El senador del Frente Guasu (FG), Jorge Querey, mencionó que una vez que el jefe de Estado apruebe las modificaciones introducidas al proyecto de ley del fondo de cobertura a pacientes con COVID-19, en un periodo de 15 días estarían pagando a los sanatorios privados por el servicio prestado durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.
Con la propuesta se pretende redireccionar USD 40 millones de los recursos del Fonacide para pagar la deuda a los sanatorios privados por la cobertura a pacientes hospitalizados por la letal enfermedad.
En caso de ser promulgada por el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda realizará los trámites correspondientes y en un corto plazo se pagaría a los sanatorios. “Una vez promulgada (la ley), en un periodo de 15 días estimo que fácilmente estarían pagando”, indicó en comunicación con la radio 1020 AM.
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El parlamentario advirtió que el Paraguay se encuentra ante la amenaza de nuevos picos de contagios. En ese sentido, afirmó que los hospitales privados deben estar preparados y fortalecidos en su sistema de trabajo, teniendo en cuenta que el Estado puede volver a requerir de sus servicios.
Finalizada la pandemia, los recursos deberán ser devueltos
El proyecto de ley establece el compromiso de reponer el presupuesto de manera “gradual y proporcional”, cuando termine la pandemia. La iniciativa fija, además, que quedará a cargo del Ministerio de Hacienda reglamentar el mecanismo del retorno gradual del monto utilizado al Fonacide, una vez finalizada la pandemia.
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Vialeras y el MOPC acuerdan mesa técnica para destrabar pagos y mantener la ejecución de obras
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que el gremio mantuvo una nueva reunión con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y acordó la conformación de un equipo técnico y jurídico para ordenar el presupuesto, adecuar líneas de pago y avanzar en mecanismos financieros que permitan normalizar la ejecución de obras viales.
En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media, Sarubbi detalló que se trabajará en dos frentes; la primera corresponderá a una mesa técnico–económica para reprogramar partidas y mejorar el plan de caja, y otra jurídica para reglamentar herramientas como la cesión de créditos (factoraje), con participación de constructoras y bancos. “La idea es calendarizar pagos y aliviar la presión financiera, cuidando el déficit fiscal”, explicó.
El titular del gremio señaló que el presupuesto de inversión aprobado para 2026 resulta insuficiente frente a las necesidades del sector, y que la deuda arrastrada del año anterior exige ajustes finos para evitar cuellos de botella. Subrayó además que existen fondos, tanto de origen local como externo, cuya ejecución requiere compatibilizarse con el tope fiscal, a fin de evitar sobrecostos por intereses.
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Sarubbi valoró positivamente la reciente colocación de bonos en moneda local, al considerar que amplía el acceso al financiamiento y fortalece el mercado, aunque remarcó que su impacto efectivo dependerá de la capacidad de ejecutar pagos de manera regular.
El titular de Cavialpa reconoció que algunas obras muestran ralentizaciones actualmente, y que las empresas se ven afectadas financieramente, ya que el ritmo de desembolsos aún no alcanza para absorber la totalidad de los certificados mensuales. No obstante, insistió en que el diálogo con el MOPC apunta a sostener la actividad y evitar mayores impactos sobre el empleo y la cadena de proveedores.
Destacó el interés del mercado internacional por proyectos de infraestructura en Paraguay, destacando el trabajo hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el fortalecimiento macroeconómico del país, y reafirmó la disposición del sector privado a coordinar con el Estado para alcanzar consensos que permitan mantener la inversión y el crecimiento. “Con mesas técnicas y reglas claras, esto se destraba”, resumió.
Situación difícil
También detalló, que el presupuesto aprobado para este año contempla USD 570 millones para obras, cuando las necesidades superan los USD 700 millones, generando un déficit que, al incorporar la deuda arrastrada e intereses, eleva el faltante total a un rango de USD 500 a 600 millones, sin considerar nuevas licitaciones de obras.
Finalmente, explicó que el 100 % de las empresas atraviesan una situación financiera delicada, y que están fuertemente apalancadas con bancos, además varias ya fueron recategorizadas en los sistemas de riesgo y presentan deterioro en sus indicadores financieros, lo que incluso comienza a limitar su capacidad de presentarse a nuevas licitaciones públicas.
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Plantean comisión bicameral para revisar estructura y finanzas del IPS
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, anunció este martes, que nota mediante solicitarán al presidente del Congreso, Basilio Núñez, la instalación de una Comisión Bicameral para trabajar sobre una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión social (IPS). Así también, sobre la deuda del estado de unos USD 600 millones con el ente previsional.
Luego de la reunión que mantuvieron los miembros de la Permanente con el titular del Consejo de Administración del IPS, el doctor Jorge Brítez, quien fue invitado por los parlamentarios con la finalidad de analizar la situación técnica, sanitaria, administrativa y financiera del ente previsional, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron las últimas decisiones que acordaron durante el encuentro.
Al respecto, Soroka señaló que se deben buscar dar soluciones de fondo, ya que la situación “arde” en el corazón y el sentimiento de los asegurados. Mencionó que la propuesta de analizar la modificación de la Carta Orgánica del IPS, es porque la misma data de 1943; que con los años fueron sumando adendas, pero que no llegaron a resolver los problemas, e incluso muchas de ellas pudieron llegar a agravarse.
Indicó que como segundo punto a ser analizado en esa comisión bicameral es la deuda del Estado con la previsional, cuyo monto supera los 600 millones de dólares.
“Cuando el sector privado adeuda, muchas veces no tiene contemplaciones, por tanto el Estado paraguayo debe también en ese sentido ponerse las pilas. Por eso, desde la Bicameral buscamos salidas sobre dos puntos específicos. Hoy enviaremos la nota al presidente del Congreso, Basilio Núñez, para que en las primeras sesiones del mes de marzo si hay la voluntad política de conformar un equipo bueno con técnicos de primera para buscar soluciones”, expresó.
Señaló que si no se logra alguna modificación concreta de al Carga Orgánica, seguirán pasando los presidentes del ente previsional, que seguirán lamentando que se sigan limitando las acciones. Destacó que en ambas cámaras del Congreso se cuenta con excelentes técnicos, así como técnicos de afuera que podrán trabajar en conjunto de tal modo a lograr una nueva reglamentación acorde a los tiempos.
“Coincidimos plenamente con la situación de crisis que vive el IPS, una situación que ya arde tal vez, en el corazón y en el sentimiento de las personas y más todavía en los asegurados y la idea es agarrar esa posta de fuego que institucional y parlamentariamente va encontrar una salida”, enfatizó.
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Constructoras ven alivio financiero con garantía estatal, pero alertan posible freno en obras públicas
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, destacó que el nuevo mecanismo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para saldar la deuda con contratistas del Estado abre una alternativa financiera para el sector, aunque advirtió que la limitada disponibilidad presupuestaria podría ralentizar la ejecución de obras. Así lo señaló durante una entrevista a la 970 AM Universo/Nación Media.
Según explicó, el esquema contempla el uso de certificados de obra respaldados con garantía soberana del Estado, lo que permitirá a las empresas constructoras presentar dichos documentos ante los bancos para obtener liquidez. El objetivo inicial es cubrir una parte equivalente a USD 150 millones del total, correspondientes a compromisos pendientes del 2025 mediante un sistema de factoraje financiero.
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Heisecke detalló que, bajo este mecanismo, los bancos financiarían al Estado a un plazo cercano a tres años. Esto implicaría que solo una parte del monto impactaría en el presupuesto 2026, estimado en unos USD 50 millones, mientras el saldo se distribuiría en ejercicios posteriores, lo que ayudaría a aliviar la presión fiscal inmediata.
No obstante, el titular de Capaco indicó que aún deben definirse aspectos técnicos, especialmente las tasas que aplicarán las entidades financieras. Señaló que, actualmente, los créditos para el sector de la construcción en guaraníes oscilan entre 14 % y 17 %, aunque confía en que la garantía estatal contribuya a reducir esos costos.
El dirigente también reconoció que la situación fiscal obliga a moderar el ritmo de ejecución de proyectos públicos, lo que puede generar dificultades para cumplir cronogramas contractuales. Sin embargo, consideró que la propuesta del MEF representa “una ventana” para mantener la continuidad de las obras en un contexto financiero complejo.
Finalmente, subrayó que el sector constructor seguirá analizando el impacto del sistema y negociando condiciones que permitan compatibilizar los intereses de las empresas, los bancos y el Estado, con el fin de preservar la actividad y evitar mayores retrasos en infraestructura pública.
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La economía de México registra en 2025 su peor desempeño desde la pandemia
La economía de México registró el año pasado su peor desempeño desde el desplome que provocó en 2020 la pandemia de covid, lastrada por las persistentes tensiones comerciales con Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones.
Las cifras oficiales publicadas este viernes muestran que la expansión anual del Producto Interno Bruto (PIB) de México, la segunda economía de América Latina después de la de Brasil, fue de apenas 0,7 % en 2025.
Este constituye el peor resultado desde la contracción de 8,5 % que anotó en 2020, según datos del instituto nacional de estadística, INEGI. En 2024, la economía mexicana creció 1,2 %.
El débil desempeño del año pasado coincidió con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien encabezó una ofensiva proteccionista mundial al imponer aranceles a las exportaciones de numerosos países.
México, que envía a Estados Unidos más del 80 % de sus exportaciones, resulta particularmente vulnerable a las políticas comerciales de Trump, lo que ha generado incertidumbre en sectores empresariales y en el clima de negocios en general.
“La administración de Trump sigue representando un riesgo para las exportaciones mexicanas y el crecimiento económico”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis del grupo financiero BASE en un reporte tras la publicación del indicador.
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La cifra de crecimiento resultó, no obstante, levemente superior al consenso de las estimaciones de analistas del sector privado, que esperaban una expansión de 0,4 %, según la más reciente encuesta del banco central mexicano.
“Evitó la recesión”
El crecimiento anual estuvo encabezado por las actividades primarias, que abarcan sectores como la pesca, la agricultura y la ganadería, que crecieron 3,7 %, según el reporte del INEGI.
El vasto sector de servicios (actividades terciarias) creció 1,4 % con respecto a 2024, mientras la industria y el sector manufacturero (actividades secundarias), fuertemente orientadas a la exportación a Estados Unidos, cayeron 1,1 %.
En el cuarto trimestre de 2025 el PIB mexicano creció 1,6 % con respecto al mismo trimestre del año previo.
La expansión estuvo encabezada por las actividades primarias, que aumentaron 6 % con respecto al mismo trimestre de 2024. Las actividades secundarias, en tanto, avanzaron solo 0,3 %, mientras las terciarias crecieron 2 %.
Para Siller, el crecimiento del cuarto trimestre y la cifra débil pero positiva de todo 2025 “evitó la recesión” en México, pero no conjura la amenaza de un “estancamiento” económico, debido a factores como un aumento de la informalidad laboral y una caída de la inversión productiva.
- Fuente: AFP
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