El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, calificó con un acto mafioso el atraco realizado a su despacho el día ayer jueves. El atropello se registró en la noche luego de una movilización a favor del intendente opositor y dirigente del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Ante este hecho, no se descarta que el atraco a su oficina y otras dependencias de la municipalidad haya sido cometido por dirigentes prietistas. El economista argumentó que el acto es un atropello a la institución y a la figura constitucional de la intervención.

“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, manifiesta el comunicado.

Detalla que la Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos realizando los relevamientos de datos y las diligencias pertinentes, “desconociéndose hasta este momento el objetivo de dicho actuar criminal y si fue introducido o sustraído algún tipo de documento, dispositivo de escucha/video o elementos en las oficinas donde se produjeron los hechos”.

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El comunicado refiere además que el personal de Criminalística de la Policía Nacional, constituido en la sede de la Intendencia, determinó que la puerta frontal de dicha sede no fue forzada, deduciendo que fue abierta mediante la utilización de un juego de llaves. “No obstante, se evidencia que fue forzada la puerta de acceso a la sala de reuniones de la Intendencia, así como al despacho del intendente, ubicándose marcas de pisadas sobre el escritorio del Intendente, para alcanzar los equipos de iluminación de la oficina”, indica.

El documento agrega que “el interventor condena dichos hechos y deposita su plena confianza en las Autoridades Policiales y del Ministerio Público a los efectos de llevar a cabo las diligencias necesarias para dar con los responsables de este acto criminal. Las evidencias recabadas ayudarán a llegar y castigar a los mismos. La intervención agotará todos los mecanismos institucionales para que todas estas violaciones a la institución municipal no queden impunes“.

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Medios de comunicación de Ciudad del Este, Alto Paraná, informaron que la oficina del economista e interventor, Ramón Ramírez, fue violentada ayer jueves, luego de una movilización convocada en apoyo al intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Según las publicaciones, el hecho se registró durante la noche, pese a la orden de estricto resguardo policial del edificio comunal. También detallan que varios funcionarios fueron arreados por Prieto para participar en la movilización como medida de fuerza tras la remisión del informe final de la intervención a su gestión a la Cámara de Diputados, documentos que exponen graves irregularidades en la administración del jefe comunal suspendido.

De acuerdo con las informaciones preliminares, aún no se confirmó si se sustrajo algún objeto. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que los intrusos habrían ingresado para instalar cámaras y micrófonos en el despacho de Ramírez, ya que los vándalos subieron sobre el escritorio.

Detallan además que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el objetivo real del ingreso forzado.

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La fiscalización a la gestión del intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, se inició el pasado 23 de junio. El proceso fue impulsado mediante el requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) ante la existencia de graves irregularidades.

Entre las irregularidades detectadas en la administración de Prieto figuran, por ejemplo, una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportada por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos clave que sustentaron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos de las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

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Este miércoles, la Policía Nacional logró detener a dos personas que estarían ligadas al atentado contra el intendente de Francisco Caballero Álvarez (ex Puente Kyha), departamento de Canindeyú. Así también, se logró incautar varias armas de fuego y municiones. Durante el percance no se reportaron personas heridas.

El atentado se registró el pasado lunes en horas de la mañana, cuando Gildo Socoloski, intendente municipal de la localidad mencionada y su esposa, se trasladaban en un vehículo de la comuna y fue impac­tado por varios disparos.

Esta mañana, una comitiva fiscal y policial realizó una serie de allanamientos y se logró detener a dos hombres, que serían principales sospechosos del hecho. Estos fueron identificados como Diego Hobus Feitosa y Gilvano Hobus Feitosa.

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La fiscal Cleider Marlene Velázquez López imputó a los detenidos por presunto homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas.

“Durante el allanamiento fueron halladas cuatro armas de fuego y varias municiones similares a los calibres utilizados en el atentado. El peritaje de la camioneta y las investigaciones, podrían haber participado de 2 a 3 personas”, expresó Juan Alcaraz, periodista de SdG Noticias, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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El abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), acusó al intendente y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, de apañar el robo de los recursos económicos de la municipalidad a través de un esquema de caja paralela.

La acusación de Sánchez surge ante las afirmaciones del dirigente opositor quien mediante sus redes sociales busca minimizar la denuncia penal presentada por el interventor de la municipalidad, Ramón Ramírez, quien denunció el desvío de G 75 millones mediante cajas paralelas.

El jefe comunal alegó que sobre el hecho ya había presentado una denuncia el pasado mes de marzo, detectando el desvío de G. 800 millones. “Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morcilla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudadanía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la Corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima)“, ironizó el abogado.

Sánchez detalló que la denuncia formulada por Prieto en marzo fue innominada con la finalidad de proteger a su prima y cómplices. “La denuncia fue contra personas innominadas, jamás nombro o acuso a los verdaderos y sabidos responsables“, cuestionó.

Asimismo acotó que “Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario”.

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El abogado dijo que según fuentes internas de la propia municipalidad, también estarían salpicados en la recaudación paralela, Nelson Segovia, hijo del concejal departamental conocido como “Tío Henrry”, Vicente Prieto, padre de Miguel Prieto, Fran Arrúa, exsecretario privado, entre otros funcionarios que ejercían el cargo de cajeros quienes se encuentran plenamente identificados.

“Ellos podrían ser imputados por exacción y alteración de datos públicos, y se exponen a 10 años de prisión. Hasta la fecha no se ha sabido de ningún tipo de sumario administrativo a ningún funcionario. Lo raro de la denuncia es que teniendo los datos de los cajeros, de los responsables de recaudaciones y de la dirección de finanzas la denuncia fue innominada”, refirió.

Según Sánchez, el propio escrito del asesor jurídico dice y reconoce la carencia total de control de la dirección de recaudaciones al no llevar la correlatividad de las facturas, así como la cantidad de facturas y la utilización de los sellos de caja, también la falta de comunicación de traslados de funcionarios y la habilitación de permisos para utilización del sistema de gestión municipal tantas veces publicitado por Miguel Prieto en sus rimbombantes discursos".

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