La familia del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, secuestrado por el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hace más de un año, rechazó rotundamente las versiones de que el gobierno de Argentina condicione la reapertura de fronteras con Paraguay a cambio de enviar a sus investigadores para indagar sobre la muerte de dos menores en un enfrentamiento entre el EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
En un comunicado firmado por Beatriz, Silvana y Lorena Denis, hijas del exvicepresidente, se refirieron a las negociaciones entre los cancilleres Euclides Acevedo, de Paraguay, y Santiago Cafiero, de Argentina, para las acciones relativas al levantamiento progresivo del paso fronterizo, que fue concretado hace instantes.
El comunicado refiere que según el informe oficial, Argentina solicitó el “avance de la conformación de una Comisión Relatora Internacional integrada por científicos forenses de varios países y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para el esclarecimiento de los asesinatos de las niñas argentinas Liliana María Villalba y María Carmen Villalba”.
Leé también: Prueba de antígeno queda en duda para el ingreso a Argentina
Ante esta situación, la familia Denis, como hijas de una víctima del secuestro por parte del grupo criminal y la inacción recurrente y sistemática del Estado paraguayo para terminar con el flagelo que constituye el EPP, manifiesta el rotundo rechazo de este condicionamiento. “Rechazamos enérgicamente cualquier injerencia extranjera sobre los órganos constitucionales de la República del Paraguay, que quiera arrogarse funciones investigativas que claramente no le competen”, expresa el escrito.
El encargado es el Ministerio Público
Asimismo, resaltan que “el órgano constitucional encargado de la investigación de supuestos hechos punibles en Paraguay es el Ministerio Público, por lo tanto, ningún otro grupo de personas, bajo ningún ropaje puede arrogarse funciones que constitucionalmente le competen al Ministerio Público”. Además, resaltaron que en el país están determinados los organismos internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos en los tratados internacionales.
En ese tendido, resaltan la existencia de dos grandes sistemas de protección, el Sistema Interamericano, cuyos órganos de supervisión son la CIDH y la Corte IDH, y el sistema universal, cuyos mecanismos de protección son a través de la Carta de la ONU y a través de los diferentes comités, supervisores de las distintas convenciones.
“Por lo tanto, no puede arrogarse un Estado una función bilateral de supervisión sobre otro Estado que claramente no posee, pues no solo estaría violando la soberanía nacional de un Estado, sino también iría contra las reglas del derecho internacional por una clara y arbitraria injerencia en funciones que no son de su competencia”, refiere el manifiesto.
Como tercer punto, las hijas de Óscar Denis señalan que observaron con asombro que los representantes diplomáticos perdieron de vista la problemática del reclutamiento forzado de niños y niñas por parte del EPP.
“El Estado argentino solicita a Paraguay acceso irrestricto a la investigación sobre la muerte de dos niñas connacionales que fueron llevadas al monte y obligadas a portar armas de grueso calibre para participar de un enfrentamiento con miembros de las fuerzas de seguridad paraguaya. Obligadas a ser carne de cañón, a ponerse en primera fila y recibir los primeros impactos de balas mientras sus madres, padres, tíos, tías, primos y demás miembros de dos o tres familias de forajidos autodenominados EPP huían del terreno hostil”, lamentan.
El extenso comunicado fue emitido por la familia Denis luego de tomar conocimiento sobre esta situación, donde también lamentan que pareciera que solo el enfoque se da con el propósito de determinar responsabilidades individuales de los miembros de la FTC, cuando por lo que se deberían indignar es por el reclutamiento de connacionales por parte del grupo criminal.
En este punto, lo que se debería solicitar al Estado paraguayo es que dirija y agote todos sus recursos logísticos en la lucha frontal contra este grupo criminal que mata, secuestra, extorsiona, recluta niños y niñas sometiéndolos a una privación de su libertad, comprometiendo su integridad física, sexual y hasta su propia vida.