El presidente del Congreso, Óscar Salomón, consultado sobre el fallo de la Corte Interamericana de DDHH en el caso de los exministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, destituidos en un juicio político realizado por los senadores en el 2003, sostuvo que hay un antes y un después de este fallo de la Corte IDH.
Ante la consulta si a partir de este fallo cambiará el actuar del Congreso Nacional respecto al derecho al debido proceso, Salomón dijo “por supuesto que vamos a tomar con mayor seriedad todo lo que venga en adelante”. Si bien aclaró que esta situación corresponde a periodos anteriores, considera que deja un precedente.
Aceptan, pero no están de acuerdo con el fallo
“Lo estuve escuchando esta mañana al procurador general de la República, donde efectivamente aceptan el fallo, pero no están de acuerdo. La suma que ellos han pedido como resarcimiento se redujo hasta un 25%. Paraguay tiene un año para pagar esta deuda, pero si no lo hace, tampoco tiene punición”, dijo Salomón a la hora de explicar la postura del Gobierno sobre el caso.
Salomón comentó que según el procurador ni siquiera se dio interés en la defensa de Paraguay en este caso en la instancia correspondiente. Y de acuerdo con esto, la defensa paraguaya colaboró, cuando menos, con que estos costes sean elevados. El Estado paraguayo fue sentenciado a pagar a Ríos Ávalos la suma de US$ 480.000; mientras que a los familiares de Fernández Gadea deberá abonar US$ 250.000.
El caso en cuestión data del 2003, cuando ambos magistrados fueron removidos de sus cargos por medio de un juicio político por supuesta corrupción, mala administración de justicia y tráfico de influencias. Sin embargo, los afectados argumentaron que se habían violado sus derechos de legítima defensa y recurrieron a la Corte IDH.
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