En la Cámara de Senadores finalmente se dio el avance legislativo al proyecto de ley “De Suministro y Contrataciones Públicas”, presentado por el Poder Ejecutivo. La Ley actual de Contrataciones Públicas data del año 2003, y con este nuevo proyecto se pretende realizar una actualización completa de dicha legislación.

Durante una audiencia con las autoridades públicas se encargaron de analizar los fines que tendrá esta normativa para el proceso de compras. El encuentro estuvo presidido por el senador Juan Darío Monges, de la Comisión de Presupuesto, en conjunto con la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, representada por el senador Fernando Silva Facetti.

El senador Monges explicó que este proyecto pretende dotar al Estado de instrumentos necesarios para que las adquisiciones sean realizadas de forma eficiente, oportuna y transparente, incorporando calidad, durabilidad y eficiencia en la planificación del gasto público. Esto surge como respuesta a las irregularidades que se dan dentro de este proceso de compras y que se agudizaron durante la emergencia nacional por el COVID-19, destacó.

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Por su parte, el senador Silva Facetti comentó que este proyecto pretende derogar la Ley actual de Contrataciones Públicas, que data del 2003 y que ya está desfasada. Esta propuesta actual busca mejorar todo el sistema de contrataciones públicas, dijo.

El director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, reconoció que desde el 2020 la pandemia permitió desnudar el proceso de las compras públicas. Con esto pretenden llegar a la compra eficiente por encima del proceso, que además sea de calidad y mejor precio.

Viviana Casco, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), resaltó que este proyecto se preparó desde inicios de este gobierno, donde participaron diferentes sectores. Las principales innovaciones que se introducen son: valor por dinero, economía de escala, dinamización de sectores estratégicos, registro de proveedores y compradores, sanciones, inhabilidades y conflicto de intereses, participación ciudadana y transparencia, expresó.

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