El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó hoy el decreto Nº 6418 que declara asueto para la administración pública y entidades descentralizadas, el día martes 7 de diciembre, a partir de las 12:00. La resolución presidencial se centra en que la mayoría del pueblo paraguayo profesa gran devoción a la Virgen de Caacupé, realizando las peregrinaciones desde distintos puntos del país hasta la basílica, los días previos al 8 de diciembre.
El decreto también establece que se excluye del asueto a funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia y en los horarios especiales, y a los funcionarios afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad.
Estiman que más de un millón de personas acudirán a Caacupé
El gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, había manifestado que se espera una concurrencia masiva para las festividades de la Virgen de Caacupé y pidió a los feligreses respetar todas las disposiciones sanitarias establecidas ante la situación epidemiológica atravesada en el país.
Indicó que la estimación es que más de un millón de personas acudan entre esta semana y la próxima hasta la capital espiritual para la mayor fiesta mariana del país. Dijo también que varias instituciones están trabajando de forma coordinada para el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Fleitas argumentó que todos los años hay concurrencia masiva a la Villa Serrana, pero que este año sería mayor la cantidad de personas porque el año pasado no se llevaron a cabo las festividades de Caacupé de forma presencial a causa de la pandemia del COVID-19.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Avance de obra entre Caacupé y Piribebuy apunta a potenciar el turismo y la actividad comercial en Cordillera
La pavimentación asfáltica del tramo que une Caacupé y Piribebuy continúa avanzando con el objetivo de fortalecer la conectividad en el departamento de Cordillera y generar mejores condiciones para el desarrollo económico de una zona caracterizada por su intensa actividad turística, comercial y productiva.
Actualmente, la obra registra 2.200 metros de regularización sobre empedrado y los primeros 1.000 metros de carpeta de concreto asfáltico ya fueron colocados en ambas manos de la calzada, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El proyecto contempla la intervención de 15,65 kilómetros y beneficiará de manera directa a unos 80.000 habitantes, además de miles de visitantes que transitan habitualmente entre ambas ciudades.
La mejora vial busca reducir los tiempos de traslado, ofrecer mayor seguridad a los usuarios y facilitar el movimiento de personas y mercancías, factores que inciden directamente en la competitividad de los comercios, emprendimientos turísticos y actividades económicas que se desarrollan en la zona. Antes de iniciar la colocación de la carpeta asfáltica, se ejecutaron trabajos de bacheo sobre el empedrado existente y la liberación de distintos sectores de la vía.
Asimismo, se realizaron tareas de reposición de cañerías de la red de agua potable, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios básicos durante la ejecución de las obras y evitar futuras intervenciones sobre la nueva infraestructura. La intervención es ejecutada por la empresa Iniciativas Constructivas S.A., con una inversión de G. 19.692.361.855.
Los trabajos continúan ahora con la preparación de los siguientes tramos que serán asfaltados. Paralelamente, se llevan adelante labores complementarias como la limpieza de la franja de dominio, el acondicionamiento de las canalizaciones laterales y el desmalezado, acciones que buscan optimizar el drenaje de aguas, mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial.
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Juicio a Giuzzio: etapa crucial con nuevas declaraciones de testigos
El tribunal de sentencia que juzga a Giuzzio está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete.
A las 8:00 de este martes continuará el juicio oral para el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por presunto cohecho pasivo agravado tras recibir supuestos favores del presunto narcotraficante Marcus Vinícius. La audiencia oral seguirá con la declaración de Adolfo D’Ecclesiis, funcionario de la empresa Ombú SA (propiedad del presunto narco brasileño Marcus Vinícius Espíndola), y otros testigos.
Con la declaración de D’Ecclesiis se ingresa a una etapa crucial y clave para el presente caso, donde ya declararon varios testigos que complicaron la situación procesal del acusado Giuzzio.
Días atrás declaró Gilberto Enciso, gerente de Ombú SA, quien fue tajante al mencionar que Marcus Vinícius y el entonces ministro del Interior conversaron en varias oportunidades sobre licitaciones para el Estado. Sostuvo que la empresa Ombú pretendía ser proveedora de chalecos antibalas y encargarse de la reparación de vehículos blindados.
Añadió que “Marcus Vinícius era quien tenía el contacto en el Ministerio del Interior, y sus enlaces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”. Del mismo modo, el testigo aseguró que Giuzzio utilizó una camioneta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directamente por su dueño. Además, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré simbólico de 700 dólares que nunca se cobró”.
Por su parte, el Ministerio Público sostiene que tanto los testigos como las pruebas documentales están probando su tesis acusatoria contra el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez.
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Pedro Alliana ratifica que Cartes mantiene su liderazgo político
El vicepresidente Alliana ratificó el liderazgo de Cartes y afirmó que su presencia en EE. UU. desmontó la persecución del gobierno anterior.
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, dijo que la presencia del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, en los Estados Unidos, terminó desmantelando el esquema de persecución política y económica que sufrió durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
El exmandatario acudió el domingo último a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. “Estoy contento y feliz, Dios y el tiempo puso las cosas en su lugar. Nosotros nunca dudamos que se trataba de una persecución política para quitarle de la cancha.
Cartes sigue siendo el mayor elector en la república, el líder más fuerte que tiene no solo el Partido Colorado, sino la clase política a nivel nacional”, refirió el pasado lunes a los medios de comunicación durante su visita a la Expo Paraguay 2026, en el marco del acto de inauguración.
Alliana hizo mención al esquema de persecución política y económica desatado desde el 2018 contra Cartes, mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
ANTECEDENTES
La campaña contra Cartes contó con un fuerte respaldo del entonces embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, y de medios de comunicación que fungieron como aliados.
La maniobra obligó al exmandatario a impulsar una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público, el 31 de julio de 2023, que derivó en que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados.
La operación política incluso motivó que Estados Unidos, en el marco del anterior gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo, según se oficializó en octubre de 2025 por su representante legal, el abogado Pedro Ovelar.