En una reunión con la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) de Itapúa, el exvicepresidente y senador colorado Juan Afara analizó el proyecto de ley que prevé la ampliación de las expectativas de penas de 2 a 6 años e incluso hasta 10 años cuando se produzca daño patrimonial a la propiedad privada invadida.
La reunión tuvo lugar en el distrito de Natalio, Itapúa, y contó con la presencia del presidente de la CAP filial Itapúa y varios productores de la zona. Analizaron el proyecto a ser tratado en el Senado “Que modifica el artículo 142 de la Ley 3.440/2008 ‘Que modificó el artículo 142 de la Ley N° 1.160/1997 Código Penal’”.
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De 2 a 10 años de cárcel
El proyecto fue presentado por los senadores Enrique Riera, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan, Rasmussen, Patrick Kemper, Enrique Bacchetta y Fernando Silva Facetti el 24 de agosto pasado. En principio su estudio fue postergado por 22 días a pedido del senador liberal Víctor Ríos, para el 30 de setiembre próximo, pero este jueves se logró que el proyecto sea incluido para su estudio en el orden del día de este jueves próximo, lo que adelantará su tratamiento.
De acuerdo con la propuesta de modificación, el artículo estipularía cuanto sigue: “Artículo 142.- Invasión de inmueble ajeno. 1° El que, individualmente o en concierto con otras personas, sin consentimiento del titular de la posesión o del dominio, ingresare con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno y permaneciere en él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”.
El articulado continúa estipulando: ”2° Cuando la invasión se realizare con daño patrimonial a los bienes o cosas existentes en el inmueble ajeno, la pena será privativa de libertad de hasta diez años”.
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Producción de trigo se expande en superficie, pero enfrenta presión de costos y precios
La producción de trigo en Paraguay mantiene su capacidad de autoabastecimiento y genera excedentes para la exportación, principalmente al Brasil, aunque el cultivo continúa condicionado por factores climáticos, sanitarios y de rentabilidad, explicó Rubén Sanabria, productor y vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo, recordó que el impulso inicial del trigo se dio con el Programa Nacional del Trigo, durante la gestión del exministro Hernando Bertoni, logrando adaptar un cultivo propio de climas templados a condiciones tropicales y subtropicales, con fuerte apoyo tecnológico regional, especialmente de Brasil. Este proceso permitió el desarrollo de variedades nacionales, como las originadas en Itapúa y Canindeyú, y sentó las bases del crecimiento del rubro.
Actualmente, la producción nacional oscila entre 1 y 1,3 millones de toneladas, volumen que permite cubrir el consumo interno estimado entre 800.000 y 1 millón de toneladas y exportar el excedente al mercado brasileño. Este escenario contrasta con décadas anteriores, cuando el país dependía de importaciones de trigo y harina.
Superficie triguera creció 3,9 % en la campaña 2025
De acuerdo con datos del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), la superficie cultivada de trigo en la Región Oriental alcanzó 392.890 hectáreas en la campaña 2025, lo que representa un aumento de 14.687 hectáreas respecto a 2024, cuando se habían sembrado 378.203 hectáreas.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por departamentos como Caazapá, que registró un incremento de 11.579 hectáreas, Amambay con 5.332 hectáreas adicionales, Caaguazú con 3.350 hectáreas e Itapúa, que sumó 3.797 hectáreas. También se observaron avances en San Pedro y Misiones.
En contrapartida, se registraron reducciones en Alto Paraná, que sigue siendo el principal productor del país pero recortó 5.686 hectáreas, así como en Canindeyú, con una caída de 7.667 hectáreas, reflejando la cautela de algunos productores ante los riesgos climáticos y económicos.
Costos elevados y precios desincentiva al productor
El vicepresidente de la CAP advirtió que, pese a su importancia, el trigo es un cultivo altamente vulnerable a heladas y enfermedades, debido a las altas temperaturas y humedad del clima subtropical, lo que eleva los costos de producción por el mayor uso de tecnología y control sanitario.
Asimismo, señaló que uno de los principales reclamos del sector está vinculado a los precios que reciben los productores. Indicó que los molinos suelen ajustar los valores a la baja cuando cuentan con elevados stocks, una práctica que desincentiva la expansión del cultivo y afecta la rentabilidad, situación comparable a lo que ocurre en la cadena cárnica.
Finalmente, resaltó que el trigo no solo cumple un rol económico, sino también estratégico dentro del sistema productivo, al ser un cultivo clave para la rotación agrícola y para el desarrollo industrial de varias localidades del interior, donde la actividad molinera se convirtió en motor de crecimiento y empleo.
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Disidencia colorada suma la aspiración presidencial de Lilian Samaniego
La senadora colorado Lilian Samaniego confirmó sus intenciones de postularse para la carrera al cargo de la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028 con su movimiento Causa Republicana, con lo que se suma a otros dos prematuros aspirantes presidenciales por la disidencia colorada, el senador Luis Pettengill y Arnoldo Wiens, exministro abdista de Obras Públicas.
La precandidatura de Samaniego fue confirmada este último fin de semana durante un encuentro con dirigentes y simpatizantes en la ciudad de Pilar, en Ñeembucú, como parte de una gira de su plataforma política, que comparte con su hermano Arnaldo Samaniego y Juan Afara, ambos también senadores. Además, Arnaldo Samaniego se lanzaría próximamente para competir por la intendencia de Asunción para los comicios de 2026.
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Con este anuncio, Lilian Samaniego descartó por el momento que vaya a convertirse en dupla de Arnoldo Wiens como su vicepresidenta en el proyecto del movimiento Colorado Añeteté, vinculado al exmandatario Mario Abdo Benítez. La misma compitió por su banca con Fuerza Republicana, pero luego se desmarcó como independiente. Por este último sector, creado por el exvidepresidente Hugo Velázquez, aparece Pettengill como carta presidenciable.
En su trayectoria política, Lilian Samaniego fue la primera mujer en presidir la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, primero de forma interina entre noviembre de 2008 a 2011, luego electa en el mismo cargo para el periodo 2011-2016. Luego llegó a ser jefa de campaña del movimiento Honor Colorado por la candidatura de Pedro Alliana para la presidencia de la ANR (2015-2022), actual vicepresidente de la República. El exmandatario Horacio Cartes, y líder de Honor Colorado, preside el Partido Colorado desde el año 2023.
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“Endurecer penas a adolescentes no atiende las causas de la delincuencia”
- Jorge Zárate
- jorge.zarate@nacionmedia.com
- Foto: Gentileza
La experta Andrea Vera Aldana entiende que el encierro prolongado sin proyecto educativo-laboral aumenta la reincidencia y reproduce exclusión. “La evidencia histórica y doctrinaria muestra que el paradigma socioeducativo y restaurativo es más eficaz, humano y compatible con obligaciones internacionales, mientras que el punitivismo ya nos costó condenas y estigmatización y no sirvió para ningún fin en favor de los adolescentes y la sociedad”, expone en esta entrevista.
La abogada Andrea Vera Aldana, doctora en derecho y exmiembro del Tribunal de Apelación Penal Adolescente de la Capital, considera respecto al aumento del marco penal para crímenes en adolescentes que “un endurecimiento legislativo es contrario a los compromisos internacionales asumidos por Paraguay y puede incluso generar responsabilidad internacional, como ocurrió en el caso Centro Educativo Panchito López vs. Paraguay, donde la Corte IDH condenó al Estado por violaciones graves de derechos humanos”, apuntó.
“Actualmente hay unos 50 adolescentes en el Centro Educativo Itauguá frente a los más de 18.000 privados de libertad adultos en todo el país. Es decir, la delincuencia adolescente es mínima (esto sumado al casi 70 % de población joven en Paraguay) frente al fenómeno global de la criminalidad adulta. Por tanto, de modo alguno puede justificarse un aumento de pena, porque de hecho solo se basa en estigmas y no en datos estadísticos, científicos o jurídicos”, expone.
–¿Qué opina sobre el endurecimiento de penas para los adolescentes que cometan crímenes?
–El endurecimiento de penas es regresivo, contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la experiencia histórica del país. No soluciona la inseguridad, profundiza la exclusión y expone al Estado a nueva responsabilidad internacional. La verdadera alternativa es apostar por un modelo de justicia juvenil restaurativa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana.
OBLIGACIONES INTERNACIONALES
–¿Cambia en algo esta situación? De regir, ¿producirá algún efecto?
–Esto no cambia el marco internacional. Aunque la reforma esté vigente, Paraguay sigue obligado por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la jurisprudencia de la Corte IDH.
La primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos (art. 137 CN) implica que cualquier ley contraria es inconstitucional. Es decir, es potencialmente inconstitucional, ya que al contradecir principios como el de que la privación de libertad debe ser último recurso y por el tiempo más breve, la reforma puede ser objeto de acciones de inconstitucionalidad y de control de convencionalidad por parte de jueces nacionales. Entiendo que busca un efecto simbólico inmediato, puede satisfacer la demanda social de “mano dura”, pero ese efecto es pasajero. No reducirá la criminalidad juvenil.
–¿Qué alternativas hay a estas medidas?
–El camino alternativo está en profundizar el paradigma de la protección integral, que significa mirar al adolescente no como “enemigo”, sino como sujeto de derechos y de oportunidades. El desafío no es castigar más, sino garantizar condiciones para que ningún adolescente necesite delinquir para sobrevivir. Esa es la verdadera política de seguridad y justicia.
–¿Cuáles son algunas medidas concretas que pueden citarse?
–El recorrido histórico y doctrinario muestra que hay caminos más eficaces y humanos como las medidas no privativas de libertad a través de los programas de justicia restaurativa que involucran el diálogo entre víctima y adolescente, reparación simbólica o material, la aplicación del instituto procesal de la remisión prevista en el Art. 242 del Código de la Niñez y la Adolescencia. También el trabajo comunitario supervisado, que responsabilice sin segregar y los programas socioeducativos a través de escuelas de segunda oportunidad y formación técnica dentro y fuera, además de los programas culturales, deportivos y de oficios que fortalezcan la autoestima y los proyectos de vida.
PREVENCIÓN TEMPRANA
–Como exmagistrada con amplia experiencia en materia penal adolescente, ¿qué políticas públicas sugerirías poner en marcha de manera inmediata?
–Es fundamental la prevención temprana con políticas de apoyo a las familias, protección frente a la violencia y cobertura social efectiva. Acceso garantizado a salud mental y programas de adicciones para adolescentes en riesgo. Transformación de los centros educativos. Pasar de lugares de encierro punitivo a verdaderos espacios socioeducativos. Invertir en infraestructura, personal capacitado y proyectos productivos (panaderías, talleres, energía limpia, etc.).
–¿Cuáles son algunas de las medidas más inmediatas que deberían tomarse?
–Pensamos en un plan de intervención de 100 días con algunos elementos que considero relevantes como descongestionar los centros de reclusión priorizando reglas de conducta, libertad asistida y trabajo comunitario supervisado para delitos sin violencia. Que haya unidades de justicia restaurativa en cinco capitales departamentales (existe un plan piloto desarrollado en Lambaré como antecedente y verificación de su funcionalidad). También una defensoría técnica temprana y especializada que intervenga desde el primer contacto policial, que se combine con una instrucción obligatoria a comisarías más tarjetas de derivación rápida a servicios sociales y de tratamiento de adicciones, por ejemplo.
–¿Cuál le parece que es el principal desafío que se plantea frente a esta realidad?
–La gran tarea es cambiar la mirada social sobre la adolescencia en conflicto con la ley. El derecho ya nos dio las herramientas (Convención del Niño, Reglas de Beijing, jurisprudencia de la Corte IDH). Lo que falta es voluntad política, articulación interinstitucional y un cambio cultural profundo. Si no logramos esto, seguiremos oscilando entre avances en el papel y retrocesos en la práctica.
POPULISMO PUNITIVO
La insistencia en penalizar a menores, en bajar la edad de imputabilidad, aparece de manera recurrente en la agenda pública. Al abordar el porqué de este fenómeno, Vera Aldana expone: “Es lo que llamamos populismo punitivo: frente a la inseguridad, las medidas de ‘mano dura’ generan un efecto de satisfacción inmediata en la opinión pública, aunque sean ineficaces. Se castiga más, pero no se resuelven las causas estructurales”.
Esto se debe básicamente a la persistencia del paradigma tutelar y punitivo disfrazado de protección. “Desde la doctrina de la situación irregular hasta hoy, los Estados latinoamericanos han tenido la tentación de usar la represión como herramienta de control social, sobre todo frente a los sectores más pobres”, sostiene.
Para la abogada, “se da una criminalización de la pobreza porque la mayoría de adolescentes en conflicto con la ley proviene de contextos de exclusión, violencia familiar y falta de oportunidades. Endurecer penas significa, en los hechos, penalizar la pobreza, no reducir la delincuencia”, considera.
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Diputados: modifican propuesta que endurece penas a menores de edad que cometan crímenes
La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de este martes, aprobó con modificaciones la propuesta normativa que endurece penas a menores de edad que cometan hechos punibles calificados como crímenes por el derecho penal común.
Durante la plenaria analizaron y plantearon modificaciones a la propuesta de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores “Que modifica el artículo 207 de la Ley Nº 1680, Código de la Niñez y de la Adolescencia”.
Esta iniciativa propone elevar de 8 a 15 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan hechos punibles calificados como crímenes por el derecho penal común.
Los impulsores de la presente reforma fundamentan la propuesta en el “aumento del índice de criminalidad cometidos por menores de edad” y en la necesidad de “endurecer las penas a los infractores respecto a los hechos punibles considerados graves”.
Deciden dejar en 10 años
Sin embargo, la Cámara de Diputados, apoyándose en un dictamen de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, decidió bajar a 10 años la pena máxima.
La presidenta de dicha comisión, Rocío Abed, mencionó que la redacción actual del Art. 207 establece un máximo de 8 años de pena para los menores que cometan un crimen.
“Excepcionalmente, el juez competente podrá disponer la aplicación de una medida privativa de libertad por un plazo máximo de hasta 10 años, siempre que, atendidas las circunstancias del hecho y las condiciones personales del adolescente, se concluya que ninguna otra medida resulta suficiente para alcanzar los fines de educación, protección y reinserción social previstos en este Código”, expresa la redacción aprobada.
Tras la aprobación de las modificaciones propuestas, se dispuso que el documento sea devuelto a la cámara de origen para su tercer trámite constitucional.
La exposición de motivos del documento asegura que las estructuras delictivas organizadas se valen de menores de edad para la ejecución de delitos y crímenes, sabiendo que estos recibirán sanciones reducidas o medidas socioeducativas leves, lo que no solo socava la autoridad del Estado, sino que también expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte.
Además del aumento en la duración máxima de las medidas privativas de libertad, la iniciativa contempla: evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del menor infractor; sistema mixto de responsabilidad penal juvenil que combine sanciones proporcionales con programas obligatorios de rehabilitación y reinserción; criterios de proporcionalidad, reincidencia y evaluación de la madurez psíquica del infractor.