Senadores del partido Frente Guasu realizaron una conferencia de prensa para explicar su postura con respecto a la presentación de un proyecto de ley para derogar una reciente legislación sancionada, que aumenta las penas a los ocupantes ilegales de propiedades privadas en zonas rurales y urbanas del país.

El senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez nuevamente advirtió que se está al borde de un estallido social. “Voy a repetir lo que vengo diciendo en los últimos días: el que avisa, no traiciona, y se está avizorando un caos social grande si es que no atendemos esto. ¿Ustedes creen que la gente va a quedar tranquila siendo expulsada de sus propiedades?”, expresó el senador Rodríguez, reiterando el amenazante mensaje dado la semana pasada.

Lea también: Luguistas contraatacan

Mencionó que no tienen los votos en el Senado como para pedir la interpelación a titulares de organismos estatales como el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Tras la sanción de la Ley 6.830/21, los desalojos de invasiones ilegales a propiedades privadas aumentaron de manera notoria, sobre todo en procesos que llevaban años sin poder ser ejecutados por las autoridades.

El doctor Jorge Querey, senador del Frente Guasu, culpó a sectores vinculados al “agronegocio” como los responsables de la situación por el desplazamiento de tierras que ocasionan con la compra o arrendamiento de las “derecheras”, tierras destinadas a la reforma agraria.

Culpó además a la justicia por la situación en el campo y las invasiones a propiedades privadas. “La Constitución Nacional garantiza la propiedad privada y el Código Civil, los procedimientos para dar solución a este tipo de conflictos, y el fracaso misional de la justicia no puede justificar, criminalizar a una de las partes”, agregó el senador Querey.

Criticó además el alto despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en varios procedimientos. “Por todos estos argumentos, hemos presentado un proyecto de ley para derogar la Ley 6.830/21 y anunciamos que acompañaremos a todas las organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos en una campaña que apunta a la derogación de esta ley”, manifestó Querey.

Ante la consulta si lo que buscarían era la modificación del artículo 142 de la ley, Querey se limitó a repetir que el fracaso de la justicia para la resolución de los conflictos sociales es lo que ha llevado a esta situación.

Lea también: En pleno estudio del PGN, diputados en farra con candidato oficialista

“La forma jurídica de resolver (los conflictos con propiedades privadas) era el Código Civil y no se puede tomar un atajo porque las autoridades fracasan en el discernimiento de los conflictos que pudieran haber”, concluyó.

La ley promulgada semanas atrás fue intensamente debatida en las dos cámaras del Congreso, así como en amplios sectores de la sociedad, lo que llevó al posicionamiento de dos sectores, uno de los cuales defiende la propiedad pri­vada protegida por la Constitución Nacional y el otro que alienta las ocupaciones ilegales de tierras.