El ministro del Interior, Enrique Riera, comentó que existe una probabilidad de que el narco uruguayo Sebastián Marset, capturado este viernes en Bolivia, sea extraditado a Estados Unidos, donde es interés del gobierno de Donald Trump, que desde mayo de 2025 ofrecía hasta USD 2 millones por su detención y lo ubica como el tercer narcotraficante más buscado del mundo.

“Los Estados Unidos tienen dos ventajas, tienen cárceles de máxima seguridad, eso aliviaría la presión que genera en Paraguay, una banda que maneja dinero y recursos de todo tipo. Y por otro lado en Estados Unidos tienen leyes más flexibles para conseguir mas información”, dijo el secretario de Estado a la 730 AM, refiriendo que Paraguay fue el primero en abrir una causa contra el criminal en la causa A Ultranza Py de 2022.

El ministro Riera dijo que, de ser trasladado directamente a los Estados Unidos, no sería un inconveniente para seguir con el proceso en Paraguay, teniendo en cuenta que Marset está acusado en el caso de A Ultranza Py, y de igual manera se podría obtener información desde los Estados Unidos.

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“Sería quizás prematuro porque es una cuestión judicial, pero también las relaciones que tenemos hoy con Estados Unidos pasa por el mejor momento, entonces tenerlo acá, a una persona con esa capacidad económica y de fuego, y falta de escrúpulo, siempre es un problema, y si se va a Estados Unidos y desde allá nos enteramos de todo lo que necesitamos para seguir nuestro proceso, hay colaboración directa”, indicó.

Resaltó que Paraguay cuenta con una buena cooperación contra el crimen organizado con el gobierno norteamericano. “Acabamos de firmar un acuerdo SOFA, y acabamos de integrar con el presidente (Santiago Peña) el Escudo de las Américas, o sea esto va a fluir, esté acá o esté allá”, apuntó Riera en conversación con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Es el tercer narcotraficante más buscado del mundo, era probablemente el más importante de Latinoamérica, el único que tenía un proceso abierto, vigente y en proceso en Paraguay y Estados Unidos. El proceso en Bolivia nació en el gobierno anterior (de Luis Arce) y todo indica que era un proceso abierto por su abogado para intentar que Gianina (García Troche, su pareja) se vaya a Bolivia y no acá”, refirió el ministro.

Riera recordó que desde hace varios meses se manejaba la hipótesis de que el prófugo se encontraba en el vecino país. “Eso que yo declaré en su momento me generó una cariñosa llamada de mi colega, y yo le dije que esa es la información que nosotros manejamos y de la última vez que lo vimos, y la policía y sus técnicos identificaron la filmación donde donde salía con un grupo de gente armada, la Policía identificó tres de los fusiles que usaba el ejército boliviano, no nosotros, también por la vegetación y otros datos más, pero no podíamos confirmarlo al 100 %”, mencionó.

El titular del Interior aludió al video difundido en redes sociales, el 23 de octubre de 2025, en que Marset, rodeado de presuntos integrantes del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, amenazó a su exsocio Erland Ivar García López, alias El Colla, que había revelado el supuesto escondite del uruguayo, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), durante su fuga en julio de 2023. Era evaluada la veracidad del clip, ya que se dudaba si fue creado por inteligencia artificial.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, rechazó este viernes la reposición planteada por la defensa del exministro Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado en su prevunta vinculación con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola. Esta decisión abre la admisión probatoria de los chats de Lindomar Reges.

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las publicaciones sobre supuestos faltantes de medicamentos en hospitales públicos y rechazó las mismas.

Explicó del total de ítems de medicamentos, cuatro estaban con stock cero, pero fue atendido y resuelto el mismo día con el proveedor. Sostuvo que las documentaciones publicadas no corresponden a la cartera sanitaria.

El Tribunal de Apelación en lo Civil, quinta sala de la capital, dispuso condenar a la empresa Clyfsa al pago de la suma de 65.061.597.943 a la Ande en concepto de diferencia tarifaria acumulada desde marzo del 2017 hasta septiembre del 2021.

La demanda promovida por la Ande se basa en el Decreto del Poder Ejecutivo n.° 6.904 de fecha 10 de marzo de 2017, por el cual se aprobó el Pliego de Tarifas N° 21 aplicable a todos los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

El embajador paraguayo en los EE. UU., Gustavo Leite, destacó que se ha acrecentado la cooperación con el Paraguay, por parte del gobierno norteamericano, sobre todo en materia de seguridad. “Creo que nunca ha habido tanta cooperación tan explícita como en los últimos meses. El acuerdo sobre Fuerzas Especiales es un acuerdo que Estados Unidos tiene con todos los países de OTAN”, señaló.

El diplomático defendió el acuerdo internacional en materia de seguridad y defensa. “Yo pregunto una cosa: si mañana viene de vuelta el PCC y toma otra vez Katueté, ¿a quién le vamos a pedir que nos ayude?”, expresó.

Arrancó la temporada 2026 de la Fórmula 2 para Joshua Duerksen, en el circuito Albert Park, en el marco del Gran Premio de Australia. El piloto paraguayo se estrenó oficialmente en pista con la escudería británica Invicta Racing.

El compatriota finalizó la primera sesión de clasificación del certamen australiano en la novena plaza, resultado que le permitirá arrancar la carrera sprint en el segundo puesto (se invierte el orden).

El Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas, ubicado en el Museo Histórico Pedro Pablo Caballero, de Piribebuy, será inaugurado el sábado 7 de marzo a las 10:00. Este nuevo espacio buscará poner en valor la técnica ancestral y funcionará también como escuela para garantizar su transmisión a nuevas generaciones.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, destacó al canal GEN/Nación Media que el poncho Para’i de 60 Listas es emblemático de Piribebuy y fue declarado patrimonio cultural inmaterial por la Unesco, lo que compromete al Estado a preservar este oficio que hoy solo conservan unas pocas maestras artesanas. “Con cooperación internacional de la Unesco conseguimos los recursos y mañana será la inauguración del centro de interpretación, que también tendrá una escuela para la enseñanza de esta técnica”, señaló.

Una comunidad indígena de Caaguazú llegó esta madrugada a la Estación de Buses de Asunción, donde la Policía les pidió que esperen a que amanezca para trasladarlos hasta el microcentro a donde deseaban ir. Las familias exigen agua potable.

El comisario Juan Agüero informó al canal Gen que no hubo ninguna retención, sino una orientación de los indígenas, quienes llegaron a la medianoche a la Estación de Buses de Asunción con el propósito de ir al microcentro.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el gobierno de Santiago Peña adquirió escáneres de última generación procedentes de Alemania, que serán empleados para la búsqueda de los secuestrados por los grupos criminales Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y el extinto Ejército del Mariscal López (EML).

“Esto es una primicia, conseguimos unos escáneres de última generación de Alemania que pueden perforar la vista 40 metros, tenemos algunos índices de inteligencia y vamos a comenzar a buscarlos. Serán presentado de forma oficial el lunes”, indicó el secretario de Estado a la 1020 AM.

“Son de última tecnología, se aplicarían para buscar restos, ya que las tres familias víctimas asumen lo peor. Tenemos todavía lugares que son inaccesibles, hay muchas selvas, animales", agregó Riera, señalando que son dos escáneres que serán utilizados conjuntamente con el Ministerio Público. “Funcionarán las 24 horas de los 7 días de la semana hasta que los secuestrados sean hallados”, comentó.

Actualmente permanecen en manos del EPP, el suboficial de Policía Nacional, Edelio Morínigo, quien fue secuestrado el 5 de julio de 2014. El hecho ocurrió en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, específicamente en la zona de la estancia “Macchi Cué”, mientras él se encontraba de cacería con un grupo de amigos.

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También fue raptado por el EPP, el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis. Su secuestro fue el 9 de setiembre del 2020 y ocurrió en el interior de su propiedad, la estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Concepción. El pasado 21 de febrero, el grupo criminal presuntamente concretó el secuestro del productor agrícola Almir de Brum, en la zona de Yhú, departamento de Caaguazú.

Mientras que el secuestro del empresario ganadero Félix Urbieta, es atribuido al EML. El rapto se produjo el 12 de octubre de 2016, en la estancia San Francisco, ubicada en la compañía Belén Cué, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

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