Tras un nutrido debate, el plenario de la Cámara de Senadores, decidió por mayoría de 27 votos la postergación por dos semanas, el tratamiento del proyecto de Ley de “Fondos de Jubilaciones y Prensiones para miembros del Poder Legislativo”, conocido como “Reforma de Caja Parlamentaria”.

Si bien la propuesta normativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ha conseguido dictámenes a favor de la aprobación con modificaciones, las cuales fueron planteadas durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta por los titulares de las Comisiones de Hacienda, como también de Cuentas y Control, fue finalmente a propuesta del senador Óscar Salomón, que la iniciativa quedó postergada por 15 días para un mejor estudio de las modificaciones.

Al respecto, el senador Dionisio Amarilla, titular de Cuentas y Control, ofició de vocero de ambas comisiones dictaminadoras, resaltando que son varios los artículos que plantean las modificaciones.

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En líneas generales señaló que el proyecto sancionado por Diputados dispone el aumento de los aportes de un 2 %, pasando de 22 al 24 por ciento, que pasa a constituirse en los fondos de jubilaciones y penciones. Los jubilados pasarán a aportar de 11 al 14 por ciento del monto que perciben como haberes de jubilacion, así como los pensionados. También señala que se dispone la eliminación del aporte del Estado, se prohíbe taxativamente, remarcando que fue uno de los aspectos más consultados.

Las propuestas de modificacion planteadas por las comisiones asesoras recomiendan suprimir del artículo 7 que la comisión administradora realice descuentos de cheques diferidos. Además, proponen que en caso de que un legislador desee retirar sus aportes al dejar el cargo, lo pueda hacer en un 95 % y no en un 85 % como plantea Diputados.

El senador Amarilla señaló que también proponen que para acceder a la jubilación ordinaria se contemplen 10 años de aportes (dos periodos legislativos) con 55 año de edad, según la versión de diputados; y lo que proponen es unificar que sea recién a los 60 años y con 15 años de aportes (tres periodos legislativos); con una taza de sustitución del 80 % nominal de gastos de representación más la dieta.

El legislador señaló que en la propuesta de la comisión se incluye un articulado que establece los certificados de deudas (préstamos) que son sujetos de préstamos los funcionarios del Poder Legislativos, los mismos en caso de desvinculación por la causa que sea, honre primeramente la deuda contraída con la caja, que era un aspecto no contemplado en el proyecto con media sanción.

También se suprime del proyecto de ley el párrafo del artículo 30, que establece que los gastos del personal administrativo de la Caja Jubilatoria serán cubiertos con el Prespuesto General de la Nación. Por lo que el Senado plantea que ningún gasto del personal de la caja sea financiado con erario público.

Otra propuesta que plantea modificación es respecto a la versión de Diputados, que otorga la posibilidad de seguir aportando, sin importar que sean reelectos de forma pausada o consecutiva, siempre que hayan aportado 2 periodos completos, y si no tuvieran la edad requerida para jubilación, seguir aportando para llegar al 80 % del monto estipulado como tasa de sustitución.

Explicó que la versión de Diputados habla de 2 periodos y que también solo le faltase un año. Desde las comisiones del Senado plantean que puedan seguir aportando por el tercer periodo hasta completar los 15 años de aporte. Indicó que esto permitirá fondear también a la Caja de Jubilaciones.

El senador Amarilla terminó remarcando que con todas estas modificaciones que se plantean, le permitirá contar la Caja Parlamentaria una previsibilidad hasta el 2040.

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De manera conjunta, las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, presididas por los senadores Silvio Ovelar y Dionisio Amarilla, respectivamente, dictaminaron por la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”.

De la reunión participaron autoridades del Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo, así como los exparlamentarios Blanca Lila Mignarro e Ignacio Mendoza, quienes señalaron que, con los ajustes propuestos, se garantizaría la sostenibilidad del sistema hasta el año 2040.

Como vocero de la sesión conjunta, el senador Dionisio Amarilla se refirió a las propuestas de modificación de varios artículos del proyecto, planteadas por representantes de la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria.

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En ese sentido, explicó que el porcentaje de devolución de aportes establecido en el artículo 12, con media sanción de la Cámara de Diputados, es del 85 %, mientras que la propuesta del Fondo de Jubilaciones plantea una devolución del 80 %.

“Hasta podríamos allanarnos a la propuesta con media sanción de la Cámara de Diputados, de devolver el 85 %, ya que no impacta significativamente, considerando que se reintegra el monto nominal y no los intereses generados”, expresó el legislador.

En cuanto al artículo 15, la versión con media sanción establece la edad mínima de 55 años para acceder a la jubilación, mientras que la propuesta de la Caja Parlamentaria eleva este requisito a 60 años.

Respecto al artículo 17, inciso c), referido a la jubilación por invalidez, el senador Amarilla sugirió acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, atendiendo a que introduce ajustes de forma que brindan mayor claridad al régimen de pagos.

En relación con las pensiones (artículo 18), propuso una nueva redacción del artículo, con excepción del apartado referido al pago a hijos con discapacidad, respecto del cual recomendó adherir a la versión de la Caja Parlamentaria.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla cuestionó la incompatibilidad entre pensión y jubilación prevista en dicho artículo, señalando que se trata de figuras distintas. “La pensión corresponde a los aportes realizados por el cónyuge, mientras que la jubilación deriva de los aportes propios; no es el mismo concepto”, sostuvo. Asimismo, solicitó incluir a los padres como beneficiarios, al considerarlos herederos naturales.

En el artículo 29, que establece los mecanismos para honrar las deudas de quienes se desvinculen de la planilla del Congreso Nacional, se sugirió aprobar la versión con media sanción, incorporando un agregado al texto.

En cuanto al artículo 32, relativo al tiempo de servicio y la edad requerida para acceder a la jubilación, la Cámara de Diputados establece que solo continúen aportando quienes estén a un año de cumplir los requisitos. No obstante, el senador Amarilla propuso acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, que plantea permitir aportes a quienes les reste un periodo legislativo, ya sea en un solo pago o en cuotas.

La senadora Celeste Amarilla también cuestionó lo dispuesto en el artículo 30, que establece que los gastos administrativos de la Caja serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación (PGN), manifestando su desacuerdo con que el Estado asuma dichos costos. En la misma línea, rechazó la redacción del artículo 36, que contempla la posibilidad de revocar derechos adquiridos por parte de la Comisión Administradora.

Al respecto, la presidenta del Fondo de Jubilaciones, exsenadora Blanca Lila Mignarro, explicó que los aportes de senadores y diputados representan una parte significativa de los ingresos de la Caja, y que la participación del Estado responde a su carácter no privado, destacando que la institución genera cerca del 90 % de sus recursos.

El senador Amarilla señaló que los principales puntos de debate en el Pleno estarán relacionados con la edad de jubilación y la posibilidad de que legisladores con dos periodos completos continúen aportando para acceder al porcentaje máximo de devolución y a los años mínimos requeridos.

Finalmente, indicó que existe consenso en elevar el aporte de los parlamentarios del 22 % al 24%, y el de los jubilados del 11 % al 14 %.

Ambas comisiones asesoras emitieron dictamen favorable con modificaciones para que el proyecto sea considerado este miércoles 25 de marzo, por el Pleno de la Cámara de Senadores.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que existe un consenso entre los diferentes sectores políticos para aprobar las modificaciones en el proyecto de reforma de la caja fiscal, en la versión dictaminada ayer por la Comisión de Hacienda en conformidad con los gremios y el Ministerio de Economía. Esta mañana se desarrolló una reunión de la multibancada para establecer una línea sobre el tema.

“Terminamos la reunión de la multibancada con todos los senadores y la decisión es acompañar la versión de la Comisión de Hacienda, que es con modificaciones”, adelantó Núñez antes del inicio de la sesión ordinaria de este miércoles. El Senado recibe el proyecto del Poder Ejecutivo con ajustes aprobados por la Cámara de Diputados, el 5 de febrero.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, con Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, resolvieron ayer martes por mayoría aprobar un dictamen único a favor de una nueva versión del proyecto de reforma de la caja fiscal, que incorpora las modificaciones acordadas con los gremios de los trabajadores públicos y que cuenta con la venia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La presidencia del Senado convocó a una sesión extraordinaria, pero aún no se estableció el horario en atención a la sesión ordinaria en curso. El senador Natalicio Chase planteó tratar todos los proyectos con sanción ficta (automática) que figuran en el orden del día y posteriormente pasar a una extraordinaria para tratar el proyecto de reforma.

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Por otra parte, en la reunión de la multibancada también se resolvió tratar la próxima semana la reforma de la caja palamentaria. Este proyecto de reforma también había sido postergado en el Senado.

“Caja parlamentaria se va a tratar la próxima sesión, esta sesión (por este miércoles) vamos a tratar la caja fiscal, que va a ser una sesión larga y la caja parlamentaria se decidió postergar para la próxima semana”, confirmó el senador Derlis Maidana.

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La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Pedro Ortiz, resolvió recomendar al pleno de la Cámara Baja la aprobación del proyecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuerzas”, iniciativa que será analizada en la sesión ordinaria prevista para este martes 10 de marzo.

Este proyecto normativo se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional y cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La propuesta se sustenta en un documento suscrito el 15 de diciembre de 2025, en Washington, entre el Gobierno de la República del Paraguay y el de los Estados Unidos de América.

El instrumento establece las condiciones jurídicas bajo las cuales el personal militar y civil estadounidense podrá desarrollar actividades temporales en territorio paraguayo.

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Su tratamiento está previsto en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de mañana, cuando el pleno deberá definir su aprobación o eventual modificación.

Se trata de un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula aspectos vinculados a la presencia, funcionamiento y régimen legal del personal estadounidense durante visitas oficiales, entrenamientos, ejercicios conjuntos y otras actividades previamente acordadas entre ambas naciones.

Al respecto, el titular de la comisión asesora explicó que actualmente existe un entendimiento bilateral entre ambos países, y que el objetivo de la iniciativa es otorgar fuerza de ley al acuerdo firmado, a fin de establecer un marco jurídico claro para la cooperación en materia de defensa.

Señaló igualmente que la iniciativa contempla la concesión de un trato diplomático al personal estadounidense, tanto civil como militar, cuando participe en actividades autorizadas en el país como parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

El documento establece que dicho personal contará con inmunidades diplomáticas equivalentes a las previstas para el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas, conforme a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Entre sus disposiciones principales, el acuerdo determina que las autoridades estadounidenses podrán ejercer jurisdicción penal exclusiva sobre sus efectivos durante su permanencia en territorio paraguayo, uno de los puntos más relevantes del instrumento.

Asimismo, se dispone la exoneración del pago de impuestos, aranceles aduaneros, peajes y cargos portuarios para el personal, contratistas y equipos vinculados al Departamento de Defensa estadounidense.

De igual manera, se establece que aeronaves, buques y vehículos militares podrán desplazarse dentro del territorio nacional mediante notificación previa, quedando exceptuados de inspecciones.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos contrate bienes y servicios en Paraguay conforme a su propia legislación, además de operar sistemas de telecomunicaciones propios y utilizar frecuencias radiales sin costo.

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