La propuesta “Internet es de todos” es impulsada por el concejal y candidato Carlos Morel por el Partido Colorado (Lista 1, opción 11), que plantea elevar el acceso a la red al rango de cuarto servicio esencial en los hogares asuncenos, equiparándolo con el suministro de agua, energía eléctrica y la recolección de residuos. El aspirante a la Junta Municipal capitalina detalló este miércoles su proyecto en visita al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM.

“La brecha digital dejó de ser una discusión abstracta sobre el futuro tecnológico para convertirse en una barrera cotidiana que condiciona el presente de cientos de familias en Asunción”, describe en concejal en una nota de prensa. “Recorrer los barrios de la capital permite constatar una realidad recurrente: hogares donde hacer frente al costo de una conexión a internet estable implica un esfuerzo financiero desproporcionado, con un impacto directo e inmediato en la educación de niños y jóvenes”.

Bajo la premisa de que dos estudiantes con el mismo talento y las mismas ganas de superarse no pueden partir de puntos distintos por cuestiones de infraestructura o conectividad, surgen nuevas iniciativas en la agenda local que buscan replantear el rol del Estado municipal frente a las necesidades tecnológicas, puntualiza Morel.

El núcleo de la iniciativa no se limita al plano discursivo, sino que apunta a la articulación con los organismos rectores del sector. Como parte de los primeros pasos de este plan, se abrieron canales directos de diálogo con las cabezas del sector de telecomunicaciones en el país.

Por un lado, se mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Contael), Ing. Juan Carlos Duarte Duré, para evaluar los mecanismos regulatorios y las políticas públicas necesarias que permitan expandir la cobertura digital en zonas vulnerables de la capital. Por otro lado, la propuesta fue presentada formalmente ante la presidenta de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Natalia Borgognon, con el objetivo de explorar soluciones operativas y esquemas de conectividad accesibles enfocados prioritariamente en el sector estudiantil.

La discusión sobre la conectividad como derecho fundamental interpela directamente al modelo de ciudad que Asunción busca construir de cara a los próximos años. En un entorno donde las plataformas de aprendizaje, las tareas escolares y las oportunidades laborales dependen de una conexión a la red, la exclusión digital se traduce automáticamente en exclusión social y educativa.

Instalar el debate sobre la necesidad de políticas municipales que articulen esfuerzos con el Gobierno central y las empresas estatales marca un precedente necesario. La propuesta busca sentar las bases para que la modernización de Asunción no sea una promesa abstracta, sino una herramienta tangible que garantice igualdad de condiciones para todos sus habitantes.

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones, una de las principales promesas del presidente ultraderechista José Antonio Kast.

El proyecto es muy resistido por la oposición, que considera que solo favorece a los sectores más ricos y que podría reducir los presupuestos estatales para ayudas sociales.

La propuesta de Kast incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27 % al 23 %, cercano al promedio de los países desarrollados.

“Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa. Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.

“Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”, agregó el ministro.

La medida significará un giro en la política económica del país, dice a la AFP el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

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“Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos”, agregó.

A la izquierda no le alcanzaron los votos para frenar la megarreforma, que cuenta con medio centenar de artículos. Los opositores cuestionan las consecuencias que podría tener la reducción de la recaudación fiscal en los presupuestos de programas sociales.

“Es un retroceso. Esta reforma es nefasta para todos nosotros, para la salud, para la educación, para las ayudas sociales que han aportado mucho y que ha costado sostener durante muchos años”, opina María Cáceres, una guardia de 43 años, en Santiago.

La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.

El 56 % del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a empresas, según la firma Cadem.

Para frenar algunas rebajas tributarias, la oposición anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.

La aprobación es considerada un triunfo clave para Kast, de 60 años, cuya popularidad venía a la baja según encuestas. El gobierno se vio obligado a reducir sus expectativas de crecimiento anual de 4 % a 3,5 % hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años.

Pese a las críticas de los opositores, los partidarios del presidente esperan que la megarreforma tenga efectos positivos en su vida cotidiana.

“Si tú le rebajas los impuestos (...) a la gente que viene a invertir a Chile y les das una seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo”, dice a la AFP Bernardo Romero, un comerciante del centro de la capital, de 65 años.

• Fuente: AFP

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El titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Silvio “Beto” Ovelar detalló que en la Cámara Alta se tomó la decisión de postergar por un plazo de 15 días el estudio del proyecto de ampliación presupuestaria para el pago de las deudas contraídas por el Estado con las farmacéuticas.

“Estuvo presente la ministra de Salud María Teresa Barán y su equipo técnico así como la ministra sustituta del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Picaso y acordamos postergar el tratamiento del proyecto de ampliación presupuestaria para salud el cual tiene el objetivo de cubrir todas las deudas que se tienen con las proveedoras", dijo Ovelar en una entrevista con los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que la deuda total que posee Salud Pública equivale a USD 1.000 millones y no se limita solo a las farmacéuticas. “Es una deuda acumulada desde el año 2012. Lo que solicitamos es que ambos ministerios traigan de manera especificada los montos exactos de las deudas con todos los proveedores que hacen no solo relación a las empresas farmacéuticas, sino también todo lo que hace a salud. Debemos tener los números bien afinados", mencionó.

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No obstante, Ovelar aseguró que existe el compromiso por parte del Senado de aprobar la propuesta. “La ampliación presupuestaria no es un nuevo préstamo. Lo que nosotros tendremos que ver es como después calzar esto. Si vamos a recurrir a los recursos ordinarios del tesoro, probablemente no vamos a tener los montos“, puntualizó.

El senador señaló también que “pensar en una ampliación presupuestaria en donde la fuente de financiamiento será mayores recursos a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es improbable, impensable, entonces tendríamos nosotros que analizar una reingeniería financiera. A la vez hablamos sobre las deudas que mantiene el Ministerio de Obras Públicas y esto también lo vamos a definir dentro de 15 días”.

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El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, presentaron el proyecto corredor Suroeste que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú a través de una infraestructura vial, construida con pavimento de hormigón, que será financiada con aporte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica). Ambos fueron a la Cámara Alta para formalizar la solicitud de aceptar el compromiso por valor de USD 286 millones.

La secretaria de Estado brindó detalles de la obra y explicó que contará con una extensión de 154 kilómetros, “más 25 kilómetros de travesía a los cascos urbanos”. La vía tendrá un alto componente logístico, considerando que será similar al corredor Bioceánico, conectando a Brasil, a través de los puentes sobre el Paraná, con el norte argentino.

Entre otras cosas, explicaron en conferencia de prensa que la ruta será construida con hormigón, por las características de suelo de la zona que será alcanzada. Además, citaron que esto permitirá beneficiar a empresas locales que producen la materia prima, entre otras cosas. La vía se extenderá desde la localidad de Yabebyry, en Misiones, hasta Pilar.

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Además, será la continuación de los corredores de exportación que se llevaron adelante en periodo anteriores, uniendo los departamentos de Alto Paraná con Itapúa. “Es la segunda etapa de lo que fue corredores de exportación, uniendo Alta Paraná, con Itapúa, que también fue financiado por la Jica, esa fue una obra que arrancó en el periodo del presidente Horacio Cartes, está totalmente concluida y genera una conectividad enorme con ese sector”, destacó Centurión.

Por otro lado, catalogó como un nuevo corredor Bioceánico a la obra, demandará una ejecución de 30 meses y que se espera iniciar en 2027, una vez conseguido el visto bueno del Congreso Nacional. “Con esto estamos completando lo que vendría a ser un nuevo corredor Bioceánico, porque desde Alto Paraná, con los puentes de la Integración y el de la Amistad, siguiendo este corredor vamos a llegar a la Argentina y consecuentemente a los puertos del Pacífico, con lo cual Paraguay está garantizando esta visión de integración y de convertirse en el hub logístico de toda América Latina”, valoró.

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