El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dionisio Amarilla aseguró que la agrupación política ya inició el proceso de preparación con miras a las elecciones municipales del 2026, en el marco de un diálogo amplio con la dirigencia de base. Según explicó, existen posturas divididas sobre la estrategia electoral, entre quienes proponen una “competencia intensa” para movilizar al partido y los que apuestan al “consenso” para optimizar recursos.

“Estamos empezando a dialogar con la dirigencia. Algunos proponen la línea de la competencia intensa, otros dicen que hay que ir por el consenso. Tal vez terminemos con una línea mixta: competir donde sea útil y generar acuerdos donde no haya condiciones claras de éxito”, expresó el legislador.

Como ejemplo, mencionó el caso de Nueva Italia, donde el partido perdió la intendencia en los últimos comicios. “Nunca habíamos perdido ahí, pero ocurrió. No puedo venir a imponer, tengo que escuchar a los dirigentes. Si recomiendan que el camino para recuperar el municipio es el consenso, es lo que debemos hacer”, indicó.

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En contraste, Amarilla señaló que en distritos como Fernando de la Mora o J. Augusto Saldívar, la competencia interna podría fortalecer al partido. “Cuanto más compitamos, más entrenados estarán los liberales para retener la comuna, sin importar quién sea el candidato”, sostuvo ante la 1080 AM, adelantando que el PLRA aplicará estrategias diferenciadas según la realidad de cada localidad.

El legislador también valoró el compromiso de las nuevas generaciones liberales, que, según dijo, buscan que el partido “tenga oficio de poder”, promoviendo propuestas concretas para mejorar la vida de la ciudadanía. En ese sentido, expuso que no duda en dialogar con los ministros para que “bajen al territorio” para atender los problemas reales de la gente.

“Nosotros no estamos para encubrir a nadie ni desentendernos de las cuestiones que también nos afectan. Tenemos que saber administrar los medios disponibles para generar el mayor impacto posible en la calidad de vida de los habitantes”, concluyó el senador.

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El consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, designado por el Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, detalló las acciones que encarará durante el plazo de 60 días.

“Lo primero que haré como puntapié inicial es examinar el flujo de caja, cuáles son las recaudaciones que se tienen, las disponibilidades con que cuenta el municipio y fijar un calendario de cronograma de ejecución de obras en curso de manera a que pueda explorar cuáles son los recursos presupuestarios que tiene los servicios en ejecución y cuáles son las proyecciones de las recaudaciones así como los gatos rígidos que se tienen que ir cubriendo”, indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El expre­sidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empre­sas manifestó: “Hay que estar muy cerca de la gente, siempre me interesa empezar por la casa, que no le falte el salario al personal, la gente tiene familia, cuentas que pagar, vamos a empezar mirando todo lo que corresponde y atañe a la gestión de los funcionarios de manera a que esto esté totalmente cubierto y, por supuesto, miraremos las obras en curso de manera a evaluar si los recursos alcanzan para cubrir los compromisos”.

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Ante las afirmaciones de políticos opositores, colorados disidentes y medios de comunicación afines que alegan que la intervención será un mecanismo para “blanquear” a Rodríguez, puntualizó: “Yo soy respetuoso de las opiniones, no entró nunca a hacer juicio de valor sobre las cuestiones políticas. En nuestro país se dicen muchas cosas, es parte de nuestra realidad democrática, política”.

"Yo haré un trabajo estrictamente profesional y con mucha responsabilidad. El trabajo que hace un interventor es describir todo lo que ya ocurrió, no viene a cambiar el curso de acción, de manera que no se puede torcer absolutamente nada. Se justificarán todas las acciones y decisiones que tomamos. Vamos a estar trabajando con un mecanismo de comunicación fluida en el marco de una transparencia absoluta para que la ciudadanía esté tranquila y sepa lo que se está haciendo“, acotó Pereira.

Señaló que esta mañana mantendrá una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, con la finalidad de interiorizarse sobre el trámite inicial del proceso de fiscalización. Agregó que este jueves sesionará por última vez como consejero del IPS, para luego requerir permiso con la finalidad de abocarse exclusivamente al proceso de intervención.

Añadió que durante su trabajo no impulsará cambios en las diferentes dependencias de la municipalidad de Asunción. “Yo seré bastante abierto, escucharé a lo que están trabajando, no tengo mucho tiempo, en 60 días, bajo ningún punto de vista será prudente cambiar algo en materia de cargo, yo tengo que confiar en el trabajo de la gente y así lo haré”, refirió.

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El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advirtió que la nueva interrupción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación, podría comprometer seriamente los preparativos para futuras elecciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cuestión se nos complica enormemente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso licitatorio.

El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifestaron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero, sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer desembolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máquinas.

“Si no recibimos las máquinas, entonces no va a haber pago, y tenemos que renegociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obstaculizada por una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.

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Esta firma cuestionó la exigencia de una experiencia mínima de 10 años en fabricación y manejo de máquinas de votación, pese a que en su propia web reconoce tener solo cinco años de trayectoria y que además, tampoco cumpliría con otras exigencias contempladas en el pliego de bases y condiciones.

“Si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por uno?”, cuestionó el director de Procesos Electorales del TSJE, al tiempo de remarcar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había rechazado el reclamo.

Además de la experiencia, el TSJE exige a los oferentes haber participado en procesos electorales anteriores, contar con un nivel mínimo de facturación y demostrar solvencia económica, requisitos clave considerando que deberán proveer 28.000 máquinas y cobrar en cuatro etapas durante los próximos cuatro años.

“El inicio de todo el proceso de ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos las máquinas. No podemos desarrollar el software ni definir los dispositivos de seguridad para almacenamiento de baterías si no tenemos ya las máquinas”, remarcó, detallando que para avanzar en esta etapa, primero se necesita contar con los dispositivos.

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“No se puede hablar de un caos administrativo en la municipalidad de Asunción y de eso el interventor se dará cuenta”, dijo el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres. Sus afirmaciones surgen ante la pretensión de concejales de la oposición en declarar la institución en quiebra en el marco de un proceso de intervención a la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“No existe un caos administrativo; en ningún momento se habló de algún tipo de daño patrimonial o faltante”, expresó al programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media. De esta forma, Torres señaló que el informe de la Contraloría no reporta faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que plantea una diferencia de interpretación legal sobre el uso de la cuenta única municipal.

“Obviamente, nosotros entendemos que no existía causal para la intervención, pero una vez ya resuelta, ya que estamos en un estado social de derecho, lo tenemos que asumir. Lo que hay que entender es que la municipalidad puede pasar por un estado transitorio de iliquidez, pero eso no quiere decir que no tenga los recursos para cubrir todos los compromisos que tiene. La municipalidad de Asunción cuenta con suficientes activos”, expresó.

No obstante, agregó que la municipalidad posee como principal conflicto una alta tasa de morosidad que se potenció desde el anuncio del pedido de intervención por parte de la Contraloría. Asimismo, refirió que ya se encuentra totalmente regularizado el pago de salarios a los funcionarios.

“El anuncio del pedido de intervención tuvo un impacto negativo en la institución en materia de recaudación. No es la única causa, pero es un elemento o cuestión exógena que socavó nuestras recaudaciones, impactando negativamente”, comentó.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

“La instrucción que tenemos los funcionarios es estar a disposición de la intervención, a los efectos de facilitar cualquier consulta o documentación que requiera el interventor, para que pueda realizar la auditoría y todo el proceso de manera normal y regular”, indicó Torres, quien estuvo acompañado por el jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa.

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