La Cámara de Senadores prevé abordar una amplia agenda legislativa en su próxima sesión ordinaria. El orden del día aprobado este lunes en reunión de mesa directiva incluye proyectos relacionados con la correcta utilización de medicamentos corticoides y modificaciones al Código Penal.

Así también se pondrá a consideración del pleno la creación de juzgados especializados en materia de violencia contra las mujeres y propuestas vinculadas con la educación superior, la seguridad ciudadana y la transferencia de inmuebles.

Como primer punto, se prevé distinguir a los doctores Marco Stabile, Gianluca Gatti y Roland Boileau, cirujanos plásticos, por su dedicación y compromiso con la salud. Los profesionales se destacan por realizar procedimientos complejos a favor de sectores vulnerables de la población, en el marco del programa Ñemyatyrõ.

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Asimismo, se entregará una placa de reconocimiento a la selección paraguaya de kickboxing “Legión Guaraní”, por su participación en el Campeonato Mundial de Kickboxing WKF 2026.

Seguidamente se evaluarán cinco proyectos de resolución presentados por el senador Rubén Velázquez, mediante los cuales solicita información a distintas instituciones sobre la situación ambiental de los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de Asunción.

Las solicitudes están dirigidas a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), para conocer sobre las descargas de efluentes y el servicio de alcantarillado sanitario; al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), respecto a la situación de los establecimientos que producen y procesan productos y subproductos de origen animal.

Al Ministerio Público se pide informes sobre las actuaciones institucionales relacionadas con la problemática ambiental de ambos barrios.

Asimismo, el legislador solicita informes al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), acerca de la situación ambiental de la zona, y a la Municipalidad de Asunción, sobre las condiciones ambientales y las habilitaciones de establecimientos industriales.

También se encuentran dos proyectos de resolución presentados por varios senadores. El primero solicita un informe al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) sobre su gestión institucional, mientras que el segundo requiere información a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) sobre los recursos destinados al programa Tekorenda.

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La Contraloría General de la República (CGR) impulsa dos iniciativas que apuntan a fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses.

Ambos anteproyectos fueron entregados este lunes por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

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Según los proyectistas de esta manera se recuperará dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.

El segundo plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.

El contralor fundamentó que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido. Asimismo es necesario deslindar las responsabilidades correspondientes y promover las acciones pertinentes contra los funcionarios públicos responsables, conforme expresó.

En ese contexto, sostuvo que la CGR, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dispuso las actividades de control pertinentes.

Sin embargo, durante su desarrollo, la institución encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.

Ante esta situación, consideró indispensable contar con el apoyo del Parlamento para analizar conjuntamente las limitaciones de orden legal que enfrenta el ente contralor.

Por ello, Benítez consideró necesario impulsar, desde el ámbito legislativo, las acciones que permitan fortalecer la capacidad de control del Estado.

El proyecto de ley, conocido como “puertas giratorias” incorpora un artículo 24 bis que establece un plazo especial de dos años para los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas entidades que hayan tenido intervención determinante.

Durante ese periodo, estas personas no podrán ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.

En cuanto a la Carta Orgánica, la propuesta no amplía las competencias constitucionales de la CGR, sino que busca adecuar las responsabilidades ya asignadas a la institución al contexto de modernización.

1-Acceso a los datos del Estado en tiempo real. Se pasa del control basado en la documentación que cada organismo decide entregar al acceso digital directo y permanente a los registros estatales.

2-Cobro de multas. Se crea un mecanismo de percepción y ejecución del que carece la legislación vigente. La resolución firme constituirá título ejecutivo y se prevén la retención sobre haberes y la creación de un Registro Público de Sanciones.

3-Inteligencia Artificial con garantías. Se habilita el uso de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.

4-Declaraciones juradas sin vacíos. Se permite el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.

5-Rectoría anticorrupción y recupero. Se consolidan la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se incorpora la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.

6-Control en emergencias. Ante una emergencia declarada, la Contraloría queda facultada de pleno derecho para activar auditorías concurrentes e inmediatas sobre los recursos afectados.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, afirmó que todos los sectores vinculados al caso Ueno Bank deben ser investigados y exigió celeridad al Ministerio Público en las indagaciones.

Respecto a la propuesta de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que analizan en la Cámara de Diputados, el legislador prefirió evitar emitir una opinión previa.

“Yo no quisiera involucrarme en otro poder, tampoco en otra Cámara, esas cuestiones corresponden a la Cámara de Diputados, sí pedirle la celeridad a la Fiscalía para investigar a todos los sectores como siempre hemos dicho, a todos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ministros, entes, empresas vinculadas”, mencionó a los medios de prensa en el Senado.

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El parlamentario también instó a buscar soluciones para responder a los afectados, tal como se dio en el Congreso con la celeridad que se dio con el proyecto de ley para devolver los fondos a ahorristas.

“Esto no puede quedar así, no podemos dar vuelta a la página y decir que no sucedió. Acá desde el Congreso creo que tuvimos la madurez hasta de aprobar una ley que fue una iniciativa legislativa que posibilitó que millones de ahorristas ahora hayan cobrado”, mencionó.

Sobre los cuestionamientos hacia el trabajo del Ministerio Público en el caso del expresidente Santiago Peña, respondió que está viendo “que se está trabajando, no me voy a involucrar en el trabajo del Poder Judicial, no me voy a involucrar en el trabajo de la fiscalía, no tengo que coaccionar, tengo que apretar e influir, así como al Congreso está investigando, que investigue a todos los poderes”.

Finalmente, sostuvo que ninguna autoridad puede estar exenta de ser investigada. “Todos estamos expuestos a que nos investiguen, si están viendo que el presidente de la República fue destituido por juicio político y le están investigando, ninguno estamos a salvo, me incluyo, porque todos debemos ser investigados”, sentenció.

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La Cámara de Senadores otorgó el acuerdo constitucional para la designación de Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y de Fernando Javier Rivarola Angulo como miembro titular del Directorio de la institución

Rivarola fue gerente de supervisión de la Superintendencia de Bancos que elaboró un informe en el que advertía anticipadamente sobre las irregularidades que acabaron con el cierre de Ueno Bank, y que a su vez resultó en la destitución del presidente Santiago Peña.

En el caso de Schreiner, de un total de 33 presentes, 31 senadores votaron a favor del acuerdo constitucional; una abstención de la senadora Celeste Amarilla y un rechazo de la legisladora Yolanda Paredes.

En el caso de Rivarola la votación fue unánime con 33 votos a favor de su nombramiento como integrante del colegio de la entidad matriz.

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El presidente de la República, Pedro Alliana, envió ayer al Congreso Nacional la propuesta del Ejecutivo para que Schreiner sea el nuevo titular de la entidad matriz.

Para el mandatario, la experiencia y trayectoria del economista en el sistema financiero serán fundamentales para fortalecer la institucionalidad del Banco Central y recuperar la confianza de los paraguayos. Más aún con el caso del intervenido Ueno Bank que a raíz de su insolvencia financiera es objeto de un proceso de resolución y que dejó en la calle a miles de trabajadores del banco y empresas vinculadas.

Schreiner fue presidente de la Comisión Nacional de Valores; miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay; actualmente es docente de economía monetaria en la Universidad Nacional de Asunción, y presidente de Comtel SA.

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