El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, refirió que desde el sector industrial están preocupados con lo que está ocurriendo en el país, refiriéndose a la fijación del costo de energía, que es el tema que está en la agenda como primer paso antes de revisar el Anexo C.
En este sentido, mencionó que desde hace varios meses ya vienen conversando con profesionales sobre el tema, teniendo en cuenta que la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo industrial en el país y ante esta situación se deben tomar posturas claras.
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“En los últimos meses hemos instado a referentes del sector energético a tratar de construir un idea, construir una postura respecto al tema energético concretamente a Itaipú, porque el tema de la energía eléctrica es uno de los principales factores de desarrollo y un insumo fundamental para la industria. Entonces no podemos estar ajenos a lo que está pasando en el país”, refirió este miércoles en entrevista al canal GEN.
Igualmente, sostuvo que existe una gran preocupación desde el sector industrial por la calidad del suministro, agregando que hoy en día la tecnología que involucra los procesos de producción, los bienes de producción, no permite mala calidad de energía.
“Nosotros ya tomamos una posición en el sentido de que la energía eléctrica en Paraguay sea mejorada, que la infraestructura eléctrica sea eficiente a fin de que la calidad de energía pueda ayudar al desarrollo de la industria”, apuntó.
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Revisión total del Tratado de Itaipú
Por otra parte, se refirió a la reunión que se realizó el pasado martes entre empresarios y el Congreso, donde también participaron directores de la Itaipú y de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), donde el principal punto de debate fue la revisión total del Tratado de Itaipú.
“Ayer nos contaban el problema de los 14 años de falta de inversión que hubo en el pasado de infraestructura del sector, sumados a los 17 años de alcance de tarifa, realmente entendemos que en el corto plazo no vamos a tener la recuperación de lo que es la infraestructura”, apuntó el titular de la UIP; y reiteró la postura del sector industrial de crear un fondo de US$ 600 millones para invertir en infraestructura, teniendo como base para una planificación energética, y que esa inversión se dé en el Chaco paraguayo.
“Nosotros tenemos una postura respecto a que es importante tratar de que la tarifa se mantenga y que esa diferencia producida sea compartida entre ambas partes, entre el Brasil y Paraguay, concretamente el Chaco paraguayo, esa diferencia que estaría alrededor de los 600 millones de dólares vaya a la inversión de infraestructura, esa es la posición como primera alternativa”, puntualizó.
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CAF pone hasta USD 3.000 millones sobre la mesa para impulsar inversiones en Paraguay
La entidad financiera, que ya mantiene una cartera de USD 2.696 millones en el país, plantea combinar prudencia fiscal, inversión pública estratégica y capital privado para elevar la productividad. Educación, energía e infraestructura figuran entre las prioridades.
Estabilidad con inversión estratégica. Paraguay tiene el desafío de convertir su estabilidad macroeconómica en mayor productividad y nuevas oportunidades de inversión. En ese escenario, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) manifestó su disposición de aportar hasta USD 3.000 millones adicionales en los próximos años para financiar proyectos públicos y privados, con énfasis en infraestructura, energía y desarrollo productivo.
Jorge Srur, gerente regional Sur de CAF, sostuvo que preservar el grado de inversión exige prudencia fiscal, pero también una gestión eficiente de los recursos destinados a obras estratégicas. Según explicó, el financiamiento soberano debe priorizar aquellos proyectos críticos para el desarrollo que no puedan ejecutarse únicamente mediante instrumentos privados.
El ejecutivo destacó que la estabilidad monetaria e institucional, la previsibilidad de las políticas, la energía renovable y de bajo costo, y una población joven constituyen ventajas competitivas del país. Sin embargo, señaló que el siguiente paso consiste en traducir esas condiciones en productividad sostenida, con la educación y la infraestructura como áreas prioritarias.
Energía y capital privado. La cartera actual de CAF en Paraguay asciende a USD 2.696 millones, concentrada principalmente en infraestructura vial, energía, agua y saneamiento. Dentro del sector energético, la entidad destinó alrededor de USD 965 millones al fortalecimiento del sistema eléctrico, mediante líneas de transmisión, redes de distribución y modernización de infraestructura.
Srur advirtió que el crecimiento de la demanda y el interés de nuevos inversores requieren acompañar esa expansión con mejoras en el sistema.
La institución también amplía el financiamiento a pequeñas y medianas empresas mediante la AFD, bancos comerciales y operaciones directas. Además, manifestó interés en proyectos forestales, centros de datos, economía del conocimiento y electromovilidad.
Conectividad para competir. Para CAF, el desafío logístico consiste en conectar al país con las cadenas regionales y globales de valor. El Corredor Bioceánico, los puentes binacionales, la Hidrovía Paraguay-Paraná y la conectividad digital y aeroportuaria forman parte de las iniciativas destacadas por Srur.
El ejecutivo participará del Foro Cavialpa 2026, previsto para el 20 de octubre en el Teatro del Banco Central del Paraguay, donde se debatirán alternativas de financiamiento privado para la obra pública y el papel de la infraestructura en la integración regional.
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Itaipú reporta transferencia de USD 345 millones al Estado y la Ande al cierre de septiembre
Itaipú Binacional informó que al cierre de setiembre transfirió al Estado paraguayo un total acumulado en el año de USD 345 millones, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado. El dinero desembolsado corresponde a royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
El reporte de la Dirección Financiera de la Entidad indica que, al noveno mes del corriente, el Tesoro paraguayo recibió USD 198 millones por royalties, mientras que USD 100 millones fueron inyectados por cesión de energía. Con relación al dinero percibido por la Ande, la estatal ingresó USD 47 millones en carácter de resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.
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Teniendo en cuenta solo lo registrado en setiembre, los royalties totalizaron USD 22 millones y la compensación por cesión de energía sumó USD 11 millones. Por su parte, la compañía eléctrica accedió a USD 1,7 millones por resarcimiento. En el periodo mencionado fueron inyectados USD 35 millones en total.
Financiamiento
Con relación al destino del dinero generado por la hidroeléctrica, en el informe se indica que una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.
En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.
Por otro lado, el dinero ingresado a la Ande le permite tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el objetivo de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.
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MIC presenta mapa de producción nacional
Por: Antonella Mateu
Paraguay busca dar un nuevo paso en la organización de su territorio con el desarrollo del Mapa de Inteligencia Competitiva (MIC MAP), una plataforma georreferenciada que reúne información productiva, logística, de infraestructura, servicios y capital humano. Javier Viveros, viceministro de Industria, explicó que la herramienta apunta a facilitar tanto la planificación pública como las decisiones privadas de inversión.
El desarrollo industrial paraguayo sigue concentrado territorialmente. Casi el 68 % de las fábricas e industrias se ubica en Asunción, Central y Alto Paraná. A la vez, de los 263 municipios del país, apenas 48 cuentan con un Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) aprobado y otros 32 avanzan en su elaboración. Para Javier Viveros, viceministro de Industria, integrar esta información será clave para reducir asimetrías y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo en todo el territorio.
¿Cuál es el principal objetivo del MIC MAP y qué problema busca solucionar?
El principal objetivo es crear una plataforma georreferenciada que centralice y sistematice información territorial, productiva, logística, de infraestructura, servicios y capital humano. Esta información podrá ser utilizada por el sector público para la planificación y toma de decisiones, y por el sector privado para sus decisiones de inversión.
El problema que buscamos solucionar es, por un lado, la dispersión de información estratégica y la dificultad para integrarla territorialmente. Por otro lado, apuntamos a contribuir al desarrollo socioeconómico, fomentando una economía productiva y competitiva que genere condiciones básicas de bienestar y equidad en todo el territorio nacional.
El mapa permitirá pasar de una visión sectorial y fragmentada a una visión territorial integrada. Permitirá responder preguntas como qué municipios cuentan con POUT, dónde existe disponibilidad suficiente de energía, dónde hay mano de obra potencial y centros de capacitación, qué zonas tienen acceso a rutas, puertos o aeropuertos y dónde existen polos industriales, clusters o ecosistemas productivos.
¿Qué diagnóstico tienen actualmente sobre el uso y la organización del territorio paraguayo?
Actualmente, casi el 68 % de las fábricas e industrias en Paraguay se concentran en solo tres regiones: el departamento Central, Asunción y el departamento de Alto Paraná. Además, de los 263 municipios que existen en el país, solo 48 cuentan con POUT aprobados y otros 32 se encuentran en proceso.
Esto deja ver una alta concentración de establecimientos industriales en pocas zonas y, por ende, una gran desigualdad en el desarrollo de los demás departamentos y en la generación de empleo formal.
Entre las dificultades que hacen necesario el MIC MAP se encuentran la dispersión de la información pública necesaria para las decisiones de inversión, las diferentes escalas y metodologías utilizadas por las instituciones, la desigual capacidad técnica de los municipios y la insuficiente integración entre planificación territorial, infraestructura y desarrollo productivo.
También existe la necesidad de contar con información actualizada para orientar la inversión pública y facilitar que un inversionista pueda evaluar rápidamente las condiciones de diferentes territorios.
¿Cómo se aplicará el plan en la práctica?
El MIC MAP debe entenderse como una herramienta de información y planificación, no como un instrumento que por sí solo sustituya las competencias legales de municipios, gobernaciones o instituciones sectoriales.
La primera etapa consiste en integrar información. Se incorporarán datos sobre industrias, población, empleo, centros de capacitación, POUT, rutas, red de salud, áreas protegidas, puertos, aeropuertos, energía, estaciones de servicio, agua, PIB territorial, aduanas, comercio global y datos de las subestaciones de la ANDE, incluyendo su potencia y disponibilidad.
Luego se podrá realizar un análisis territorial para identificar áreas que combinen determinadas ventajas y restricciones. Por ejemplo, disponibilidad de energía, ruta nacional, mano de obra, capacitación, cercanía a un puerto y compatibilidad territorial pueden configurar un potencial para la localización industrial.
También permitirá apoyar las decisiones públicas, identificando zonas industriales que requieran mejoras en caminos, redes eléctricas o capacitación laboral.
Para el inversionista, el mapa funcionará como una primera herramienta de screening territorial antes de realizar estudios específicos de factibilidad. Esto no elimina los procedimientos legales posteriores. Un proyecto industrial seguirá sujeto a las exigencias ambientales correspondientes y, según el caso, a las regulaciones municipales.
¿Existe coordinación entre las instituciones y los gobiernos locales para avanzar con un ordenamiento territorial de esta magnitud?
Existe coordinación institucional y competencias legales para ello. La propia legislación establece mecanismos de coordinación. La Ley Orgánica Municipal dispone que los organismos de la Administración Central, entidades descentralizadas y gobernaciones deben coordinar con las municipalidades sus planes y estrategias para armonizarlos con el Plan de Desarrollo Sustentable municipal.
Asimismo, la Ley N.º 426/99 establece que los gobiernos departamentales deben coordinar sus políticas y planes con el Gobierno Nacional y sus programas y proyectos con las municipalidades.
Actualmente, existen procesos concretos de asistencia y coordinación. Por ejemplo, el MEF está acompañando a municipios en la elaboración de sus POUT, mientras que el MADES aprobó en 2026 un módulo de “Ordenamiento Territorial para Municipios” dentro del SIAM y términos de referencia para la elaboración y presentación cartográfica de mapas de zonificación de los POUT.
Hay coordinación y procesos institucionales en marcha, pero el MIC MAP representa una oportunidad para llevar esa coordinación a un nivel superior, mediante una infraestructura común de información territorial. También permitirá que cada intendente o gobernador conozca la situación de su municipio o departamento y pueda ir mejorando las condiciones para la instalación de industrias y toda la cadena de valor que esto genera.
¿Qué nivel de interés existe por parte de las instituciones y del Gobierno central?
Hay evidencia de interés institucional y acciones concretas. El MEF está impulsando la elaboración de POUT municipales; el Mades incorporó un módulo específico de ordenamiento territorial municipal al Siam y existen instrumentos técnicos nacionales sobre ordenamiento territorial elaborados por el MEF.
Otro claro indicio es que 15 instituciones públicas se encuentran compartiendo información e iniciando un trabajo coordinado que busca contribuir al desarrollo regional equitativo de cada departamento del país. También existe interés de los gobernadores en contar con información que permita potenciar la instalación de industrias en sus territorios.
¿Qué tan viable es implementar este plan considerando las diferentes capacidades de los municipios?
La implementación es técnicamente viable, pero debe realizarse de manera gradual y diferenciada.
La Ley Orgánica Municipal reconoce la autonomía política, administrativa y normativa de las municipalidades y les asigna responsabilidades directas en planificación y ordenamiento territorial.
Por eso, el MIC MAP debe proporcionar una infraestructura nacional de información que cada municipio pueda utilizar de acuerdo con sus capacidades. La herramienta también puede ayudar a reducir las brechas existentes, porque permitiría que municipios pequeños accedan a información territorial que individualmente sería costosa de producir.
¿Qué inversiones serán necesarias para ponerlo en marcha?
En esta primera versión, el MIC MAP fue desarrollado con recursos propios del MIC, con funcionarios del ministerio y utilizando una licencia que ya existía, por lo que no se incurrió en una inversión extra para ponerlo en marcha.
Para mantener vivo el mapa será necesario contar con el apoyo de las demás instituciones públicas para mantener actualizada la información, así como con el sector privado para retroalimentar la plataforma y perfeccionarla conforme a las necesidades que vayan surgiendo.
En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial, será necesario principalmente contar con apoyo técnico y cooperación para las municipalidades y gobernaciones en la elaboración y apoyo de sus POUT.
¿Cómo puede este ordenamiento mejorar las condiciones para atraer inversiones?
El mapa puede reducir una de las primeras barreras que enfrenta un inversionista: la incertidumbre sobre dónde localizar una inversión. En otras palabras, puede contribuir a reducir las asimetrías de información.
Actualmente, un inversionista debe consultar diferentes fuentes para conocer la disponibilidad de energía, rutas, puertos, aeropuertos, mano de obra, capacitación, servicios, restricciones ambientales, infraestructura y actividad industrial existente.
El Mapa Territorial permitirá visualizar estos elementos conjuntamente. Esto puede traducirse en menores costos de búsqueda de información, menor incertidumbre, una mejor selección de localización y mayor previsibilidad para la inversión.
Un ejemplo concreto es el de una industria que adquirió su propiedad, edificó e incluso ya cuenta con la maquinaria, pero todavía no puede iniciar sus operaciones productivas porque no dispone de la energía eléctrica necesaria. Con el MIC MAP se podrá visualizar la disponibilidad de cada subestación, así como la planificación de cada una de ellas hasta 2030.
¿Existe un cronograma definido para pasar de la presentación del plan a su ejecución?
El MIC MAP puede plantearse institucionalmente como una herramienta operativa que acompañe y fortalezca el proceso de ordenamiento territorial del Paraguay, evitando duplicar competencias y aprovechando la información que ya generan el MIC, MEF, INE, Ande, Mopc, Mades, MSPBS, IPS, ANNP, Dinac, Dnit, SNPP, Sinafocal, Essap, BCP y las municipalidades.
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Anexo C: Peña busca definir “lo antes posible” la tarifa de Itaipú
Las elecciones en Brasil generan expectativas en Paraguay por el peso económico que tiene el vecino país y, especialmente, por las negociaciones vinculadas al Anexo C de Itaipú. El presidente de la República, Santiago Peña destacó que Brasil es uno de los principales destinos de las exportaciones paraguayas y también uno de los mayores inversores extranjeros en el país.
En este contexto, la definición de la tarifa de Itaipú constituye uno de los principales temas de interés para Paraguay, considerando que el acuerdo vigente por tres años termina este 2026. Peña señaló que el objetivo es avanzar con rapidez en las negociaciones para establecer un esquema que permita mayor previsibilidad para ambos países.
“Nosotros queremos que se resuelva lo más rápido posible. Es lo mejor para darle previsibilidad a Paraguay”, afirmó el mandatario, al referirse a la necesidad de avanzar en la definición de la tarifa y en las negociaciones del Anexo C.
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Peña recordó además que, tras asumir el Gobierno, mantuvo reuniones con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su gabinete, que posteriormente permitieron acordar una tarifa por tres años.
Ahora, ante el cambio de gobierno que surgirá de las elecciones brasileñas, Paraguay deberá retomar las conversaciones con la próxima administración, con el objetivo de asegurar condiciones que acompañen el crecimiento del comercio, las inversiones y la relación económica bilateral. “Brasil es nuestro mayor socio comercial, es el país donde vienen las mayores inversiones extranjeras en el Paraguay”, remarcó.