La Cámara de Senadores durante la sesión ordinaria aprobaron un pedido del Poder Ejecutivo desde el Ministerio del Interior en el que solicitan permiso para el ingreso de oficiales militares de los Estados Unidos. La visita responde a los preparativos logísticos para realizar instrucciones a miembros de la FOPE.
La nota firmada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio fue aprobada por el Senado para que se pueda avanzar con el entrenamiento en conjunto entre ambas fuerzas especiales.
De esta forma, primeramente estarán participando de una reunión el 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2021, para conocer los lugares de entrenamiento de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales y los hospitales cercanos que están disponibles.
Posteriormente se avanzará en relación al Entrenamiento de Intercambio Conjunto Combinado (JCET por sus siglas en inglés) que van a ser desarrollados por 12 instructores estadounidenses a unos 36 miembros de la FOPE de la Policía Nacional del 18 de abril al 16 de mayor del 2022.
Teniendo en cuenta lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 223 numeral 5, se solicitó la autorización para que los integrantes del Grupo de Fuerzas Especiales del país norteamericano acompañados por representantes de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada, lleven a cabo una visita de reconocimiento de las instalaciones de la FOPE.
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Comisión que investigará posibles abusos de telefonías designó a sus autoridades
Este jueves, en el Senado se concretó la instalación de la comisión especial que investigará los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las firmas de telefonía celular e internet y los servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.
La presidencia del bloque recae sobre el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla; la vicepresidencia será ocupada por la legisladora colorada Lilian Samaniego, y el cargo de relator está ocupado por Patrick Kemper.
La creación del bloque surge ante las innumerables denuncias de usuarios por los abusos tarifarios que implementan las empresas, casi siempre sin previa comunicación. La comisión también se encuentra conformada por Juan Carlos “Nano” Galaverna, Natalicio Chase, Lizarella Valiente, Erico Galeano, Norma Aquino, José Oviedo y Esperanza Martínez.
“Aparentemente será una tarea titánica la que hemos decidido emprender. Vamos a servir como canal para que la gente pueda acercar sus reclamos. Trabajaremos con objetividad y transparencia para hacerle entender a telefónicas o prestadoras y clientes que en un ambiente de amistad es más fácil encontrar solución”, dijo Amarilla.
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Denuncias en el interior
El bloque se reunirá los días jueves a las 9:00, de manera física y virtual. En la ocasión, también se planteó la instalación de oficinas regionales permanentes en gobernaciones y municipios con la finalidad de que la ciudadanía recurra para efectuar sus denuncias.
“La gente nos hizo saber que para conectarse a una telefónica con un mero mensaje y la copia de la cédula ya se accede a una línea y que después para desconectarse es todo un calvario. También hay dudas sobre la duración de los saldos, paquetes. Las últimas denuncias guardan relación sobre que se han cambiado inclusive de manera discrecional las fechas de pago”, afirmó el legislador.
El titular de la comisión manifestó: “Pensamos hacer audiencias públicas, ir al interior del país para establecer oficinas en municipios y gobernaciones, tener una plataforma para que la gente de manera documentada y con ciertos protocolos haga esas denuncias. Yo informé que un equipo técnico bastante amplio, conformado por profesionales, asistirá a esta comisión”.
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Amplían uso de tobilleras electrónicas a nivel país
La Corte Suprema de Justicia aprobó la utilización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económicos en Asunción y el departamento Central.
La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacional, que alegó contar con la infraestructura y capacidad técnica para monitorear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cualquier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medidas restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.
Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras electrónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por limitaciones técnicas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.
“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesaria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y reducir el hacinamiento penitenciario, al brindar una opción efectiva al encierro.
MIL TOBILLERAS
Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dispositivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficiario, salvo en caso de insolvencia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.
La Acordada n.º 1779, recientemente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obligatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.
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Lula promete defender la soberanía de Brasil ante pretensión de EE. UU.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que defenderá “la soberanía del pueblo brasileño” ante Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara aranceles punitivos al país sudamericano y sancionara a un juez de su corte suprema.
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La Casa Blanca había reafirmado poco antes que aplicar tarifas del 50 % a productos brasileños, aunque con varias excepciones y con casi una semana de retraso respecto de la fecha original, el 1º de agosto.
Washington también anticipó este miércoles, casi en simultáneo, sanciones financieras a Alexandre de Moraes, juez de la corte suprema a cargo de un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Trump.
Lula prometió “defender (...) la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos” durante un acto oficial en Brasilia.
“Hoy es el día sagrado de la soberanía”, añadió el izquierdista.
Al anunciar su guerra comercial contra Brasil, Trump criticó una supuesta “caza de brujas” contra el Bolsonaro. El ultraderechista es juzgado por una presunta intentona golpista para impedir la asunción de Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.
Estados Unidos tiene superávit comercial con la mayor economía sudamericana, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de países que han sido objeto de los aranceles punitivos de Trump.
El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió este miércoles en Washington con el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de más alto nivel entre ambos gobiernos hasta ahora.
Vieira le dijo a Rubio que Brasil “se reserva el derecho de responder” a las medidas de Trump, una “inaceptable injerencia en la soberanía nacional”, según declaró el canciller a la prensa.
La justicia brasileña “no se inclinará ante presiones externas”, manifestó al secretario de Estado, aunque el gobierno de Lula “está abierto” a seguir negociando por los aranceles.
El gobierno estadounidense informó este miércoles que aplicó a Moraes la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.
La corte suprema expresó su “solidaridad” al juez y afirmó en una nota que “no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes” brasileñas.
“El juicio de delitos que implican un atentado grave a la democracia brasileña es de competencia exclusiva de la justicia del país”, sostuvo el máximo tribunal en un comunicado
- Fuente: AFP
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EE. UU. firma decreto que impone 50 % de aranceles adicionales a Brasil
El presidente estadounidense Donald Trump puso por escrito este miércoles en un decreto que sube a 50 % los aranceles adicionales a importaciones brasileñas, anunció la Casa Blanca.
El mandatario republicano considera que las acciones del gobierno del presidente brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”.
“La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores son graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil”, acusa la Casa Blanca en un comunicado.
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Washington asegura que miembros del gobierno brasileño “han tomado medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido”.
A principios de julio Trump amenazó a Brasil con aranceles del 50 % a sus importaciones a partir del 1 de agosto por lo que considera una “caza de brujas” contra Bolsonaro, acusado de intentona golpista.
Lo hizo en su plataforma Truth Social en una carta destinada a Lula, a la que siguió otra dirigida a Bolsonaro en la que el presidente republicano se solidariza con él y pide un cambio “de rumbo” en Brasil.
En el decreto Trump anuncia que impone 40 puntos porcentuales (pp) de tarifas aduaneras suplementarias a los bienes brasileños importados, lo que equivale a subirlas al 50 %, pero no menciona una fecha para su entrada en vigor.
- Fuente: AFP