El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.

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Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.

Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.

Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.

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La fiscalía chilena anunció el lunes que investigará si hubo tráfico de “cientos de menores” haitianos que ingresaron al país en 2025, luego de que se descubriera que no se comprobó que sus acompañantes fueran realmente sus familiares.

Las pesquisas comenzaron luego de que radio Biobío revelara un informe de la Contraloría en el que denunciaba el ingreso de cientos de niños haitianos en 2025, supuestamente para reunirlos con sus familiares en Chile.

Según el Servicio de Migraciones, al menos 12 personas ingresaron varias veces a Chile actuando “como supuestos adultos responsables” de niños y adolescentes haitianos, por lo que pidió iniciar una investigación por posible tráfico.

De acuerdo a un comunicado de la fiscalía, la relación entre los acompañantes y los menores “no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“Estos son hechos graves que requieren una investigación específica (...) para poder despejar si los hechos son delitos o no”, dijo el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

• Fuente: AFP

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El Ministerio Público explica imputación contra “Masivo bro” por presuntos delitos electorales. La fiscal Sophia Galeano señaló que la imputación contra el influencer Francesco Canatta no se basa únicamente en el hecho de portar dinero en efectivo dentro de un local de votación. Sino va más allá.

En ese sentido, mencionó que analizan videos difundidos en redes sociales y su presencia junto a un candidato mientras presuntamente se acercaba a electores durante la jornada electoral.

“La conducta que él desplegó en el local de votación no fue solamente el hecho de haber tenido dinero en la mano. Sino que también estaba subiendo por redes videos que estaba ahí en compañía de un candidato a concejal induciendo a la compra del voto”, detalló a la 1020 AM.

Eso es lo que se presume de la actuación, ya que estaba en compañía de un candidato a concejal, estaba con dinero en la mano, se estaba acercando a las personas, apuntó.

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“Él manifestó que como el influencer más importante del país tiene fans y que por eso tuvo que sacarse fotos. Él manifiesta que eran las personas las que se acercaban a él, pero del acta policial se desprende que él era el que se acercaba a las personas con el tema del ofrecimiento”, añadió.

Sin embargo, ante la falta de denuncias directas por ofrecimiento de dinero a cambio de votos, el Ministerio Público encuadró preliminarmente el caso como una presunta incitación a cometer delitos electorales.

“Como no tenemos ninguna denuncia en donde se manifieste que él ofreció directamente dinero a cambio de voto, los elementos con los que contamos encontramos que su conducta se resume en lo que establece a la incitación a hechos punibles de soborno al elector, tipificado en el artículo 280 del Código Penal”, especificó.

El creador de contenido fue detenido de oficio por la policía durante la jornada electoral del domingo al ser visto con fajos de billetes, presuntamente 10 millones de guaraníes, dentro de un local de votación en la ciudad de Luque.

El influencer pasó la noche en la Comisaría 3ra Central y declaró ayer ante el Ministerio Público, dando su versión de los hechos y deslindando responsabilidades. No obstante, fue imputado por presunto soborno al elector.

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