La Cámara de Diputados otrogó este martes media sanción a una propuesta de ley que busca facilitar el acceso de jóvenes a licencias para conducir en plataformas digitales. El proyecto legislativo plantea la modificación de los artículos 22 y 27 de la ley Nº 5016/14, De tránsito y seguridad vial; permitiendo que jóvenes con la edad mínima de 19 años puedan acceder a la categoría A de licencia de conducir.

Durante la sesión ordinaria que se desarrolló en la fecha, el plenario de la Cámara Baja aprobó la citada propuesta normativa que fue impulsada con la finalidad de adecuar la mencionada normativa a la realidad actual del transporte de pasajeros, particularmente, en el caso de vehículos livianos que son operados por conductores de taxis, remises y plataformas digitales. El documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

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De acuerdo a uno de los proyectistas, el diputado Rubén Roussillón, explicó ante sus colegas que la propuesta de modificación busca precisar el alcance de las categorías de licencias profesionales y ajustar las edades mínimas para su obtención, estableciendo expresamente que el transporte de pasajeros en vehículos livianos pueda realizarse con licencia profesional categoría “B”. Explicó que por interpretaciones administrativas, exigen a los conductores de plataformas la licencia profesional de Categoría A.

La normativa actual, según indicó, excluye a los trabajadores jóvenes de plataformas digitales al exigírseles una edad mínima de 24 años para acceder a la licencia de conducir de la Categoría A.

“Planteamos que baje a 19 años la edad mínima para posibilitar la obtención de licencias (Categoría A) a jóvenes conductores de las plataformas digitales. Sabemos que la actual ley establece que recién a partir de los 24 años uno puede obtener el tipo de licencia requerida”, expresó el legislador proyectista.

Los titulares de las comisiones asesoras de Defensa Nacional, Obras y Servicios Públicos, y de Salud Pública Pedro Ortiz y Miguel Del Puerto, respectivamente, expresaron su apoyo a la iniciativa.

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Teniendo en cuenta la reciente iniciativa de un productor argentino que decidió incursionar en la comercialización de carne de burro en su país, desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) señalaron que se trata de una proteína de origen mamífero que desde el punto de vista técnico, es apta para el consumo humano, aunque con escasas probabilidades de consolidarse como un mercado en Paraguay.

Así lo indicó Mario Apodaca, vicepresidente primero del gremio, quien en contacto con La Nación/Nación Media explicó que las carnes provenientes bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos hoy son las más apetecibles, aunque en países como Francia la proteína equina también es consumida.

No obstante, sostuvo que el desarrollo de un mercado específico para la carne de burro sería difícil en el país, principalmente por factores culturales y por la preferencia del consumidor hacia otras proteínas ya consolidadas, como la carne bovina, porcina, ovina y caprina, cuyas cadenas productivas están más desarrolladas y posicionadas tanto a nivel local como internacional.

“Seguramente el productor encontró ciertas ventajas en la producción animal, pero no creo que le alcance a la calidad de la carne bovina, pero puede ser tranquilamente consumida. Sin embargo, es una proteína roja más que se puede consumir”, aseguró.

Destacó que en Paraguay existe aún un amplio potencial de crecimiento en especies tradicionales como la carne porcina, así como en alternativas como la producción avícola y la piscicultura, que vienen ganando espacio en el mercado nacional. “Difícilmente se instale mientras que haya todavía mucho potencial en las diferentes carnes que existen. La carne porcina tiene todavía mucho espacio por crecer, la bovina acaparó el mercado”, acotó a LN/NM.

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Por último, consideró que su introducción comercial enfrentaría importantes barreras de aceptación, lo que además limitaría su viabilidad como producto de consumo masivo en el país, aunque no descartó que en el país se pueda estar consumiendo actualmente este tipo de carne, sin ningún tipo de control o identificación.

Recientemente en el vecino país, el productor rural de la localidad de Punta Tombo, Chubut, Julio Cittadini, lanzó un emprendimiento denominado “Burros Patagones”, con el que comenzó a comercializar cortes de carne de burro a unos 7.500 pesos el kilo, con el objetivo de romper tabúes en torno a su consumo y diversificar la producción en un contexto de crisis para el sector ganadero local.

Según el productor, la carne de burro posee características nutricionales y organolépticas similares a la carne vacuna, por lo que consideró que podría posicionarse en el mercado a medida que aumente su producción. Además, el emprendimiento contempla la posibilidad de expandirse hacia la exportación de ejiao, una gelatina obtenida del cuero de burro con creciente demanda en la medicina tradicional china.

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Por: Alba Delvalle

Con mercados internacionales dinámicos y mayor demanda por carne paraguaya, el negocio ganadero enfrenta desequilibrios internos como costos, tipo de cambio, financiamiento y reglas de juego que condicionan su crecimiento. Martín Filártiga, secretario general de la ARP, analiza el momento del sector y los desafíos para recuperar competitividad.

Para el secretario general de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la ganadería paraguaya atraviesa un escenario dual, ya que, por un lado, se beneficia de precios internacionales firmes y una demanda global creciente en especial con Estados Unidos, uno de los mercados más activos. Y por el otro, enfrenta desajustes internos que impactan directamente en la rentabilidad del productor.

“Hoy tenemos una situación, que el precio final del ganado está dolarizado, mientras que gran parte de los costos, especialmente la reposición, están en guaraníes. Además de la caída del dólar, que golpea la rentabilidad”, expresa. A este contexto agrega la falta de previsibilidad, tanto por factores climáticos como por la volatilidad cambiaria, lo que dificulta la planificación del negocio.

En paralelo, surgen preocupaciones institucionales, por la posibilidad de levantar la vacunación contra la fiebre aftosa, que genera incertidumbre en el sector, desplazando otros temas estratégicos como la reglamentación del dressing o la creación de un instituto de promoción de la carne.

“Seguimos siendo tomadores de precios dentro de la cadena, al igual que el consumidor, lo que nos deja en una posición de vulnerabilidad”, señala. Y uno de los principales efectos de este escenario es la caída del hato ganadero, debido a la falta de rentabilidad sostenida.

Detalla que entre 2018 y 2024, ocho de cada diez ganaderos perdieron plata, y que hoy el sector está mucho más endeudado, con un sistema financiero que absorbe parte importante de una renta que además se redujo. “Si antes pagabas una deuda vendiendo una vaca, hoy necesitás dos”, grafica Martín.

Con una ambiciosa meta nacional de alcanzar 20 millones de cabezas, el referente alega que antes de pensar en crecer, se debe frenar la caída del hato. Para esto se requiere varios años de bonanza y reglas claras, y si bien, el potencial productivo del país es indiscutible, el crecimiento no se dará sin condiciones adecuadas, dice.

A nivel productivo, el sector avanzó en tecnología, genética y manejo, con mejoras en eficiencia. Sin embargo, advierte que no se puede exigir más sin resolver la ecuación económica. “Sin margen no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento”, remarca. En cuanto a herramientas disponibles, Martín reconoce que existen opciones financieras, pero no están alineadas con la realidad del negocio.

“Necesitamos plazos más largos y tasas más razonables. Con tasas de dos cifras en guaraníes, el sistema financiero se queda con gran parte de la renta”, comenta. En este punto es que decisiones clave como la retención de vientres, que es fundamental para aumentar el stock, se vuelven difíciles de sostener, dice.

Pese a este escenario, el referente del gremio destaca el impacto positivo que puede tener el fortalecimiento del sector. “Cuando hay mejores condiciones, el productor invierte más, produce más y eso se traduce en mayor oferta. Hay más carne disponible para el mercado interno”, explica. Tal es así que, el crecimiento ganadero no solo beneficia al productor, sino también al consumidor y a la economía en general.

La apertura de mercados es un factor clave, pues permite mejorar precios, diversificar riesgos y posicionar mejor la carne paraguaya. Sin embargo, el desafío está en que esos beneficios lleguen efectivamente al productor. “Si no se reflejan en la base de la cadena, no generan incentivo real para invertir”, sostiene.

Y de cara al futuro, la mirada está puesta en avanzar con destinos estratégicos, como lograr una cuota propia en Estados Unidos, mejorar el acceso al mercado europeo dentro del cupo Mercosur y concretar la apertura de México. A esto se suman oportunidades en Asia, especialmente en Corea y Japón. Para Martín, el desafío en este aspecto no es solo abrir nuevos mercados, sino abrirlos bien, con condiciones que agreguen valor a toda la cadena.

Durante una reunión con rectores de varias universidades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, analizó el proyecto de ley sobre racionalización del gasto público.

La propuesta legislativa busca establecer topes salariales y eliminar beneficios discrecionales en el sector público.

En el encuentro, los rectores valoraron el objetivo general del proyecto, aunque plantearon observaciones técnicas. Así también cuestionaron la inclusión de autoridades universitarias como cargos políticos electivos y fundamentaron sus discrepancias.

Sobre el punto, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, sostuvo que rectores, vicerrectores y decanos cumplen funciones técnicas docentes.

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“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, aseveró.

Explicó que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado, conforme expresó.

Los rectores pidieron a Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias.

La Cámara de Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales y en línea con el planteamiento del Poder Ejecutivo de aplicar políticas de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y redireccionarlos hacia programas sociales prioritarios.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.

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