La comunidad indígena “Bajada Guazú”, liderada por Mario Cayetano Oliveira Benítez, remitió en la fecha al titular del Congreso Nacional, el colorado Óscar “Cachito” Salomón, una nota por la cual respaldan los proyectos de ley presentados en la Cámara Alta, que pretenden elevar las penas contra los invasores de las propiedades privadas y tipificar el hecho punible como un crimen y ya no un delito.
“Hemos tomado conocimiento por el comunicado emitido por el Consejo de Líderes Indígenas, dirigido por Derlis López, por el cual manifiestan su rechazo al proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 que modificó el artículo 142 de la Ley 1160/1997 Código Penal, aludiendo que este amedrenta los derechos de las comunidades indígenas”, sostiene la nota.
El jueves serán analizados en el Senado ambos proyectos de ley, teniendo en cuenta que el flagelo ya se volvió un problema de larga data en el país, atendiendo a que en los últimos años se realizaron con mayor violencia.
“En ese sentido mi intención es indicar que nuestra comunidad no se adhiere a tal manifiesto. Nos encontramos completamente ajenos a todo lo expresado, es por eso que al contrario, deseamos por este medio hacerles llegar a los senadores nuestro acuerdo y conformidad con el citado proyecto, reiterando nuestro apoyo a la defensa de la propiedad privada, lo cual debería ineludiblemente garantizarse paralelamente a la correcta y eficiente implementación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas”, sostienen.
Las iniciativas pretenden establecer una condena de hasta 6 años de cárcel y, en caso de que se produzca daño patrimonial, que la pena llegue hasta a 10 años de privación de libertad.
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Amenaza en universidad obliga a suspender las actividades presenciales
La aparición de una amenaza escrita en una pared de la Universidad Americana encendió las alarmas y motivó la suspensión preventiva de las actividades presenciales en la sede central de la institución, en Asunción.
El mensaje intimidatorio señala expresamente a Sinisterra y advierte sobre un posible ataque contra la universidad. El escrito dice: “Sinisterra está en la mira. El amarillo público del 16 de octubre no significa nada. Voidfarms y Sinisterra tenemos más de un solo estudiante en cada campus universitario. La universidad Americana es la siguiente. No cometeremos el mismo error”.
Comunicado
Tras la aparición del mensaje, la casa de estudios emitió un comunicado oficial en el que informó sobre las medidas adoptadas para resguardar a estudiantes, docentes y funcionarios.
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La universidad dispuso la suspensión preventiva de todas las actividades académicas y administrativas presenciales en la sede central desde este miércoles 21 hasta el viernes 23 de octubre de 2026.
Asimismo, las clases previstas para el jueves 22 y el viernes 23 pasarán a la modalidad virtual. Los enlaces para acceder a las actividades estarán disponibles en la plataforma Canvas.
En paralelo, el equipo de seguridad de la institución trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional y las autoridades competentes para verificar la situación y garantizar la seguridad de las instalaciones.
La universidad solicitó a estudiantes y docentes no acudir a la sede central durante el periodo establecido. También indicó que quienes se encuentren dentro del recinto deberán retirarse con calma.
Finalmente, la institución pidió a la comunidad educativa mantenerse informada exclusivamente a través de sus canales oficiales, mientras se realizan las verificaciones correspondientes.
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Paraguay y Taiwán analizan ampliar la cooperación en educación y salud
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, senador Antonio Barrios, recibió al embajador de la República de China (Taiwán), Iván Yueh-Jung Lee, para dialogar sobre la cooperación bilateral en educación y salud y las perspectivas de trabajo conjunto.
Durante el encuentro, el legislador destacó la formación de profesionales paraguayos en la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y la asistencia que Taiwán brinda al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Asimismo, subrayó la importancia de impulsar iniciativas que perduren en el tiempo y contribuyan al desarrollo del país.
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“Tenemos que apuntar bien para desarrollar iniciativas que, así como la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, perduren en el tiempo y contribuyan al progreso que necesitamos. Ustedes se pueden imaginar, hay casi 400 ingenieros formados en esta universidad, becados y algunos ya con especialidad en ese país”, enfatizó.
Por su parte, el embajador Lee destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y agradeció el apoyo de Paraguay. Asimismo, recordó que en 2027 se cumplirán 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
“Creo que nuestra cooperación va a ser cada vez más fuerte y más sostenible, y el año que viene vamos a tener muchas actividades y nuevos proyectos que comunicaremos a fin de año”, manifestó el diplomático.
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Baruja revela que se postulará a la senaduría por Honor Colorado
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja aclaró que nunca tuvo apego a la candidatura a la Vicepresidencia de la República y que su intención principal es volver a postularse al Senado en las elecciones generales de 2028.
“No hay una sola grabación en que yo no haya dicho lo contrario. Dije siempre: el compañero Pedro Alliana tiene que elegir. Es más, nunca tuve apego a la candidatura a vicepresidente. Siempre mi intención política era ser de vuelta candidato a senador”, señaló a La Tribu 650AM.
El ingeniero Baruja afirmó que su postulación como compañero de fórmula de Pedro Alliana venía de “preferencias que surgían”.
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El secretario político de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) destacó que mantiene una relación política y social de varios años con el actual vicegobernante.
“Con Pedro yo tengo una relación no solamente política de tantos años dentro del movimiento, sino también tenemos relaciones sociales”, comentó.
En todo momento insistió que “todos sabían”, incluyendo el presidente de la República, Santiago Peña y su segundo, Pedro Alliana, de que no tenía ningún apego a ser vicepresidente sino solo era “un compañero de equipo que iba a jugar”.
“Sabía el propio presidente de la Cámara de Diputados”, mencionó el titular del MUVH al aludir a Raúl Latorre, exjefe de campaña del candidato de la Lista 1 en Asunción y cuyo nombre también es barajado para integrar la chapa presidencial de la ANR.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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