La Cámara de Diputados aprobó la ley que regulará el ejercicio de la carrera profesional de los veterinarios. El proyecto será enviado al presidente Mario Abdo para su aprobación o rechazo. Dicha iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Senadores y fue presentada por el legislador Enrique Riera.
La ley aprobada, pendiente de su promulgación, regula el ejercicio de la profesión veterinaria en cualquiera de sus especialidades y de niveles de formación; será aplicada exclusivamente en dicho ámbito. El órgano de aplicación de la presente ley es el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
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Disposiciones
El articulado estipula que la profesión veterinaria, en cualquiera de sus especialidades, solo podrán ejercerla quienes cuenten con registro profesional habilitante otorgado por el Senacsa y regulará la conducta del profesional veterinario, en lo que respecta exclusivamente al ejercicio de su profesión.
De ser promulgada la ley, el Senacsa llevará el “Registro de los Profesionales Veterinarios” con título habilitante, en el cual los veterinarios obligatoriamente se inscribirán. Se les expedirá la correspondiente constancia, cuyo importe será establecido por resolución de dicha dependencia pública y no podrá exceder de un jornal mínimo.
Asimismo, la ley impide el trabajo y el ejercicio de actividades profesionales veterinarias del idóneo veterinario, de los técnicos, paratécnicos y profesiones afines sin la supervisión, acompañamiento y la firma del profesional veterinario debidamente habilitado. En caso de incumplimiento del presente artículo, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.
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El presidente del Congreso urge aplicar ley contra la violencia en el deporte
“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, este lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio del 2024, ante los disturbios que ayer obligaron a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.
“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte”, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Esta ley es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas. Se tiene que controlar a quienes se les adjudican las entradas, implementar las tecnologías como se hace en varios países como, por ejemplo, los datos biométricos“, dijo Núñez.
La ley plantea una serie de sanciones para los deportistas, aficionados y organizadores que promuevan o permitan los hechos de agresividad en sus eventos. Entre las conductas de violencia se encuentran establecidas no solo la física, sino también los cánticos o la portación de carteles con mensajes ofensivos en el estadio e incluso en las inmediaciones de la sede del evento. También se castiga a quienes financien a los grupos organizados (barrabravas).
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La normativa también establece la creación del Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renades). “La policía misma ya debería estar cargando los datos sobre el registro para discriminar a los hinchas violentos”, comentó. Con relación a las sanciones, independientemente a un castigo penal para hechos concretos de agresión o destrozos, se establecen multas para los infractores.
También se establece la prohibición de acceso a los aficionados, o de la organización en el caso de los clubes. Sin embargo, la ley no estipula entre los castigos la posibilidad de pérdida de la categoría o descenso.
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CAF aprobó avance de obras del Corredor Metropolitano del Este, tras visita técnica
- Ciudad del Este. Agencia regional
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), acompañó a una delegación técnica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para una inspección de las obras del Corredor Metropolitano del Este.
La visita técnica forma parte de la misión de seguimiento de las construcciones vinculadas al acceso al Puente de la Integración.
La evaluación, que fue la primera del año, tuvo aprobación, según dio a conocer el MOPC. Desde el inicio de las obras se realizan dos o tres evaluaciones por año. El recorrido fue la semana pasada y el informe de la evaluación el martes último.
En la jornada de verificación, las autoridades y técnicos de ambas instituciones verificaron el cumplimiento de los cronogramas físicos y financieros en los distintos frentes de trabajo.
La comitiva recorrió la obra para el puente sobre el río Monday en Presidente Franco, así como las conexiones viales rurales correspondientes a los lotes 1 (Avance del 78 %) y 2 (Avance 89 %).
Estas vías permitirán el acceso desde el Puente de la Integración hasta la Ruta PY02 conectando Presidente Franco, Los Cedrales y Minga Guazú y mejorando la circulación del transporte de cargas.
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Infraestructura operativa y logística
Además de las obras en ejecución, la misión técnica incluyó el relevamiento de instalaciones ya concluidas. Llegaron a la zona primaria y la terminal de cargas, componentes que se encuentran operativos e integrados al esquema del proyecto.
“Este tipo de verificaciones en campo permite contrastar el avance físico con los estándares de calidad exigidos por el organismo financiador, asegurando el cumplimiento de los criterios técnicos, sociales y ambientales establecidos en los convenios”, divulgó el MOPC.
La actividad contó con la participación de la Dirección de Vialidad, la Unidad Ejecutora de Proyecto y la Dirección General de Gestión Socioambiental del MOPC. Por parte del CAF, participaron equipos técnicos de infraestructura y seguimiento, además de representantes de las empresas contratistas a cargo de cada lote.
La obra que falta dentro de las previstas en torno al segundo puente con Brasil sobre el río Paraná, es para la Prefectura Naval. El MOPC realizó la adjudicación y falta el inicio de la construcción.
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En audiencia pública socializan proyecto de ley sobre regulación de plataformas de movilidad
Miembros de la Comisión de Ciencias del Senado realizaron este jueves una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que busca regular la actividad y fortalecer la seguridad de prestadores y usuarios de plataformas digitales de movilidad y de reparto.
De la actividad participaron los senadores Patrick Kemper, José Oviedo y Walter Kobylanski, además de representantes del sector público, privado y de la sociedad civil.
En su intervención, el senador Kemper afirmó que la propuesta legislativa tiene como eje central la seguridad, tanto de los usuarios como de los trabajadores de las plataformas digitales.
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Como presidente de la Comisión de Ciencias, el parlamentario habló de la importancia de estos espacios participativos para fomentar el debate ciudadano, recoger aportes y fortalecer la iniciativa con contribuciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado.
A su vez, el senador Oviedo expresó que se trata de un tema de gran interés, referido a tecnologías emergentes que ya están ampliamente insertas en la sociedad y que pueden constituir soluciones en materia económica, de transporte y logística.
En tanto, el senador Walter Kobylanski señaló que, en la búsqueda de un equilibrio, corresponde legislar considerando especialmente a los sectores más vulnerables.
Así también, la señora Paola Argüello, en representación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), destacó la importancia de armonizar la propuesta con la normativa vigente en materia de servicios de confianza.
Expresó la necesidad de respetar el principio de neutralidad tecnológica en lo referente a la identificación electrónica de los prestadores, considerando que dicha cartera de Estado es la autoridad de aplicación en esta materia.
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Gobierno entrega proyecto que plantea eliminar barreras de acceso a tierras rurales
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, anunció esta tarde que el Gobierno presentó el proyecto de ley que plantea la eliminación del pago del 3 % por trámites de titulación de tierras para las familias campesinas. La propuesta apunta a lograr alcanzar la entrega de 50.000 títulos de propiedad durante este periodo.
A través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el titular del ente agrario destacó como día histórico la firma del documento por parte del presidente de la República, Santiago Peña, el cual fue entregado en propias manos al titular del Congreso nacional y senador Basilio Núñez, quien estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, además del Indert, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al igual que algunos líderes campesinos.
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Ruiz Díaz explicó que lo que se busca con esta iniciativa es impulsar el acceso a los títulos de propiedad en favor de las familias rurales, que por muchos años fue considerado como “la tranca” en el aspecto jurídico, que impedía que el campesinado pudiera acceder a su título de propiedad.
Señaló que en la regulación vigente se le exige al campesino pagar primeramente ese monto, antes de acceder al título, que en algunos casos llegaba a ser sumas importantes.
Propuestas
Mencionó que cuando comenzaron a realizar el levantamiento de datos a través del sistema de Barrido Predial Masivo, notaron que muchos campesinos no podían acceder a ese título de propiedad porque la ley exigía que primeramente debía pagar montos muy elevados.
“Este proyecto de ley toma medidas, en primer lugar entregar el título de propiedad al campesino, en lugar que haga el pago previo de 8 o 9 millones de guaraníes, y ahora se establece que ese pago lo realice a los 12 meses después de recibir el título de propiedad, dándoles tiempo que puedan acceder a algún tipo de préstamo, invertir en su finca y al obtener mejores rendimientos comenzar a pagar”, explicó Ruiz Díaz.
Otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, es alargar los plazos de financiación. Indicó que actualmente rige 10 años de plazo para los hombres y la modificación plantea extender a 20 años de plazo. Mientras que en el caso de las mujeres campesinas, la ley actual contempla 15 años de plazo, y se propone extender ahora a 30 años de financiación.
“Esto teniendo en cuenta que la Constitución habla de que se tiene que dar facilidades a las mujeres campesinas para acceder a su título de propiedad. Entonces estamos cumpliendo con el artículo 115 de la Constitución Nacional y del Estatuto Agrario”, remarcó.
Revolución del sector agrario
A su turno, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez remarcó que la firma de este proyecto de ley por parte del jefe de Estado marca una fecha histórica para lo que es la revolución del sector agrario del Paraguay.
“Esta legislación será una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agrario. Es imporntante destacar que esto se logró gracias al diálogo que hemos mantenido con el campesino que trabaja su tierra sea propietario de la misma. A la vez le permita acceder a créditos bancarios y de esa forma salir adelante”, expresó el ministro.
Agregó que este es un componente muy necesario para el desarrollo que viene pregonando desde el Gobierno, con asistencia técnia y la orientación para una agricultura que necesita el país. Indicó que se logra solamente buscando aspectos que forman parte del “cuello de botella” para el desarrollo.