“No se puede hablar de un caos administrativo en la municipalidad de Asunción y de eso el interventor se dará cuenta”, dijo el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres. Sus afirmaciones surgen ante la pretensión de concejales de la oposición en declarar la institución en quiebra en el marco de un proceso de intervención a la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“No existe un caos administrativo; en ningún momento se habló de algún tipo de daño patrimonial o faltante”, expresó al programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media. De esta forma, Torres señaló que el informe de la Contraloría no reporta faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que plantea una diferencia de interpretación legal sobre el uso de la cuenta única municipal.

“Obviamente, nosotros entendemos que no existía causal para la intervención, pero una vez ya resuelta, ya que estamos en un estado social de derecho, lo tenemos que asumir. Lo que hay que entender es que la municipalidad puede pasar por un estado transitorio de iliquidez, pero eso no quiere decir que no tenga los recursos para cubrir todos los compromisos que tiene. La municipalidad de Asunción cuenta con suficientes activos”, expresó.

No obstante, agregó que la municipalidad posee como principal conflicto una alta tasa de morosidad que se potenció desde el anuncio del pedido de intervención por parte de la Contraloría. Asimismo, refirió que ya se encuentra totalmente regularizado el pago de salarios a los funcionarios.

“El anuncio del pedido de intervención tuvo un impacto negativo en la institución en materia de recaudación. No es la única causa, pero es un elemento o cuestión exógena que socavó nuestras recaudaciones, impactando negativamente”, comentó.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

“La instrucción que tenemos los funcionarios es estar a disposición de la intervención, a los efectos de facilitar cualquier consulta o documentación que requiera el interventor, para que pueda realizar la auditoría y todo el proceso de manera normal y regular”, indicó Torres, quien estuvo acompañado por el jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa.

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El ministro de Desarrollo Social (MDS) y tesorero de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Tadeo Rojas, se pronunció sobre el pedido del Ministerio Público para desestimar la causa contra el expresidente Horacio Cartes. En declaraciones a la prensa, Rojas sostuvo que se trata de “una situación esperada” y expresó su satisfacción por el avance judicial en favor del actual presidente del Partido Colorado.

“Celebramos que se haya dado esta situación. Siempre hemos escuchado al equipo jurídico encabezado por el abogado Pedro Ovelar, quien ha manifestado con firmeza la certeza de la defensa de Horacio Cartes”, señaló el ministro, a lo que añadió, “hubo muchas cuestiones que han dañado mucho, no solamente a Horacio Cartes como líder, sino que han intentado dañar la imagen del partido”.

Rojas enfatizó en que Cartes “siempre ha ejercido su defensa en todas las instancias correspondientes” y reiteró que desde el partido se ha trabajado para mantener la confianza de la ciudadanía. “Se ha intentado dañar la honorabilidad de una persona que ha demostrado gran capacidad de gestión como presidente de la República, y que hoy lo demuestra como líder partidario”, subrayó.

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El dirigente colorado también rechazó tajantemente las versiones que apuntan a una supuesta manipulación del sistema judicial por parte del oficialismo. “Desmiento ese relato. Hay muchos casos vinculados a la oposición que siguen sin avance. El caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene más de 40 denuncias en el Ministerio Público, sin acciones concretas hasta ahora”, cuestionó.

Rojas afirmó que “de ninguna manera existe una manipulación” y sostuvo que el equipo político es respetuoso de los canales correspondientes. “Siempre pedimos que haya justicia equidistante de todo condimento político”, agregó. El pedido de la Fiscalía para desestimar la causa contra Cartes, aún está a la espera de la ratificación por parte de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos.

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El abogado constitucionalista Marcelo Duarte fue consultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Ejecutivo para indagar las administraciones de los intendentes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.

“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter administrativo imprescindible para que la municipalidad siga funcionando, no puede tomar ninguna decisión de orden político, ya que no es su función“, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despidos de funcionarios. “No es su función, no son administradores, es la persona encargada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, aclarando que el proceso de fiscalización de ambos municipios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.

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La Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles los pedidos de intervención a ambos municipios con amplia mayoría luego de analizar los reportes de irregularidades detectados por la Contraloría General de la República (CGR). De esta manera, Prieto y Rodríguez quedarán suspendidos en sus funciones una vez iniciado el proceso de fiscalización.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 15 días para designar a los interventores, según establece la Ley 317/94 “que reglamenta la intervención de los gobiernos municipales y departamentales”. Para la intervención de la municipalidad capitalina se maneja el nombre del consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Pereira. Mientras que para la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este cobra fuerza el nombre de Ramón Ramírez Caballero.

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Este miércoles a las 10:00, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados prevé analizar los requerimientos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Al respecto, la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, expresó que desde la oposición mantienen la expectativa de que el oficialismo termine votando por la indagación a la gestión del intendente Óscar Rodríguez.

“Me sorprendió mucho el dictamen de la comisión de la que yo formo parte, donde los miembros votamos por la intervención de la municipalidad de Asunción. Creo que en esa línea irán hoy también (los colorados oficialistas en el pleno). Evidentemente, la decisión está tomada porque o sino no lo hubiesen hecho”, sostuvo la legisladora, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la administración de Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

“Se han realizado todas las diligencias que yo solicité, no hubo ningún altercado en la comisión, se llevó adelante muy democráticamente. Fue una sorpresa que el dictamen sea por una unanimidad, esta es una señal muy clara de lo que hoy pasaría", indicó Vallejo.

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