Luego de que el Ministerio de Salud Pública haya establecido un convenio con los sanatorios y hospitales privados para que estos pudieran albergar a pacientes con COVID-19, la cartera sanitaria fue acumulando una deuda, que según la contraparte, se volvió insostenible.

El monto supera los 43 millones de dólares, si bien la Ley de Emergencia Sanitaria vigente establece un pago simplificado siempre con fondos de la ley. No obstante, autoridades del Ministerio de Hacienda afirman que estos recursos se encuentran 100% comprometidos.

Al respecto, el doctor Raúl Doria, especialista en medicina interna y director ejecutivo del grupo San Roque, mencionó que “la situación es muy compleja, todos estamos preocupados por la misma. En total, atendimos más de 5.700 pacientes del público en el sector privado que no tenían cama en dicho sector y si nosotros no salíamos a dar el apoyo, no sé dónde se iban a ir, en sus casas o la calle, quizás”.

Señaló también que el Ministerio de Salud incluso tenía pensado impulsar una ley para cubrir los gastos restantes, pero que finalmente no fue tratada en la Cámara de Diputados.

“Nosotros no sabemos de dónde saldrán los fondos, constantemente Hacienda y Salud dicen que hay fondos, pero realmente no nos cuentan de dónde salen”, dijo el doctor Doria en una entrevista en el programa “Fuego Cruzado”, emitido por GEN.

“Si seguimos con este ritmo, puede ser que cubran esta deuda en 10 años

El médico agregó que las excusas del Gobierno en cuanto a la posibilidad de los pagos ya vienen siendo arrastradas desde el pasado mes de abril, sosteniendo que están pagando de a “puchito”, ni siquiera menos del 1% cada vez que pagan. “Si seguimos con este ritmo, puede ser que cubran esta deuda en 10 años, mientras tanto se tiene este huracán que se está formando y que probablemente nos llegue a afectar, según las estimaciones, para fin de año, que es la tercera ola”, dijo.

Mencionó que en el caso de que se cumpla dicha estimación y si el Estado aún no cumplió con sus obligaciones con el sector privado, la situación será difícil porque no pueden negar la admisión a un paciente que viene a atenderse en sus hospitales, pero que definitivamente no tienen los recursos para tener la misma cobertura que tuvieron cuando explotó la pandemia, donde llegaron a 800 camas. “Si no recibimos ayuda en forma de pagos será imposible”, advirtió.

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“Nuestro compromiso no es cerrar las puertas”

El profesional de la salud expresó que otra posibilidad sería que finalmente los centros privados soliciten préstamos a los bancos, para cubrir los gastos respecto a los equipos, insumos, entre otros. Esto en caso de que se produzca la tercera ola del COVID, pero que de todas formas la deuda seguirá creciendo.

“Nuestro compromiso no es cerrar las puertas, en ningún momento dijimos que nuestra política será: si no nos pagan, cerraremos las puertas y no le atenderemos a nadie del sector público; pero es difícil, se hará lo que se pueda, pero ojala que esta ola sea más pequeña y que el Estado cumpla con su compromiso”, refirió.

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