La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó que se encuentra finalizando una fiscalización sobre inconsistencias entre las declaraciones juradas y los datos declarados por Luis Paciello, candidato a intendente de Lambaré, así como yerno del expresidente de la República y actual senador Fernando Lugo.
Ante estos hechos, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, explicó que se ha observado la creación de un total de tres empresas donde existen dudas en el origen de los recursos utilizados para el aporte correspondiente a las firmas.
El informe preliminar sobre el cruce de datos entre la SET y la Contraloría indica que el aporte de recursos, como capital, para la creación de las empresas es de aproximadamente US$ 1 millón.
“Hemos provisto todos los informes a la Contraloría y ellos deberán actuar de acuerdo a los datos que cuentan para actuar en consecuencia”, señaló a La Nación el viceministro de la SET, Óscar Orué.
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La Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) deberán determinar, fehacientemente, si existe algún tipo de delito, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente, sobre este caso que llama la atención.
Luis Paciello es actualmente concejal y candidato a la Intendencia de la ciudad de Lambaré y cuenta con varios bienes y lujos que no se contrastan en sus declaraciones juradas ante la Contraloría.
Emplazamiento
Desde la Contraloría explicaron que Paciello fue notificado y el mismo cuenta con un periodo de 10 días para responder sobre las inconsistencias halladas.
La Contraloría tomará las determinaciones correspondientes al caso, una vez que Paciello provea las informaciones como respuesta a la notificación realizada por la institución contralora.
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Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
El ministro estuvo en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por Canal GEN/970, y también señaló que la recaudación permitirá tener recursos para gastar en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y transferencias sociales.
Sobre la optimización del gasto público, acotó que acciones como haber fusionado el Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública permitieron eliminar más de 80 cargos gerenciales que se tenían.
“El ahorro que se tiene en el rubro de salarios es de alrededor de 9 millones de dólares. Creemos que vamos en la dirección correcta a través de las fusiones de las entidades”, manifestó.
Valdovinos remarcó que otra cuestión es la nueva Ley de Compras Públicas, que será implementada entre el MEF, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y el Banco Central del Paraguay (BCP).
“Entre todos vamos a ser los encargados de la implementación que hará las compras públicas mucho más rápidas, eficientes, transparentes y baratas”, agregó.
PASOS GRADUALES
Expresó que estos son pasos graduales con los que se avanza en la dirección correcta y que permitirán que con los recursos que se dispongan tengamos más bienes.
Acerca de la creación de empleos, dijo que el Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que el sector privado pueda invertir. “De a poco está dando resultados todo lo que se está haciendo para demostrar al Paraguay como ese país que es previsible y tiene un esquema tributario competitivo”, puntualizó.
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Violencia en Colombia: matan a un concejal
El concejal y reconocido líder político de Jamundí, Valle del Cauca, John Freddy Gil Franco fue asesinado en las últimas horas en el que supone la 55ª muerte de líderes sociales en lo que va de año. A esta muerte hay que sumar los cuatro fallecidos, incluidos un cantante y un pinchadiscos, en una nueva masacre en el norte del departamento colombiano de Cauca.
“John Freddy Gil Franco era un reconocido líder político. En las pasadas elecciones regionales fue elegido como concejal del municipio de Jamundí, Valle del Cauca por el partido MAIS”, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, destacó el Instituto de Estudios para la Paz colombiano (Indepaz) en un mensaje publicado en la red social X.
Un individuo disparó varias veces con un arma de fuego contra Gil Franco. “Desde la policía metropolitana de Santiago de Cali se ha dispuesto toda la capacidad de las especialidades un grupo especial de la seccional de investigación criminal e inteligencia, han llegado al municipio con el fin de recolectar elementos materiales probatorios”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Carlos Oviedo, citado por la radio pública colombiana.
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La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo Gutiérrez, condenó el asesinato de Gil Franco, conocido popularmente como ‘Paloma’, y destacó que no había denunciado amenazas contra su vida. Mientras, en Cauca, el cantante de música popular Sebastián Muñoz conocido como ‘El León de la Canción’, el pinchadiscos DJ JJ Villegas y otras dos personas fueron asesinados por desconocidos que irrumpieron en una vivienda del municipio de Corinto y atacaron con armas de fuego a las personas que se encontraban allí.
Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, “fueron asesinadas cuatro personas, cuatro hombres, y hay una mujer herida”. “En Corinto hace presencia especialmente el Frente Dagoberto Ramos del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC y está llegando el Frente 57 también de las disidencias”, explicó. “Sebastián Muñoz y su presentador en tarima DJ JJ Villegas mueren en la noche del día viernes 26 de abril en hechos confusos en el municipio de Corinto y que son materia de investigación”, publicó el mánager del grupo.
Secuestro
Por último, se informó del secuestro de un soldado profesional del Ejército por el Estado Mayor Central de las FARC cuando estaba de vacaciones en Cauca. Noscue Largo Guiner Kevim fue apresado cuando se desplazaba desde Toribío al sector de Tacueyó. Petenecía al batallón de artillería de campaña N.º 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez.
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“El hecho es denunciado por un familiar del militar, quien manifiesta que recibió una llamada de un desconocido, identificado como integrante de las FARC-EMC, advirtiéndole que su hermano se encontraba secuestrado”, indicó el Ejército. “La institución se solidariza con la familia de nuestro soldado y a través de un equipo interdisciplinario del Centro de Familia, se le brindará un acompañamiento psicosocial permanente”, ha añadido en un comunicado oficial.
Fuente: Europa Press
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Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
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Implementarán software para detectar irregularidades en declaraciones juradas
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, manifestó que desde la institución se busca trabajar en la elaboración de un software que permitirá detectar irregularidades en las declaraciones juradas. La iniciativa, a ser aplicada a través de un trabajo interinstitucional con la Contraloría General de República (CGR), busca combatir de manera directa los hechos de corrupción.
“Esto forma parte del plan estratégico del Gobierno, establecido luego de una cumbre de poderes, donde se definió una estrategia nacional en combate a la corrupción. Una de las iniciativas consiste en la sistematización del intercambio de información hacia la Contraloría, para lograr una labor más objetiva y eficaz a la hora de detectar casos de enriquecimiento ilícito”, explicó el ministro para el programa “Arriba Hoy”, por GEN/Nación Media.
Indicó además que se busca implementar criterios objetivos a ser implementados luego del procesamiento de datos, para trabajar de manera más integral en el procesamiento de las declaraciones recepcionadas en la Contraloría. En la primera fase del proceso, Mitic procesará todo lo referente a datos abiertos, mientras que en la fase dos se trabajará en el registro de las informaciones determinadas en diferentes instituciones, para identificar datos no correlacionados.
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“Nuestra intención es que en los próximos meses podamos contar con este proceso definido y tengamos el sistema ya operativo. La idea es materializar todo esto antes de fin de año, para dejarlo de manera activa y en plena producción”, remarcó el secretario de Estado, destacando la herramienta a ser generada para filtrar los errores en las declaraciones juradas y así determinar si han sido cometidos adrede o por algún desliz técnico.
Por otra parte, el titular del Mitic manifestó también que desde la institución se planea desarrollar otro tipo de labores colaborativas con entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, entre otros, con el objetivo de sistematizar su admisión de denuncias y las respuestas a las mismas. Esto no solo permitirá una trazabilidad en lo referente a la transparencia, sino también gestiones más eficientes y rápidas.
“Estamos trabajando en el sistematizado de denuncias. En ese aspecto, ya estamos con un diseño de lo que será el sistema, el cual básicamente pretende empezar a gestionar las respuestas en función al tipo de denuncia ciudadana recibida, determinando cuál es la entidad encargada para resolver el problema; si son varias las instituciones que deberían accionar, elaboraremos un listado de acciones de manera automatizada”, señaló.
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