Con 11 votos se rechazó la ampliación presupuestaria del ajuste del salario mínimo legal vigente para contratados, jornaleros y beneficios sociales en la Municipalidad de Asunción. Foto: Archivo.
Rechazan ajuste del salario mínimo en la Municipalidad de Asunción
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La Junta Municipal de Asunción analizó hoy la ampliación presupuestaria del ajuste del salario para contratados, jornaleros y beneficios sociales contemplados en el contrato colectivo por la actualización del salario mínimo legal reajustado por el Gobierno Nacional.
En contra de la ampliación presupuestaria hubo 11 votos; a favor de la aprobación de la ampliación presupuestaria hubo 5 votos; y a favor de la moción de solo aprobar el reajuste y no las bonificaciones 3 votos. Se aprobó el rechazo a la ampliación presupuestaria.
Existen dos dictámenes al respecto, uno de la comisión asesora que recomendó rechazar el pedido de ampliación presupuestaria de G. 7.166.308.800; el otro dictamen a favor fue presentado por la comisión de Hacienda. Posiciones contrarias y a favor se hicieron sentir en el plenario de la Junta Municipal.
El concejal Federico Franco Troche argumentó que su rechazo al reajuste salarial se basa en la falta de una política clara de gestión de RRHH, además de no contar con una lista de los funcionarios que serían beneficiados con el pedido de reajuste de salario mínimo. Considera que la municipalidad se expone a un aumento “arbitrario”.
A su vez, el concejal Julio Ullón propuso una moción de orden para que solo se apruebe el reajuste salarial para aquellos que no ganan el salario mínimo vigente. Ullón planteó la aprobación de G. 2.366.308.000 para el reajuste de 360 funcionarios que, en este momento, ganan menos del salario mínimo legal vigente.
La sala constitucional de la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de una acusada por la muerte de Sol Chávez. Foto: Archivo
Corte rechazó acción de inconstitucionalidad de odontóloga, acusada por la muerte de Sol Chávez
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La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la acción de inconstitucionalidad presentada por la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez, quien debe enfrentar un nuevo juicio oral y público por la muerte de la joven Sol Chávez, ocurrida en abril del 2021.
La acción fue promovida contra una resolución del tribunal de apelación en lo penal, que había anulado el fallo de primera instancia donde un colegiado condenó a penas irrisorias a dos acusadas.
El próximo 30 de abril a las 12:00 se fijó el inicio del juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusada por el fallecimiento de la joven Sol Chávez (22) quien murió por intoxicación por flúor.
En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió el 9 de abril de 2021.
Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.
Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
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Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal generalfigura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
Comunicado emitido por los sindicatos de funcionarios del Ministerio Público en respaldo a la gestión del fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Foto: Gentileza
El arquitecto Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano de Asunción, destacó que la digitalización trajo beneficios tanto para los inversionistas como para el propio municipio. Foto: Gentileza
Municipalidad de Asunción: implementación de planos digitales duplicó la recaudación
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La implementación de planos digitales generó auspiciosos resultados en la Municipalidad de Asunción, puesto que ha mejorado ostensiblemente las recaudaciones en concepto de impuesto a la construcción. El arquitecto Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano, destacó que la digitalización trajo beneficios tanto para los inversionistas como para el propio municipio.
“Los planos digitales son una idea que tuvimos en la Municipalidad para acompañar la gestión del gobierno central, porque veíamos que se estaba abriendo el panorama de inversiones de envergadura en Asunción y teníamos un sistema totalmente desfasado en la aprobación de planos por biblioratos. Logramos concluir el sistema de aprobación digital, que sí trajo enormes resultados; por ejemplo, en la recaudación”, señaló a La Nación/Nación Media.
Hubo un notorio incremento en los ingresos tributarios para la comuna asuncena tras pasar del manejo manual de expedientes al sistema digital. “La recaudación del impuesto a la construcción en el año 2017 fue de 18.000 millones de guaraníes, y nosotros cerramos ahora el 2024 con 82.000 millones de guaraníes de recaudación. Eso no es fácil. Los gremios de la construcción constantemente nos felicitan y nos llevan a sus instalaciones para dar charlas sobre este sistema que está funcionando”, significó.
El arquitecto Sotomayor incluso dijo que en los tres meses de este año 2025 ya se logró ingresar 19.000 millones de guaraníes, superando la recaudación anual anterior a la aprobación digital de planos. “El sistema es muy beneficioso para el municipio porque duplica la cantidad de impuesto”, destacó.
También aumentó el volumen de los planos aprobados. “Los planos creo que se manejaban a un volumen de más de mil aprobaciones por año y esto subió a 2.000. Los más importantes son los de altura. Antes de la pandemia fuera del microcentro de Asunción había como cien edificios en total y ahora puedo asegurar que son más de 500. O sea, estamos pasando por un boom económico dentro del sector de edificios que no tiene precedentes. Creo que es el mejor momento en la historia de Asunción en lo que se refiere a esto”, expresó.
El juez Rodrigo Estigarribia se ratificó en la admisión de la imputación contra la ujier Audrey Jazmín Galeano, imputada por el caso de la mafia de los pagarés. Foto: Archivo
Mafia de los pagarés: juez rechazó chicana y ratificó admisión de imputación contra ujier
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ratificó la admisión de la imputación contra la ujier notificador, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.
La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había presentado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.
El magistrado mencionó que si bien es cierto, existe una práctica normalizada de presentar recursos de reposición contra todo tipo de providencias, es importante recordar lo que menciona el artículo 449 del Código Procesal Penal.
“Los recursos son admisibles únicamente cuando la resolución causa agravio al recurrente y simplemente realizar afirmaciones genéricas como, por ejemplo, expresar que no se pudo iniciar el procedimiento, pues el acta de imputación carece de especificidad o es un relato genérico, no es fundamento suficiente sino más bien, aparente y tampoco lo es no estar de acuerdo con la decisión”, señala la determinación adoptada por el juez.
Este tipo de presentaciones se realiza a los efectos de dilatar y evitar que la imputada se someta a los mandatos de la Justicia, atendiendo a que con la presentación hecha se tendrá que suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares.