Un total de 18 sanatorios privados firmaron un convenio con el Estado paraguayo a través de la Resolución N° 4.010/20 para el apoyo en cuestiones sanitarias al sector público durante el peor momento de la pandemia del COVID-19, debido a que el sistema de salud pública se vio colapsado. El sector privado atendió a un total de 3.645 pacientes en sala de internación y 2.072 en terapia intensiva.

De ese acuerdo existe una deuda de aproximadamente G. 411.000 millones, de los cuales el Estado solo honró una parte del total, quedando G. 304.705 millones, unos US$ 43 millones. En este sentido, la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados (APSHP) llamó a conferencia de prensa esta mañana con el objetivo de reclamar al Estado que cumpla con el pago de la deuda que tiene por prestación de servicios sanitarios a pacientes COVID-19 durante el pico de la pandemia.

Esto, debido a que los sanatorios urgen recursos económicos que les permitan reequipar sus instalaciones ante la alerta de una eventual nueva ola del COVID-19 por la variante delta en el país, para estar preparados para la atención de pacientes.

“Hemos convocado a los medios para mostrarles nuestra situación como sanatorios privados a partir del servicio prestado en el peor momento de la pandemia que se extendió más o menos desde setiembre del 2020 hasta julio de este año, periodo del pico máximo del COVID-19 y que significó el colapso del sistema sanitario público y que obligó a que el sector público firmara con el sector privado convenios de apoyo público privado y en el que también los sanatorios privados se vieron colapsados”, explicó el Dr. José Zarza, presidente de la APSHP.

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Por su parte, el Dr. Raúl Doria, vicepresidente del gremio, señaló que el Estado está bien informado de la situación financiera de los sanatorios tras la prestación de servicios sanitarios, ya que existe una comunicación constante con el Ministerio de Salud, Hacienda y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Senadores, pero que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo de pago.

“El convenio consiste en una cápita, se acordó pagar una suma capitada por cama de terapia intensiva y por camas comunes que ofrecía el sector privado al Ministerio de Salud y este tenía un fondo que venía de la Ley de Emergencia para cubrir los gastos del sector privado. Se creó un sistema de pago abreviado en el cual los sanatorios creaban la carpeta una vez que el paciente salga de alta, se presentaba con todos los datos y gastos del paciente y eso iba a la auditoria del ministerio para el pago”, explicó Doria.

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Desde un principio, los pagos a los servicios de los sanatorios privados eran muy lentos, hecho que motivó a la ASPHP a reclamar el pago porque los centros asistenciales privados iban invirtiendo cada vez más recursos en crecer en sus instalaciones e insumos y dar respuesta al convenio, pero los pagos no iban a la par.

El sector sanitario privado llegó a crecer a 263 camas de terapia intensiva y 667 comunes para internación, sumados son 920. Se trata de una instalación sanitaria creada en los sanatorios privados para el apoyo a la pandemia y que fueron creadas en menos de un año. Las instalaciones fueron acompañadas de equipos, insumos y recursos humanos que se requirió formar para dar respuesta a la pandemia.

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