La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fondos ocultos en islas Seychelles por valor de 21 millones de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel Santagada y el periodista y analista Ignacio Martínez en la última emisión de “Cara o cruz” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibilidad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la gravedad de la acusación.

“No damos idea cuanto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados o condenados, eventualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fundador del portal PeriodismoyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó adelante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”. El abogado indicó que “es importante que haya comunicaciones e información institucional sobre todas las causas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la República, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

Lea más: Abdo y la Ruta del Dinero K: un mismo patrón de ocultamiento

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una filtración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, siendo supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.

Lea también: Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal

El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.

El Consejo de Seguridad Social se pudo completar con el nombramiento provisorio de miembros del sector de jubilados, a través del decreto n.° 4356, firmado el 28 de julio por el presidente de la República, Santiago Peña. Los designados tendrán un mandato temporal de un año, a la espera de las elecciones donde se designarán a los representantes definitivos.

El Poder Ejecutivo confirmó a Rodi Hernán Ozuna Paredes como miembro titular y a Jorge Pineda Brítez, como suplente. Este consejo se reunió en dos ocasiones desde su constitución por la ley n.° 7235/2023, que crea que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Durante su última reunión, en junio, se definió un plan de acción para la Caja de Jubilaciones; mientras que el primer encuentro fue en diciembre de 2024.

Lea más: Alliana destaca generación de empleos con la reactivación de Aña Cuá

El Consejo de Seguridad Social está integrado actualmente por el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Voldovinos, y la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), Mónica Recalde, quienes conforman el bloque estatal.

Por el sector empleador fueron designados Enrique Vidal Lovera como titular y Luis Fleitas Bogarín como suplente; mientras que, por el sector trabajador, también con carácter provisional: Jorge Sebastián Luraghi como titular y Ramón Tomás Ávalos González, suplente. Completan la lista los representantes jubilados nombrados ayer por el Poder Ejecutivo.

Siga informado con: Latorre expondrá en Ginebra las oportunidades que ofrece Paraguay para inversiones

De confirmarse que es beneficiario final, el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez repite el esquema de cuentas offshore que ya fue investigado y condenado en la Argentina con la expresidenta Cristina Fernández.

El escándalo denun­ciado por el periodista argentino Luis Gasu­lla, de Periodismo y Punto, sobre la supuesta fortuna no declarada del expresidente Mario Abdo Benítez en cuen­tas en paraísos fiscales remite a un antecedente cercano que también tuvo ribetes de estré­pito. El caso coincide en las islas Seychelles como destino del dinero oculto, pero en el caso argentino ya tuvo escla­recimiento con la condena por parte de la Justicia. Pero las similitudes no se remiten solamente a un destino.

Tanto en el caso conocido como “La ruta del dinero K”, en referencia a la for­tuna de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, como en el que involucra al expresi­dente paraguayo Mario Abdo Benítez, se repite un patrón frecuente: el uso de empre­sas offshore registradas en paraísos fiscales, específica­mente en las islas Seychelles, para ocultar la trazabilidad del dinero.

Las islas Seychelles, un paraíso fiscal enclavado en pleno océano Índico, cerca de las costas de Madagascar, aparecen como uno de los des­tinos finales del dinero lavado por numerosos empresarios y políticos a nivel mundial. Estas islas ofrecían hasta hace pocos años opacidad bancaria total, sin requeri­mientos sobre beneficiarios finales; sociedades offshore que se constituían en menos de 48 horas sin control efec­tivo y la ausencia de coope­ración judicial internacio­nal eficaz (hasta que en 2021 mejoró sus normas y salió de la lista negra del GAFI).

En ambos esquemas monta­dos (bajo sospecha en el caso del expresidente paraguayo), las cuentas no están a nom­bre de los políticos implica­dos, sino de sociedades que actúan como intermedia­rias, lo que torna más difícil la detección del vínculo directo con los fondos.

No obstante, en los dos casos, las filtraciones señalan a los beneficiarios finales que en el caso de los K se refiere al empresario Lázaro Báez y su familia, Abdo y su esposa en el segundo. En el caso de las cuentas vinculadas al expre­sidente, estas reciben remesas desde otras zonas de empre­sas establecidas en Hong Kong o Dubái, lo cual dificulta aún más hacer un seguimiento al origen de los fondos.

Otra coincidencia es el intento de ambos protagonistas por desmarcarse de las acusaciones. En el caso K, se recurrió a la negación y a dis­cursos políticos que intenta­ban desacreditar las denun­cias. En relación a Abdo, fue el propio exmandatario que recurrió a un comunicado en redes sociales negando la existencia de estas supues­tas cuentas y aleccionando a sus aliados (políticos y en los medios) que lo defiendan de la “campaña política” montada en su contra.

Pero claramente la intención al apelar a esa estrategia es la preventiva. Es por ello que Mario Abdo y su equipo de abogados envió un pedido ofi­cial al Gobierno de Seyche­lles pidiendo confirmación sobre la titularidad e inexis­tencia de cuentas a su nombre, sabiendo que estas no están registradas directamente a él, sino a través de terceras firmas. En ambos casos, se intenta cerrar el escándalo desde el aspecto formal, sin desmontar el circuito del dinero.

La clave en los dos procesos está en la capacidad del Minis­terio Público en investigar más allá de los titulares de las cuentas. La ruta del dinero, es decir, el camino que recorren los fondos desde su origen hasta su destino final, per­mite detectar irregularida­des, incluso cuando los nom­bres no figuran en los papeles visibles. En el caso argen­tino, la Justicia logró probar lavado de dinero y condenar a los responsables. En el caso paraguayo, aún resta deter­minar si la Fiscalía tomará un rumbo autónomo o cederá ante presiones políticas.

El sonado caso de “La Ruta del Dinero K”, que fuera iniciada a través de una denuncia que la hiciera hace 10 años el perio­dista Jorge Lanata (Perio­dismo para Todos) involucra a Báez y otros acusados por lavado de dinero proveniente de la obra pública. Báez fue condenado a 12 años de pri­sión en 2021 por lavado de dinero y a 6 años en 2022 por asociación ilícita con Cristina Fernández de Kirchner. Ade­más, se le inhibieron los bie­nes y se le prohibió salir del país.

La Justicia determinó que se lavaron más de USD 55 millo­nes, aunque se sospecha que el monto real fue mucho mayor.

El esquema que siguió la ruta del dinero K era bastante común para operaciones que pretendían convertirse en lavado de activos. Así se hacía primeramente la extracción de dinero en efectivo: millones de dólares en efectivo salían en valijas desde Santa Cruz hacia Buenos Aires (documentado en cámaras de seguridad). Luego el traslado al exterior: el dinero era llevado en vuelos privados a Uruguay, luego transferido a bancos en Suiza, Panamá y otros.

Un paso clave era la creación de sociedades offshore: a través de firmas como SGI (conocida como La Rosadita) se constituían empresas pantalla en paraísos fiscales como Panamá, Belice, Hong Kong y Seychelles. Otra instancia eran las cuentas bancarias en los paraísos fiscales: estas sociedades abrían cuentas en bancos de paraísos fiscales. En Seychelles, por ejemplo, se documentaron empresas vinculadas a Báez con fondos millonarios sin una justificación clara. El lavado a través de inversiones y retornos: una vez blanqueado, parte del dinero retornaba a la Argentina mediante compras de propiedades, campos, autos de lujo y financiamiento de medios y empresas.