Una vez más el Senado postergó el estudio del proyecto de ley de gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS) impulsado por los senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa. El tema figuraba como punto cinco en el orden del día para ser tratado en la sesión de este jueves, pero su análisis nuevamente quedó aplazado.
En abril pasado, también se intentó tratar en plenaria, pero en esa ocasión el mismo proyectista Rasmussen pidió la postergación para introducir cambios en el texto.
La semana pasada, el parlamentario convocó a una audiencia pública para socializar el proyecto, y durante la misma se dio un amplio debate con posturas a favor y en contra de la iniciativa legislativa.
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“Por el pésimo servicio que presta IPS es que planteamos el cambio en la Gobernanza. No hay voluntad, ni de los empresarios ni de la política, ni del Ejecutivo para cambiar nada. El status quo es muy rentable para unos pocos”, publicó en su cuenta de Twitter el senador del Partido Patria Querida (PPQ).
El referido proyecto de ley prevé presidencias rotativas anuales para el consejo de administración del IPS y además, busca separar los fondos jubilatorios de los destinados al área de salud.
Otras postergaciones
Los senadores también postergaron el tratamiento del proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del geólogo y el proyecto de Ley “Que concede pensión graciable al señor Remigio Romero Ovelar, artista nacional”. El estudio de este último quedó postergado por carecer de dictamen.
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Senado aprueba proyecto para sanear juicios irregulares vinculados a la “mafia de los pagarés”
El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes. La propuesta fue elaborada por el Ministerio de la Defensa Pública, en colaboración con la Comisión Especial de Investigación, como respuesta al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que la iniciativa busca atender con urgencia un problema que ha generado miles de juicios ejecutivos irregulares en Paraguay, expuso ante el pleno de la Cámara.
“Particularmente personas en situación de vulnerabilidad han sido víctimas de procesos sin la debida notificación, con expedientes judiciales que desaparecen y con embargos injustos, en abierta violación a los derechos fundamentales”, señaló.
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Entre las medidas más relevantes se establecen el saneamiento de expedientes no localizados, es decir, las secretarías judiciales tendrán un plazo de 10 días para informar si un expediente no se encuentra; en caso de extravío, el juez deberá ordenar de oficio su reconstitución.
También contempla la suspensión y levantamiento de medidas cautelares en juicios con expedientes extraviados, la declaración de nulidad de oficio cuando se verifiquen graves irregularidades en el proceso.
La protección a personas vulnerables, con asistencia del Ministerio de la Defensa Pública, la modernización de notificaciones, incorporando el correo electrónico y la mensajería instantánea para que los demandados puedan acceder a información sobre sus juicios. El proyecto fue aprobado con modificaciones y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.
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Senado posterga por 8 días tratamiento del proyecto de ley “Mafe”
La Cámara Alta decidió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que establece la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el sistema de Alerta “Mafe”. La decisión fue tomada en la sesión ordinaria tras el pedido del senador Javier Zacarías Irún.
El legislador explicó que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que abordó el tema en la víspera, se informó que el ministro del Interior, Enrique Riera y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, desean participar en una reunión con los senadores para ofrecer mayores detalles sobre la iniciativa y eventualmente proponer ajustes.
“Creo que es oportuno postergar este proyecto por ocho días y así poder escuchar a las partes que van a tener el compromiso de ejecutar esta ley”, sostuvo Zacarías Irún ante el pleno. Los legisladores votaron a favor de la postergación para el tratamiento de la propuesta legislativa.
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¿Qué contempla la propuesta?
El proyecto, conocido como “Ley Mafe”, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y surge a raíz del caso de María Fernanda Benítez, una adolescente de 17 años de Coronel Oviedo cuyo asesinato generó conmoción nacional.
La normativa busca establecer un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que centralice los datos de todas las denuncias a nivel país, y un sistema de alerta temprana, inspirado en el modelo “Amber Alert” que funciona en otros países. El mecanismo pretende garantizar que, una vez denunciada una desaparición, las instituciones del Estado reaccionen de forma inmediata y coordinada, con difusión masiva de la información.
Entre los puntos centrales se destacan:
- La eliminación de cualquier período de espera para realizar denuncias de desaparición.
- La obligación de la Policía y la Fiscalía de actuar de inmediato.
- La coordinación interinstitucional para mejorar la búsqueda.
- La participación de medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones en la difusión de las alertas.
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Reforma busca descentralizar funciones del sistema de transporte y mejorar servicio
Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.
Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.
Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.
“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.
Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.
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Incluyen trazabilidad
En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.
“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.
Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.
Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.
“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.
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Reforma del Transporte Público: no reducirá empleos ni derechos laborales, aseguran
El senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras, aseguró que el proyecto de ley de Reforma de Transporte Público, en particular, no puede ir en contra a lo que ya está establecido en el Código Laboral, en relación a la preocupación de los choferes sobre sus puestos de trabajo.
Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, el legislador explicó que en caso de que la empresa de transporte público vaya a la quiebra, se le retire el itinerario o cierre, el Código Laboral establece que primero se deben pagar los pasivos laborales; por tanto, todos los choferes están 100 % protegidos en sus derechos adquiridos.
Resaltó que no se puede modificar nada de lo que ya contempla el código con una ley de Reforma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, con las correspondientes modificaciones en sus articulados.
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Chase aseguró que durante el estudio que se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto de ocho comisiones asesoras, se ha tratado con mucho cuidado todo lo referente a la relación laboral que los trabajadores del volante tienen con las empresas transportistas, teniendo en cuenta que son relaciones independientes a la concesión de las rutas.
“Dentro del proceso de contratación que va a existir, las empresas que tienen las rutas actuales tienen ventajas en la licitación que se va a llevar adelante. Entonces, creo que seguirán manteniendo, porque tienen una ventaja considerable en el proceso de licitación de los tramos y creo que eso seguirá igual”, explicó.
Mencionó que tampoco se contempla la disminución de los puestos laborales. Respecto a la evaluación que contempla, señaló que siempre las empresas van a tomar a aquellos trabajadores más idóneos, teniendo en cuenta la protección y seguridad de los pasajeros. Indicó que incluso está de acuerdo en que se intensifiquen los controles, pero aclaró que ese punto no está incluido en el proyecto de Ley.
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“Debería ser así, porque cuántas veces hemos visto la irresponsabilidad de los choferes del transporte público que han jugado carreras, o que fueron responsables de accidentes de tránsito, justamente por la falta de evaluación, ya sea psicológica o laboral, que deberían tener”, acotó.
Derecho a la huelga
El senador Chase remarcó además que la propuesta normativa no está cercenando el derecho a la huelga, ya que está garantizado igualmente en todo momento por el código laboral.
“En la reforma se establece como imprescindible el servicio de transporte, pero no se establece un tope, ni mínimo ni máximo, ya que eso se contemplará en el decreto reglamentario que el Poder Ejecutivo deberá regular, tener en cuenta las libertades y lo que corresponde al tema de las huelgas”, explicó.
Aclaró igualmente que el Ministerio de Obras Públicas no absorbe a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatram), ya que la misma seguirá manteniendo su autonomía.