El titular de la Defensoría del Pueblo, Rafael Ávila Macke, presentó este martes a la Cámara de Senadores el anteproyecto de ley que propone la modificación de la normativa 2345/03 con el fin de resguardar a los jubilados y funcionarios públicos víctimas de la mafia de los pagarés y evitar futuros abusos que afecten su patrimonio.

La iniciativa plantea la inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones del sector público, salvo por obligaciones alimentarias. El documento fue entregado al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, como parte del trabajo coordinado con la Defensa Pública.

“Es un paso concreto en defensa de los derechos fundamentales de quienes han sido injustamente despojados”, sostuvo el abogado a los medios de comunicación.

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Desde la institución refieren que de sancionarse la propuesta en el Legislativo y promulgarse en el Ejecutivo beneficiaría a sectores como la administración pública, el magisterio nacional, los docentes de universidades nacionales, los magistrados judiciales, los empleados gráficos del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La Cámara de Senadores había aprobado días atrás la creación de una comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, causa que derivó en la imputación de 63 personas el pasado 21 de marzo.

Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.

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La rampa de frenado ubicado sobre la ruta PY 02 una vez más evitó un accidente de tránsito luego de que el conductor logró ingresar a tiempo a la zona de frenado logrando así evitar una tragedia. El suceso se registró este Sábado Santo en el km 48,3 de la ruta PY 02.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informaron que tanto el conductor como su acompañante resultaron milagrosamente ilesos del percance. Luego de la asistencia técnica el camión fue retirado de la rampa de frenado.

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Desde su habilitación, esta rampa fue utilizada en 23 ocasiones durante el 2024 y, en lo que va del 2025, ya salvó a varios vehículos en situaciones de emergencia.

Estas estructuras están diseñadas para ofrecer una alternativa segura a los conductores que enfrentan fallas mecánicas en su trayecto, minimizando riesgos tanto para ellos como para los demás usuarios de la vía.

Todo conductor que tenga una falla en el sistema de frenos o cualquier otro inconveniente mecánico puede utilizar la rampa de frenado en la que al ingresar a la zona, las ruedas de los rodados se hunden y el vehículo o camión se detiene de manera segura y controlada evitando que personas pierdan la vida.

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• Fuente: AFP

Argentina recibió este martes 12.000 millones de dólares del primer desembolso de su flamante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones. El desembolso del FMI ocurre luego de que el gobierno argentino levantara el lunes el control de cambios, vigente desde hace seis años y que restringía la compra de divisas.

Este martes, en el segundo día tras la eliminación del llamado “cepo cambiario”, el precio del dólar se mantuvo estable en 1.230 pesos argentinos, de acuerdo al estatal Banco Nación. Misma cotización de la víspera, cuando el peso se depreció 12 %.

El FMI da así un contundente voto de confianza al programa económico del presidente ultraliberal Javier Milei. Las ayudas para Argentina del FMI y otros organismos multilaterales ascienden a los 42.000 millones de dólares.

El dinero se usará para fortalecer las reservas del Banco Central, que ahora alcanzan casi 37.000 millones de dólares, por encima de los más de 24.000 millones en existencia el lunes, según un comunicado de la institución.

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Para los argentinos, el dólar es la moneda de referencia y cualquier cambio en su cotización repercute de inmediato en los precios. El nuevo esquema cambiario establece una fluctuación administrada de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. El Banco Central podrá intervenir para mantener la cotización entre las bandas.

Los particulares pueden ahora adquirir una cantidad ilimitada de dólares vía operaciones bancarias y un máximo de 100 si es en efectivo. Las empresas en cambio deben esperar a 2026 para sacar dividendos al exterior.

“El mercado empezó a saber cómo empieza a funcionar esto de flotar”, dijo a la AFP el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora ECO GO. Respecto al traslado a los precios de la depreciación del peso, añadió que por ahora el aumento “no es tan frenético”.

“La gente está esperando a ver qué pasa”, prosiguió el experto. “De manera inicial nosotros tenemos que el impacto puede ser entre 4 y 5 % de inflación este mes y algo parecido el próximo mes”.

El control de la inflación es el principal capital político de Milei, quien tendrá este año su primera prueba electoral en las legislativas de octubre.

Su riguroso plan de austeridad, que consiguió equilibrar las cuentas al implementar drásticos ajustes en jubilaciones, educación y salud, implicó una reducción de la inflación de 211 % en 2023 a 11% en 2024. Sin embargo, la tendencia se quebró en febrero cuando anotó 2,4 % para acelerarse al 3,7 % en marzo.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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