El diputado colorado Derlis Maidana calificó como un accionar bastante peligroso el ataque violento de un grupo de invasores registrado ayer en la Ganadera Pindó, localizada en el departamento de Canindeyú. Foto: Archivo.
Ataque a la Ganadera Pindó: responde a un itinerario político, afirman
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El diputado colorado Derlis Maidana calificó como un accionar bastante peligroso el ataque violento de un grupo de invasores registrado ayer en la Ganadera Pindó, localizada en el departamento de Canindeyú. Sostuvo que el conflicto va más allá de la lucha por la tenencia de tierras y que forma parte de un itinerario político impulsado principalmente por algunos senadores, quienes desean tomar el poder mediante las armas.
“Esto es un accionar muy peligroso que responde a un itinerario político de quienes quieren tomar el poder por vía de las armas. Lastimosamente cuentan con aliados dentro del Partido Colorado y específicamente en la Cámara de Senadores, que también son responsables de lo que está pasando en Paraguay cuando no gobierna el Estado de derecho, no se impone la ley, entonces ocurren este tipo de situaciones”, sentenció.
“Esto no responde a una lucha por la tierra”
Un grupo de campesinos armados atacó ayer de manera violenta la Ganadera Pindó, ubicada en la ciudad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. Los labriegos despojaron de sus pertenencias a los trabajadores de una firma de seguridad encargada de custodiar el inmueble, quienes también fueron privados de su libertad durante el conflicto.
“Esto no responde a una lucha por la tierra, esto responde a un grupo político que tiene una fuerza armada, una fuerza política y una fuerza en la sociedad civil y manipulan los de arriba a los de abajo”, sostuvo Maidana.
Por otra parte, el legislador afirmó que la solución no solo debe centrarse en aumentar las penas contra las invasiones a la propiedad privada, para que se constituyan en crímenes, tal como se plantea en el Senado.
“Pero acá no toda la problemática social se soluciona con el aumento de las penas privativas de libertad. La solución es mucho más compleja. Y precisamente todo lo que sea aumentar el marco penal debe analizarse de manera global en el Código Penal”, indicó en comunicación con La Nación.
Baruja revela que se postulará a la senaduría por Honor Colorado
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El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja aclaró que nunca tuvo apego a la candidatura a la Vicepresidencia de la República y que su intención principal es volver a postularse al Senado en las elecciones generales de 2028.
“No hay una sola grabación en que yo no haya dicho lo contrario. Dije siempre: el compañero Pedro Alliana tiene que elegir. Es más, nunca tuve apego a la candidatura a vicepresidente. Siempre mi intención política era ser de vuelta candidato a senador”, señaló a La Tribu 650AM.
El ingeniero Baruja afirmó que su postulación como compañero de fórmula de Pedro Alliana venía de “preferencias que surgían”.
El secretario político de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) destacó que mantiene una relación política y social de varios años con el actual vicegobernante.
“Con Pedro yo tengo una relación no solamente política de tantos años dentro del movimiento, sino también tenemos relaciones sociales”, comentó.
En todo momento insistió que “todos sabían”, incluyendo el presidente de la República, Santiago Peña y su segundo, Pedro Alliana, de que no tenía ningún apego a ser vicepresidente sino solo era “un compañero de equipo que iba a jugar”.
“Sabía el propio presidente de la Cámara de Diputados”, mencionó el titular del MUVH al aludir a Raúl Latorre, exjefe de campaña del candidato de la Lista 1 en Asunción y cuyo nombre también es barajado para integrar la chapa presidencial de la ANR.
Violento ataque en Tacumbú: una mujer fue detenida por herir de una estocada a su pareja
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Una mujer de 40 años fue detenida esta madrugada por homicidio en grado de tentativa tras herir de una estocada a su pareja de 39 años. El violento episodio ocurrió sobre la calle Ursino Velazco y Payaguá Naranja del Bañado Tacumbú de Asunción.
La sospechosa fue identificada como Zulma Beatriz Martínez (40), quien fue sindicada de haber apuñalado a su pareja. Habría intentado cortarle el cuello.
La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Sánchez Martínez (39), quien tuvo que ser derivado al Hospital General Barrio Obrero para recibir atención médica.
El hombre también fue detenido luego de recibir el alta médica, atendiendo que ambos cuentan con frondosos antecedentes penales, según el informe policial.
El fiscal de turno de la Unidad Penal n.º 5, Luis Chamorro, dispuso que tanto la mujer como la víctima permanezcan aprehendidos en la sede policial a disposición del Ministerio Público. Durante el procedimiento policial se incautó un arma blanca que estaría vinculada al hecho.
Intervinieron agentes de la Comisaría 2da. Metropolitana. Según referencias de los intervinientes, ambas personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y aparentemente otras sustancias cuando en un momento dado empezó una discusión que acabó con la agresión por parte de la mujer.
La aprehendida cuenta con antecedentes penales por tentativa de hurto (2010 y 2014), robo agravado (2012) y robo agravado y resistencia (2024).
Asimismo, la víctima posee un prontuario bastante amplio por robo agravado (2008, 2010, 2016 y 2021) y posesión y comercialización de drogas (2013). El caso quedó bajo investigación de las autoridades para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
La Agroganadera Pindó S.A. rechazó haber presentado un amparo judicial y pidió que cualquier proceso de regularización respete los títulos de propiedad y los procedimientos legales vigentes. Foto: Gentileza
Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Margarita Colmán, representante legal de la firma, señaló que las acciones civiles y penales vinculadas con la ocupación se iniciaron hace aproximadamente catorce años y siguen ante la Justicia. Foto: Gentileza
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La Senad y organismos de seguridad detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó. Foto: Gentileza
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
Aconsejan aprobar proyecto que suspende por dos años creación de universidades privadas
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La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores emitió un dictamen aconsejando la aprobación con modificaciones al proyecto de ley que plantea suspender temporalmente la creación de nuevas instituciones privadas de educación superior.
Según los proyectistas, se plantea frenar por un plazo de dos años la apertura de nuevas universidades e institutos superiores privados en todo el territorio nacional.
Durante la reunión de la citada comisión asesora, la senadora Hermelinda Alvarenga informó que se analizaron de manera simultánea dos proyectos, ya que el liberal Ever Villalba presentó una iniciativa similar, aunque sugiere una suspensión por cinco años.
Considerando este planteamiento, la comisión aprobó la unificación de ambos proyectos para su tratamiento conjunto. Las iniciativas recibieron dictamen con modificaciones y serán analizadas este miércoles en sesión ordinaria, como moción de preferencia.
La parlamentaria aclaró, además, que la suspensión de la habilitación de las carreras de Derecho y Medicina en las universidades responde a disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y constituye una medida diferente de la propuesta legislativa analizada.