La Cámara de Senadores aprobó en mayoría un proyecto de declaración por el cual insta a la Justicia Electoral a suspender la compra de máquinas de votación y recurrir al alquiler de las mismas, debido a excesivos trámites burocráticos que están imprimiendo el proceso.

La moción fue planteada sobre tablas por el senador liberal Dionisio Amarilla, y acompañada por la mayoría, debido a la indefinición del llamado a licitación de compra de máquinas de votación. Señaló que el actual proceso de licitación pública para la adquisición de máquinas de votación ha generado una serie de controversias políticas.

Indicó que el planteamiento surge a fin de precautelar la credibilidad de la institución y de los futuros procesos electorales. Aclaró que el planteamiento incluso fue consultado con el presidente de la comisión permanente de Asuntos Electorales del Senado, sobre la necesidad de buscar otros mecanismos que garanticen el buen proceso electoral con miras a las Municipales 2026.

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No obstante, el senador Amarilla destacó que desde la Cámara Alta reconoce la trayectoria, imparcialidad y compromiso institucional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la conducción de los asuntos electorales, manifestando su confianza en su integridad y desempeño.

“Creemos que ya en esta época del año, es plausible analizar la posibilidad de recurrir al arrendamiento de las máquinas de votación y no insistir en las compras”, expresó.

De acuerdo al documento aprobado se recomienda al TSJE que, en uso de las facultades conferidas por la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, proceda a la apertura de un nuevo llamado por la vía de la excepción, destinado al arrendamiento de máquinas de votación, a fin de garantizar la disponibilidad de tecnología electoral en los plazos requeridos para la organización de los comicios.

Igualmente, insta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a agilizar los procesos en el marco del procedimiento de exención para asegurar la provisión de máquinas de votación para las próximas elecciones municipales.

A su turno, el senador Arnaldo Samaniego, como miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, confirmó su apoyo a la propuesta preocupado por todo lo que refiere a la adquisición de las máquinas de votación.

Explicó que atendiendo a la premura del tiempo que tal vez ya no alcance para la compra de las máquinas, y teniendo en cuenta que existen aún protestas no resueltas en la DNCP, dentro de la comisión han convocado a técnicos y a las autoridades del TSJE para evacuar las dudas ante la situación.

“Creemos conveniente que el llamado a licitaciones para la adquisición de las máquinas debe interrumpirse y debe necesariamente proseguir el proceso que garantice nuestra democracia en la realización de elecciones y sean sustituidos este mecanismo de llamado por el de arrendamiento o alquiler de las máquinas. Esto, con la absoluta certeza de que desde nuestra comisión seguirá de cerca este proceso", acotó.

En tanto, algunos legisladores de la oposición, plantearon la postergación por una semana para un mejor análisis de la propuesta declaratoria; sin embargo, la misma no logró contar con la mayoría necesaria.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, destacó que con los tres proyectos de leyes, que el Senado trata este miércoles, se busca incentivar la inversión de la industria para generar empleo, así como la transferencia de conocimiento sobre mano de obra, para que más jóvenes sigan capacitándose.

El secretario de Estado asistió hoy a una reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda en conjunto con la Comisión de Cuentas y Control, para debatir sobre los tres proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en relación a normativas sobre la política nacional para la industria del ensamblaje, maquila y un nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión.

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El ministro Giménez señaló que la intención es que estas propuestas sean aprobadas en la fecha. “Son tres proyectos de incentivos para aquello que estamos buscando dentro del Ejecutivo, que son la inversiones, industrias, creación de empleos, y transferencia de mano de obra para que nuestros jóvenes vayan capacitándose cada vez más”, resaltó ante la prensa legislativa, antes de la sesión ordinaria de hoy.

El secretario de Estado destacó que solo en el caso de la Ley de Maquila se prevé que se pueda incentivar la generación de 35.000 empleos directos, de los cuales el 50 % tienen una previsión para las mujeres. “Este nuevo régimen de maquila hace que sea más atractivo permitiendo que las empresas se puedam instalar en el Paraguay, y que sea cada vez más competitivo y que se tenga un régimen simplificado de exportación”, comentó.

Giménez agregó que también contempla la posibilidad de importar productos al Paraguay sin pagar impuestos, darle una transformación industrial y volver a exportar. “Son siete puntos que se están incorporando, que permitirán tener mayor agilidad, menos burocracia porque los volúmenes crecen y tenemos que dar sistemas menos burocráticos para que el industrial exportador tenga mayores posibilidades de hacer negocios”, concluyó.

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El senador Natalicio Chase, quien preside la Comisión de Obras Públicas, que actualmente lleva adelante el estudio del proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público recordó que este miércoles 27 de agosto fenece el plazo para que se presenten todas las propuestas de modificación al planteamiento presentado por el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nación Media, confirmó que, en la fecha, el Ejecutivo remitió las últimas modificaciones al proyecto que presentó a la Cámara de Senadores y serán consensuadas con las diferentes comisiones del Senado, encargadas de dictaminar.

El senador señaló que una vez analizado en los próximos días en las respectivas mesas asesoras, estará listo para que el plenario pueda llevar adelante su tratamiento en la modalidad de “Código”, el próximo miércoles 3 de septiembre, como está contemplado en el cronograma que estableció el plenario de la Cámara Alta.

“Considero que es un proyecto que tiene un gran desafío, porque es la primera vez que se hace una reforma sustancial del Sistema del Transporte Público. Seguramente esto va a tener una implementación gradual y no es que se aplicará de la noche a la mañana, ya que eso será imposible”, comentó.

Enfatizó que la ejecución, aunque inicie de forma gradual, significará una mejora muy importante de todo lo que es el sistema de transporte, en favor de todos sus usuarios.

Respecto a los cuestionamientos que manifestaron un gremio de choferes, sobre algunos planteamientos que contempla el proyecto de ley, Chase confirmó que, hasta la fecha, no acercaron al menos hasta la comisión de Obras que preside, ninguna nota con alguna propuesta o preocupación. Remarcó que tienen en todo caso hasta mañana para presentar cualquier pedido de modificación o cuestionamiento al proyecto.

“Por lo menos en la comisión de Obras Públicas no hemos recibido nada, pudieron haberlo hecho en la comisión de Legislación, pero no hay ningún cambio en el itinerario de tratamiento que tiene este proyecto de ley. Las audiencias públicas ya se han realizado y ellos tienen la potestad de acercar todos los análisis que sean necesario, pero hasta mañana tienen tiempo”, aclaró.

Este proyecto regula y moderniza el Sistema Nacional de Transporte y el Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros, fue presentado al Congreso el pasado 24 de julio del 2025, dentro de su paquete de 10 leyes. La iniciativa busca una reforma integral: nueva gobernanza, licitaciones modernas y estándares de calidad.

La propuesta impulsada por el Viceministerio del Transporte, dependiente de Obras Públicas, contempla como ejes temáticos el fideicomiso que centraliza subsidios, multas y otros ingresos para transparencia y sostenibilidad. Así como la separación de roles: provisión de flota, patios y operación en contratos distintos (competencia “por el mercado”).

Otros ejes tienen que ver con las unidades funcionales: agrupación de rutas/empresas; primera en 2026 y luego dos por año hasta cubrir el sistema. La renovación de flota (diésel de bajas emisiones y eléctricos), con vida útil 10–15 años.

Así como los derechos del usuario, control y calidad; integración tarifaria y descuentos/vales; mantenimiento de beneficios vigentes (estudiantes, adultos mayores, PCD). Como último eje el foco metropolitano Asunción y Central, pero a la vez que permite replicar en otras áreas metropolitanas como Encarnación, Ciudad del Este, entre otros.

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La carrera presidencial en Chile ha arrancado oficialmente esta semana con ocho candidatos en lista para los comicios de noviembre, que estarán marcados por la polarización y en los que las últimas encuestas perfilan como favoritos al líder del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast, y la candidata de la coalición gobernante, la comunista Jeannete Jara.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) recibió el lunes las ocho candidaturas que medirán fuerzas para suceder al presidente Gabriel Boric, que ganó las elecciones presidenciales de 2021 con más de un 55,8 % de los votos frente a un Kast que se quedó a las puertas de la Presidencia con un 44,1 % de los apoyos y que vuelve a concurrir en estos comicios con la promesa de mejorar la crisis de seguridad por el crimen organizado y el narcotráfico.

Según una última encuesta elaborada por la empresa Cadem, Kast encabezaría el recuento con el 28 % de los votos, seguida de la exministra de Trabajo Jeannete Jara, que se sitúa dos puntos porcentuales por debajo del ultraderechista. En tercera posición, se encuentra la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, candidata de la conservadora coalición Chile Vamos y quien acumula el 16 % de los apoyos.

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En paralelo a las elecciones presidenciales, los chilenos también acudirán a las urnas para renovar la Cámara de Diputados y buena parte del Senado en unos comicios parlamentarios igualmente fragmentados, con el voto dividido entre la coalición de Kast, Cambio por Chile, y la oficialista Unidad por Chile, encabezada por Jara, por lo que se augura un Parlamento sin mayorías claras.

Durante estos tres últimos años, el presidente Gabriel Boric, que no puede volver a presentarse, ha intentado consolidar su mandato a golpe de medidas sociales, como su popular reducción de la jornada laboral o la reforma de las pensiones, que permitió incorporar la cotización a cargo del empleador en un sistema dominado por las administradoras privadas.

El líder de Frente Amplio también se apuntó un tanto con la modificación al impuesto a las herencias, el impuesto a la minería del cobre -que permite que un tercio de lo recaudado sea destinado a gobiernos regionales-, así como la promulgación de la ley integral contra la violencia de género y la ley contra la violencia a la niñez.

No obstante, pese a las promesas electorales, su gestión ha quedado lastrada en parte por su fracaso para promulgar una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la época del dictador Augusto Pinochet. Otra de sus deudas más sonadas con el electorado chileno será su propuesta de nacionalización del litio.

En total, un informe de la fundación Ciudadanía Inteligente señala que Boric solo ha cumplido con el 38 % de sus promesas electorales, con la defensa o la democracia como las principales áreas en las que no se han logrado avances.

El ciclo electoral, que ha arrancado oficialmente esta semana, pronostica que tanto el frente izquierda como la ultraderecha dependerán de consensos para poder gobernar, si bien las encuestas sitúan ya a Kast -que fue elegido como candidato sin pasar por primarias- en la segunda vuelta de las presidenciales, por lo que tendría algo más de ventaja que Jara para, eventualmente, aprobar leyes en un Congreso polarizado.

Kast, que presentó su candidatura bajo el eslogan ‘La fuerza del cambio’ y que es cercano ideológicamente al presidente argentino, Javier Milei, o al mandatario estadounidense, Donald Trump, ha prometido llevar a cabo una serie de medidas para superar el estancamiento del crecimiento económico, el alza en el coste de la vida y el aumento del desempleo, además de enfocarse en temas migratorios y de seguridad.

Por contra, el bloque de izquierdas respaldado por Jara, la que fuera subsecretaria de Previsión Social durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, contará con el respaldo de Democracia Cristiana, que evidenció las grietas internas dentro del partido y precipitó la renuncia de Alberto Undurraga por estar en contra de la candidata comunista.

Jara -que en las primarias oficialistas venció a la representante del Socialismo Democrático, de centroizquierda, Carolina Tohá- se ha intentado distanciar de ser la sucesora de Boric y ha reivindicado que quiere construir un gobierno que tenga como objetivo el crecimiento económico, con el aumento del salario mínimo o de la inversión como sus medidas estrella.

En la carrera presidencial también lo volverá a intentar Matthei, quien fracasó en su intento de llegar a La Moneda en las elecciones presidenciales de 2013 como candidata de la coalición Alianza, encabezada por Unión Demócrata Independiente, ante una Bachelet que en segunda vuelta logró cosechar un 62,17 % de los votos.

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Otra cara conocida es la del populista Franco Parisi, que ya que presentó a las presidenciales de 2021 como candidato de Partido de la Gente y a quien las encuestas sitúan ahora en un cuarto lugar, solo por detrás de Matthei. Con un discurso apolítico y antipartidista, impulsó su campaña electoral desde Estados Unidos, donde residía, y a través de redes sociales como Facebook o YouTube.

A las elecciones también concurre el ultraderechista del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser, quien presentó su renuncia en noviembre de 2021 dentro del Partido Republicano tras una serie de declaraciones misóginas y racistas. El candidato, otrora aliado de Kast, ha llegado a apoyar un golpe de Estado como el que llevó al poder en el país a Augusto Pinochet.

Los candidatos menos populares, que no superan el 2 % en intención de voto, son los independientes Marco Enríquez-Ominami -fundador del disuelto Partido Progresista-, Harold Mayne-Nicholls, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y Eduardo Artés, secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) que se presenta por tercera vez consecutiva.

Fuente: Europa Press