El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recibieron una propuesta de la Comisión Jurídica e Informática de la institución, que plantea la incorporación de elementos de control manual al proceso de escrutinio. Este procedimiento fortalecerá la confianza de la ciudadanía en los resultados emanados de la máquina de votación reflejando fielmente la voluntad popular.

Dicha iniciativa fue presentada en una reunión en la sala de sesiones de la Justicia Electoral. Se plantea reglamentar el escrutinio, conforme al siguiente procedimiento:

a) Una vez elaborada el acta de cierre de la mesa receptora de votos, el presidente de mesa desdoblará cada boletín y procederá a la lectura en voz alta del contenido del mismo. Luego exhibirá cada boletín a los vocales, veedores de mesa y electores presentes. Si algún miembro de la mesa, veedor o apoderado en ejercicio de sus funciones tiene dudas sobre el contenido de un boletín de voto leído por el presidente, puede pedir en el acto para examinarlo, debiendo ser concedido (Artículo 224 C.E.).

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b) Con la colaboración de los vocales, el presidente de mesa irá separando todos los boletines de voto que correspondan a cada organización política, además de blancos y nulos para el cargo de intendente municipal. Luego se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización política para el cargo de intendente municipal y el resultado se anotará en la Planilla de Conteo Manual correspondiente al cargo.

c) Seguidamente, se irán separando los boletines de voto que corresponde a cada agrupación política, además de blancos y nulos para el cargo para miembros de Junta Municipal. Luego se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización política para el cargo de miembros de Junta Municipal y el resultado se anotará en la Planilla de Conteo Manual correspondiente al cargo.

d) El presidente de mesa acercará el chip o Código QR de los boletines válidos al lector de la máquina de votación. En la pantalla de la misma se mostrará el contenido de dicho voto, así como la cantidad de votos que vaya obteniendo cada candidato a intendente municipal, así también la cantidad de votos por cada lista y de votos preferentes por cada candidato a miembros de Junta Municipal.

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e) Los miembros de la mesa receptora de votos, y los apoderados, veedores y electores podrán comparar que el resultado visualizado en la pantalla de la máquina de votación corresponde al resultado contenidas en las Planillas de Conteo Manual; y,

f) Si los miembros de la mesa receptora de votos, veedores o apoderados tienen dudas podrán solicitar el recuento de los boletines de voto.

Seguidamente imprimirán las Actas y Certificados de Resultados correspondientes a la mesa.

En caso de no coincidencia de los resultados se reglamentará el mecanismo de verificación de los resultados del escrutinio de la mesa.

Las administraciones municipales de Asunción y Ciudad del Este se encuentran en un proceso de definición en la Cámara de Diputados sobre el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aclaró cuál sería la situación ante la eventual destitución o renuncia de los intendentes Óscar Rodríguez y Miguel Prieto.

“Hay una diferencia en cuanto a la destitución, porque ahí es la Constitución la que establece una nueva elección, pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Nosotros no sabemos cuándo va salir la destitución, cuando va a haber la intervención, en cuánto tiempo ese informe de los interventores se va a confirmar en destitución del intendente”, explicó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales, este martes en entrevista para la 1020 AM.

A partir de allí, la Justicia Electoral debe ser notificada, para iniciar con el proceso de organización de las elecciones en los siguientes 90 días tras la destitución, en 10 días debe convocar y en los 80 días siguientes deben realizarse los comicios electorales, previamente a internas partidarias. “Es un cronograma muy ajustado y nosotros no sabemos cuándo se va a producir la destitución”, puntualizó el alto funcionario electoral.

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Sin embargo, para Ljubetic este será un proceso innecesario, ya que las elecciones para la renovación de las autoridades municipales se deben realizar en el 2026. “Lo que tenemos es que esta elección se vea prácticamente mezclada con la elección del próximo intendente para los cinco años siguientes. Hay una confusión enorme, un gasto innecesario”, apuntó.

Si se cumplen todos los plazos a cabalidad, los 15 días de las comisiones de intervención para que emitan un dictamen, los 90 días de la intervención donde puede ocurrir la destitución, y los 90 días de plazo para la convocatoria, en diciembre se estarían realizando las elecciones en estos municipios. Mientras tanto, la Justicia Electoral no cuenta con el presupuesto para unas elecciones complementarias.

“Infraestructura puede haber siempre que haya presupuesto, esto no está presupuestado, hay que calcular que, si estas elecciones se hacen en Asunción y Ciudad del Este, estamos hablando de más de 600.000 electores, son las dos ciudades más importantes del país en población. Es muy difícil establecer una utilidad a ese proceso electoral”, refirió Ljubetic.

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En el caso de una renuncia en este proceso, Ljubetic indicó que sería la salida más fácil, ya que no se requiere de ir a unas elecciones. Con la renuncia, la Junta Municipal debe elegir de unos de sus miembros a un nuevo intendente para concluir el periodo de mandato hasta el 2026.

“Si renuncia, no hay elecciones, asume el presidente de la Junta y en el plazo de un mes debe convocar a elección de entre los concejales municipales para elegir a un intendente que complete el mandato”, aclaró.

Finalmente, explicó que “hasta los tres primeros años, si hay renuncia, inhabilidad o muerte, se llama a elecciones, en los dos últimos años de mandato ya no hay elecciones, sino el procedimiento de selección de un intendente por parte de los miembros de la Junta Municipal”, lo que no es el caso, ya que solo queda prácticamente un año de mandato municipal.