A través de un comunicado varios gremios empresariales expresaron su repudio contra los sectores políticos que alientan a la violencia con la finalidad de lograr y reivindicar sus réditos particulares mediante la manipulación a campesinos y a otros sectores vulnerables como los indígenas.
“El país asistió este miércoles al irresponsable despliegue de violencia orquestado por quienes están acostumbrados a utilizar el ataque, la agresión y el desprecio por la vida como herramientas para obtener resultados políticos”, refieren en el comunicado.
El documento se encuentra firmado por los representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD), y la Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Paraguay (CNCSP).
“Si bien la responsabilidad material cae sobre los hombros de quienes realizaron dichos actos hiriendo a los compatriotas que solo cumplían con su deber, la responsabilidad moral por los mismos y por la incitación y manipulación de campesinos e indígenas, pesa sobre activistas políticos que utilizan el recurso de la violencia sin importar las consecuencias”, refieren.
“Como falsos profetas que son, levantarán voces indignadas”
Por otra parte los representantes de dichos gremios argumentan que finalmente terminarán mostrándose ante la ciudadanía como “los falsos profesas” para poder cumplir sus fines políticos e ideológicos.
“Esos operadores, desde la comodidad de sus despachos acondicionados, ocultos detrás de sus celulares, evaden la responsabilidad de construir un país mejor y operan en la destrucción y el desorden. Mañana como falsos profetas que son levantarán voces indignadas y caminarán sobre la sangre derramada y los daños ocasionados para volver a reivindicar objetivos particulares”, refieren.
“Exigimos a las autoridades que hagan respetar”
Finalmente expresaron su solidaridad con las víctimas de los atracos registrados en la fecha tras la sanción del proyecto que eleva las penas carcelarias contra los invasores, el cual ya pasó al Ejecutivo para su promulgación o veto.
“Reafirmamos que las fuerzas del orden público son los únicos con derechos legítimos de ejercer la fuerza para controlar hechos vandálicos. Manifestamos nuestra solidaridad a las víctimas y exigimos a las autoridades que hagan respetar, tanto el derecho a la manifestación pacífica, como los derechos de quienes no están de acuerdo. Exhortamos a toda la ciudadanía a reafirmar las herramientas de la democracia por encima de la violencia intolerante y criminal”, indican.
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