Tras una serie de denuncias realizadas sobre una posible propaganda electoral indebida que se está haciendo en inmediaciones del local de la escuela República de Perú, el Ministerio Público se hizo presente para intervenir en el lugar y dar fin a este delito.
El fiscal Eugenio Ocampos fue hasta la mencionada institución educativa, atendiendo a la denuncia realizada por los electores sobre la presunta utilización de propaganda electoral prohibida y constató la presencia de una mesa con papeletas con fotos de los distintos candidatos.
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El representante indicó que la denuncia fue realizada por Sheila Mora, de la Junta Cívica, Carlos Miguel Centurión, apoderado del Partido Humanista Paraguayo (PHP), y Alejandra Ayala, apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
“Se pudo constatar la presencia de una mesa que contenía la descripción de una consultora, con boletines de los candidatos a intendente de diferentes listas que pujan para el cargo en Asunción”, resaltó.
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Así también, se constató que se hicieron presentes dos personas identificadas como Cristian Ruiz Díaz y Raúl Chamorro, los mismos alegaron que se encontraban haciendo boca de urna y que no cometían ningún delito.
Ocampos pidió que los hombres abandonen el lugar y les recordó que deben estar apostados a 200 metros del local de votación, atendiendo que los boletines de encuesta tenían fotos y nombre de candidatos con sus listas correspondientes.
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Fiscalía pidió juicio oral de Miky Zaldívar por lavado en caso Atlas
La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad bancaria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los agentes fiscales solicitaron el comiso especial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
LA ACUSACIÓN
El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, y el fiduciario, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.
Según la investigación, estos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.
Además, la entidad debió realizar una verificación in situ para corroborar la existencia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la institución estaba obligada a justificar por escrito los motivos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monitorear constantemente la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida diligencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.
Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas establecía que, ante el lanzamiento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los directivos acusados habrían recibido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebración de los contratos de fideicomiso el 4 de febrero de 2016.
Abogado subraya rigurosidad de investigación fiscal
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.
“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
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La Fiscalía caracteriza el delito de rufianería con 35 denuncias registradas
La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.
Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.
El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.
Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.
Condiciones de vulnerabilidad
En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.
Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.
Perfil de víctimas y victimarios
El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.
La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.
Temporalidad de los hechos
La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.
El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.
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Fiscalía de EE. UU. acusa de narcotráfico a gobernador del estado mexicano de Sinaloa
La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado violento desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.
Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos”.
Entre los funcionarios señalados están el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.
La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.
“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.
El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.
- Fuente: AFP
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Orlando Penner afirma que Rocío Vallejo busca notoriedad mediática con sus críticas
El senador Orlando Penner dio su parecer respecto a las expresiones que realizó la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo, quien le cuestionó su voto a favor del pedido de permiso solicitado por el senador Hernán Rivas, e incluso exige su renuncia. Señaló que su excorreligionaria está aprovechando la situación para cobrar notoriedad en los medios de prensa.
En conversación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador que tiempo atrás había renunciado al Partido Patria Querida para sumarse al Partido Colorado, lamentó la postura de la diputada. Afirmó que Vallejo busca “tener micrófono, hacer ruido y llamar la atención” de los medios.
“Siempre la he respetado, hasta incluso cuando estuvo a punto de perder su propia investidura, cuando salió a luz el caso de su hija que trabajaba en los EE. UU. y que luego renunció. Le recuerdo a Rocío que no es perfecta, y lo digo con mucho respeto, ella también es ser humano y comete errores” expresó, cuestionando la falta de explicaciones convincentes en ese caso”.
Sentido de su voto
El senador Penner aclaró que su voto no fue para otorgar impunidad ni “blindaje”, sino para conceder un permiso que permita a Rivas presentarse ante la Justicia. Aseguró que, de presentarse un pedido de desafuero formal, votará a favor.
“A mí me queda muy claro que yo no soy juez para condenarlo, o absolverlo a nadie. Al contrario, lo que hicimos es darle el permiso a Hernán Rivas en base a una solicitud para que pueda presentarse ante la Justicia y hacer lo que corresponde”, expresó.
Señaló que es necesario hacer ver el otro lado de la moneda a ciertos grupos de la prensa cuando ya le condenaron. Indicó que si bien hay indicios y hay por lo menos noticias llamativas, pero no por eso se lo debe condenar de entrada.
“No es lo correcto. Yo hice lo que mi conciencia me dicta, que él esté ante la Justicia y haga lo que tenga que hacer, siendo justo con él en este caso y así en otros casos, con otra persona. El dejarnos llevar por la calentura o por los intereses de los grandes grupos privados no es saludable para un Paraguay ordenado ni para fortalecer las instituciones, remarcó.