Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.

La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.

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De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.

Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).

Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.

El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.

El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.

La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.

El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.

Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.

Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.

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Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.

“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.

En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.

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“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.

“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.

Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.

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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, hizo un balance de su gestión en el primer año al frente del Poder Legislativo, que se cumple este martes 1 de julio, siendo un cargo que ocupará hasta el 2027. El legislador destacó la reestructuración de recursos humanos, el diálogo cercano con el Poder Ejecutivo y la celeridad para aprobar proyectos que benefician a la ciudadanía.

“Creo que en este un año cumplimos con la ciudadanía en el sentido que cambiamos varios paradigmas en el Senado, y conste que estoy hablando de una Cámara donde es la primera vez que estoy, en el periodo anterior fui diputado. Creo que lo más importante es la aprobación de las leyes que benefician al ciudadano”, refirió el legislador, este lunes, en estudios de Nación Media, a través del programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM.

Citó entre los principales proyectos aprobados la ley de pensión universal para el adulto mayor, la ley de cuidados paliativos, también la ley de fusión del Registro Único Nacional. “Lo más importante es la celeridad, ningún proyecto de ley que venga del Ejecutivo fue rechazado, y tengo que destacar el periodo que también estuvo el senador Silvio Ovelar, y este periodo que está concluyendo hoy”, aseveró.

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Así también, destacó el fuerte acompañamiento que se dio al Poder Ejecutivo en todos los proyectos de ley que remitió al Congreso. “A diferencia de países vecinos, vemos que no se da ese tratamiento, esa celeridad de proyectos de leyes que verdaderamente nos beneficien”, resaltó Núñez.

Otro de los aspectos recalcados por el titular legislativo, es la apertura de diálogo entre el presidente de la República, Santiago Peña, y los legisladores de todos los sectores políticos. “Tengo que destacar también el diálogo que se trató de instalar y se instala entre sectores de la oposición, aliada, la no aliada, para mí es un hecho histórico, estoy hace más de 20 años en política, de que líderes y vicelíderes de bancadas acudan a Mburuvicha Róga a conversar con el presidente de la República”, mencionó.

Además, indicó que esto habla mucho de la democracia y también de la apertura del mandatario, como del Congreso Nacional. “Para mí el hecho trascendental de esa capacidad, que de alguna forma pusimos en diálogo. En un gobierno donde queremos instalar la gobernabilidad hay que conversar con todos los sectores y es lo que hicimos”, indicó.

Por otra parte, Núñez citó como factor importante la reestructuración de los recursos humanos en la institución legislativa. “El Senado y el Congreso tenían 300 direcciones, hoy bajamos al 50 %, con una restructuración donde trabajaron varios colegas senadores, trabajamos con el Ministerio de Economía y Finanzas”, detalló.

Resaltó que el pleno había aprobado por mayoría un nuevo organigrama laboral de diferenciación en categorías, ya que, en periodos anteriores, la mayoría de los que ingresaban en las funciones, en el Senado, ingresaban como directores.

“Esa restructuración costó porque en periodos anteriores, ¿qué hacían los colegas senadores o la clase política? Venían a pedir trabajo, entraba al Congreso y directamente tenía que ser director, porque al ser director cobraba una bonificación y una gratificación, no había ordenanza, todos eran directores. Ahora establecimos una diferencia”, sentenció.

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El presidente Santiago Peña se prepara para presentar su segundo informe de gestión ante el Congreso Nacional, en cumplimiento del precepto constitucional establecido en el artículo 238. Para ello, el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, firmó la Resolución 3167, en la que convoca a senadores y diputados a sesión bicameral el martes 1 de julio a las 20:00.

El mandatario ya había adelantado su informe ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en la cual destacó como uno de sus principales logros los avances sociales, como la reducción de la pobreza, la cual bajó a su nivel más bajo en 27 años, con más de 118 mil personas que salieron de esa situación y unas 30 mil que abandonaron la indigencia.

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Indicó que esta reducción en gran parte se ha logrado gracias a la implementación de programas como Hambre Cero en las Escuelas, la entrega de viviendas, la titulación masiva de tierras, la atención integral de la primera infancia mediante la construcción de centros de atención y la construcción de grandes hospitales; todos ellos fomentando la generación de empleos en diferentes rubros.

“El programa Hambre Cero beneficia hoy a más de 1.050.000 alumnos con alimentación escolar todos los días del año lectivo, generando también empleo formal para más de 20 mil trabajadores, en su mayoría mujeres, e impulsando la producción local mediante compras a la agricultura familiar y a MIPYMES”, explicó.

También había destacado que la pensión para adultos mayores se universalizó, eliminando la burocracia previa y sumando 40 mil nuevos beneficiarios. “Tekoporã Mbarete hoy alcanza a 196 mil familias. En cuanto a viviendas, Che Róga Porã ya comprometió 28 millones de dólares, sumando más de 1.300 solicitudes preaprobadas, y que el MUVH gestionó más de 27.500 soluciones habitacionales en apenas dos años”, acotó.

El titular del Ejecutivo señaló que, ante los desafíos del sistema sanitario, el Gobierno respondió con decisiones firmes y estructurales. En ese sentido, indicó que se inauguró el Hospital General de Coronel Oviedo y en breve se habilitará el Hospital General de Itapúa.

Mientras se avanza con hospitales en Concepción, Curuguaty, Santaní, Asunción e Itauguá, totalizando más de 157 mil m² de infraestructura nueva y 1.800 camas. En materia de oncología, se duplicó el presupuesto del INCAN, se inició la construcción de un centro ambulatorio, un parque sanitario y una planta de tratamiento de efluentes.

En 22 meses de gestión se entregaron más de 9.400 títulos de propiedad —el triple del promedio de los últimos gobiernos—, con un aumento notable de los títulos otorgados a mujeres jefas de hogar. “Queremos que cada paraguayo tenga tierra para que la Patria le pertenezca”, manifestó.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería fortaleció la agricultura familiar, promoviendo por primera vez exportaciones hortícolas a Argentina y habilitando 115 nuevos mercados para productos nacionales. Se organizaron más de 2.400 ferias en todo el país, generando ingresos por más de 17 mil millones de guaraníes para pequeños productores.

El presidente Peña destacó los avances en materia de seguridad interna. Informó que 5.000 nuevos agentes ya patrullan las calles y otros 5.000 están en formación. Se adquirieron radares, seis aeronaves Super Tucano que llegarán este lunes al país y más de 500 patrulleras. Se implementaron tobilleras electrónicas y se formaron nuevos agentes penitenciarios.

Entre los resultados, subrayó que se infligieron pérdidas al crimen organizado por más de 379 millones de dólares y se desmanteló por completo al autodenominado Ejército del Mariscal López.

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