso otros obispos, en el marco de la festividad de Caacupé, lo que demuestra que no es la postura unánime. Incluso hay casos de desalojos impulsados por la Iglesia cuando ellos fueron víctimas de invasión. Entonces, yo creo que la CEP hizo esa declaración con base en informes que recibieron y que creo que fueron sorprendidos en su buena fe”, concluyó.

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