El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al caso de Kattya González y el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de su expulsión del Senado. Gamarra afirmó que la figura de la pérdida de investidura es un juicio político, una atribución exclusiva del Poder Legislativo.

“La Corte puede opinar, interpretar o incluso analizar el procedimiento, lo que no puede hacer es reemplazar al Senado ni ejercer atribuciones exclusivas de otro poder del Estado. La pérdida de investidura es una facultad constitucional y privativa del Poder Legislativo”, afirmó el diputado para La Nación/Nación Media.

También recordó otros casos de legisladores que recurrieron a la máxima instancia judicial y ninguno logró un fallo a su favor. “Los antecedentes son claros, Payo Cubas, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, María Eugenia Bajac y otros recurrieron a la Corte y ninguno recuperó su banca por una orden judicial, porque una cosa es revisar constitucionalidad, y otra muy distinta es pretender que la Corte gobierne el Senado”, mencionó.

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Mientras tanto, en el caso de González, refirió que “política y jurídicamente ya es un capítulo cerrado, inclusive bajo los mismos criterios y discursos que ella defendía cuando fungía de inquisidora moral desde su banca”. En este caso, cuestionó que solo se busca mediatizar el caso, ya que en otros casos las resoluciones se dieron en direcciones contrarias.

“Hoy lo único que buscan es extender el show, alimentar el circo en su eterna búsqueda del caos para satisfacer su ego y evitar que se apaguen las cámaras”, criticó el diputado.

Por otra parte, se refirió al caso de los senadores electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el periodo anterior, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, señalando que no se puede comparar estos casos.

“Ahí la discusión era completamente distinta, la Corte interpretó si estaban o no habilitados constitucionalmente para jurar y asumir. En el caso de Katya, el Senado ya ejerció una atribución constitucional propia mediante una pérdida de investidura. Es una decisión política e institucional ya consumada y preclusa”, sentenció.

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“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado", indicó González en el programa “La Caja Negra” de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del área metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas.

“Esta es una causa ya iniciada en el 2013 y la acusación fue presentada en diciembre del 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante", puntualizó la agente.

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Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta", manifestó González.

La fiscal siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

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El régimen excepcional de regularización de deudas impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una alta participación de pequeños contribuyentes, que representan cerca del 70 % de las adhesiones. Según explicó el director nacional de la DNIT, Óscar Orué a La Nación/Nación Media, este comportamiento refleja una respuesta del segmento con menor capacidad financiera ante un esquema diseñado para facilitar el cumplimiento tributario.

Orué señaló que el régimen busca ofrecer una vía de regularización para contribuyentes que, en muchos casos, no incurrieron en incumplimientos por evasión deliberada, sino por restricciones de liquidez, ingresos irregulares, dificultades administrativas o acumulación de obligaciones. Ya que el esquema contempla recargo del 0 %, una entrega mínima del 10 % y financiamiento en cuotas, lo que reduce barreras de acceso para ponerse al día con el fisco.

Añadió que la concentración de adhesiones entre pequeños contribuyentes evidencia voluntad de formalización y cumplimiento cuando existen mecanismos considerados viables desde el punto de vista financiero y operativo.

En cuanto a los niveles de incumplimiento tributario, Orué indicó que históricamente los principales desafíos se concentran en sectores con uso intensivo de efectivo, alta fragmentación empresarial y mayores niveles de informalidad operativa.

Entre ellos mencionó actividades comerciales minoristas, algunos segmentos de servicios, operaciones con fuerte movilidad de mercaderías y rubros donde la facturación no siempre refleja la actividad económica real.

En ese contexto, explicó que la DNIT evolucionó hacia un modelo de fiscalización basado en cruces de información, analítica de riesgo, trazabilidad de operaciones mediante herramientas digitales, fortalecimiento del control documental y seguimiento a contribuyentes reincidentes. Asimismo, recordó que el régimen excepcional también permite regularizar contingencias tributarias ya identificadas, incluyendo deudas firmes y procesos administrativos o judiciales con aceptación expresa del contribuyente.

Sobre los niveles de informalidad en Paraguay, el titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios es la percepción de que formalizarse implica un aumento inmediato de costos sin beneficios visibles en el corto plazo.

Explicó que muchos emprendimientos operan con márgenes reducidos, ingresos variables y escasa planificación financiera, lo que convierte el cumplimiento de obligaciones tributarias periódicas en un desafío. A ello se suman el desconocimiento sobre procesos administrativos, obligaciones fiscales y herramientas digitales, además de factores estructurales como el acceso limitado al financiamiento, baja bancarización y reducida educación tributaria.

Según Orué, la formalización debe abordarse con medidas de simplificación, asistencia técnica, digitalización accesible y acompañamiento, de modo a incorporar sosteniblemente a más actores a la economía formal y facilitar el acceso a créditos, capacitaciones y mercados formales.

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Consultado sobre el desempeño del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue uno de los pilares del aumento de recaudación en abril, Orué afirmó que aún existen contribuyentes en estado omiso, por lo que el tributo podría seguir siendo un componente relevante de los ingresos fiscales durante el segundo semestre.

En ese sentido, indicó que parte del crecimiento esperado provendría del fortalecimiento del cumplimiento tributario, recuperación de deudas, reducción de brechas de evasión y consolidación de contribuyentes formalizados. Agregó que el régimen excepcional genera un efecto transitorio positivo al facilitar la regularización de obligaciones acumuladas, mientras se trabaja en medidas con impacto permanente sobre el cumplimiento fiscal.

Respecto a la desaceleración de la recaudación aduanera en un contexto de presión cambiaria sobre el guaraní, Orué señaló que las medidas previstas para el segundo semestre incluyen fortalecer el control aduanero, combatir la subvaloración de mercaderías, mejorar la fiscalización posterior al despacho y reforzar la inteligencia de riesgo en operaciones de comercio exterior.

Añadió que el objetivo es compensar eventuales pérdidas de ingresos derivadas del contexto macroeconómico mediante una mayor calidad de control, sin incrementar cargas tributarias. También destacó el combate al contrabando y el cruce de información entre importaciones, facturación y declaraciones tributarias internas para detectar inconsistencias.

Al referirse al principal problema tributario del país, Orué consideró que la informalidad representa el desafío más estructural, debido a que limita la amplitud de la base tributaria y genera inequidad competitiva.

No obstante, indicó que tanto la evasión dentro del sistema como la incapacidad de pago requieren respuestas diferenciadas. Mientras la evasión deliberada demanda controles y sanciones, la incapacidad financiera requiere herramientas de regularización, como el régimen excepcional actualmente vigente.

Finalmente, sostuvo que la DNIT trabaja en distintos frentes para fortalecer la eficiencia de la recaudación y canalizar los recursos hacia el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

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El senador Patrick Kemper comenzó a mover su estructura política en la Capital impulsando candidaturas con perfil de gestión y propuestas enfocadas en tecnología y modernización municipal. Uno de los nombres que recibe un fuerte apoyo del senador colorado es “Tino” Ayala, quien se postula como concejal por la lista 2P, opción 3 del movimiento Honor Colorado, para la Junta Municipal de Asunción.

El senador Kemper comenzó a trabajar para posicionar su espacio político y ganar peso en Asunción, así como ampliar su estructura de base con miras a las elecciones municipales, apostando por dirigentes jóvenes y perfiles vinculados a la gestión pública y la modernización del Estado.

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Uno de esos jóvenes que impulsa el senador es Constantino “Tino” Ayala, director de Fiscalización en la Municipalidad de Asunción, quien se diferencia con un discurso centrado en innovación tecnológica y modernización de servicios municipales.

Entre las propuestas que impulsa Tino Ayala figuran la implementación de una aplicación municipal con inteligencia artificial para gestionar reclamos ciudadanos en tiempo real, la digitalización de trámites y expedientes bajo el concepto “cero papeles”, semáforos inteligentes adaptativos y sistemas de iluminación solar LED para plazas y espacios públicos.

Cabe señalar que, desde la Dirección de Fiscalización Municipal, Ayala ha promovido el uso de bodycams en procedimientos de control, como herramienta orientada a fortalecer la transparencia y el registro de intervenciones.

Al respecto, el senador Kemper, destacó que el objetivo es instalar nuevos referentes con presencia territorial y perfil técnico dentro del oficialismo colorado capitalino. “Hay una oportunidad real para una nueva generación de liderazgo en Asunción. El momento político favorece perfiles como el de Tino: jóvenes con experiencia real en gestión pública y territorial”, expresó el senador.

Por otro lado, el senador Kemper se refirió a la candidatura de Camilo Pérez a la Intendencia de Asunción por la Lista 2 del movimiento Honor Colorado, resaltando que representa una esperanza de gestión y resultado para la ciudadanía.

“El pueblo colorado y la ciudadanía sabe que el perfil de Camilo Pérez es el que Asunción necesita para que vuelvan las grandes obras y soluciones a los problemas de la ciudad. Es una persona exitosa, de gestión y de resultados medibles, por lo que tenemos una gran espectativa y confianza en lograr la victoria”, finalizó.

Asimismo, el director del Registro Civil, Maxi Ayala, agregó que la candidatura de Tino representa a un gran sector de la ciudadanía y eso se nota en los recorridos por los barrios, con los vecinos.

“Tino es una persona preparada, con un proyecto serio, con un equipo solvente y sobre todo propuestas realizables que marcan una línea hacia una Asunción más moderna, más eficiente y más transparente. Es un joven con muchas ganas y con experiencia en gestión con resultados, y eso es lo que busca el ciudadano asunceno: ser escuchado y representado con candidatos frescos con nuevas ideas y mucha gestión”, finalizó.

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