Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

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El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna indicó que desde la bancada de Honor Colorado aguardarán primero el pedido formal del eventual de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera, en el caso de los sobrinos acusados de planilleros. Refirió que primero se debe presentar el pedido para analizar en bancada.

“Si llegamos a la conclusión de que la senadora Noelia es la responsable, veremos qué postura tomamos. Vamos a ver el resultado del sumario, vamos a esperar, vamos a analizar en bancada y vamos a actuar de acuerdo a la decisión de la mayoría de los colegas de la bancada”, adelantó en conversación con los medios en el Senado.

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El senador señaló que hasta el momento solo se trata de una hipótesis por parte de la senadora Celeste Amarilla y la bancada Democrática, ya que aún no existe una presentación formal del pedido para aplicar el retiro de la investidura de la parlamentaria.

“Vamos a estar atentos a lo que expresó la senadora Celeste Amarilla, que dijo en diferentes medios de prensa que estarían presentando un pedido de pérdida de investidura, hasta el momento es una hipótesis, pero si eso se llega a concretar vamos a estudiar y vamos a analizar con la seriedad que corresponde y luego sacar una definición”, fueron las expresiones del legislador.

Cuestionó este tipo de prácticas en el Congreso, que termina por exponer a toda la institución y al presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez. “Creo que es una situación que expone a toda la Cámara y en especial al presidente del Congreso, que siempre está atendiendo a todos los colegas de la mejor manera, entonces yo desprecio esta situación”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que el eventual pedido de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera todavía no fue abordado dentro de la bancada oficialista, Honor Colorado; sin embargo, evitó anticipar una opinión sobre el caso en que ordenó un sumario administrativo que tendría un resultado en 30 días.

“Creo que todo se va a evaluar en bancada, yo estoy en una bancada, no puedo preopinar. Probablemente si uno se va por estas cuestiones, muchos se tienen que ir”, dijo el titular de la Cámara Alta a la 1020 AM. Los funcionarios Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera ya presentaron renuncia a sus cargos tras denunciarse mediáticamente la presunta situación de los supuestos sobrinos de la legisladora.

“Lo primero que hice, y ya firmé la resolución de un sumario administrativo, el sumario continúa independientemente que, en este caso, hayan presentado la renuncia. Creo que fue una reacción rápida y como presidente del Congreso, yo me fui a hablar con los trabajadores de prensa y dije que es la norma jurídica que tengo a mano. Instruí un sumario, que tenga la celeridad correspondiente, en un promedio de 30 días tengamos un resultado”, refirió.

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El senador recordó que cuando asumió la presidencia de la Cámara ya inició con un trabajo de depuración en cuanto a la cantidad de funcionarios. Recordó que se encontraron 300 funcionario que cumplían la función de directores, lo que ya se redujo al cincuenta por ciento.

“Nosotros hicimos un gran trabajo con los legisladores, apoyado por la plenaria, y restructuramos Recursos Humanos. En vez de tener 300 (direcciones) ahora bajamos a 150, podemos pasar el año que viene a tener 30. Vamos a ir buscando la nomenclatura para cambiar eso y para que quede eso como legado, y nosotros vamos a hacer nuestra carrera legislativa”, sentenció.

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