El senador Patrick Kemper, del Partido Hagamos, tras la reunión para tratar el problema del contrabando de azúcar con los productores de caña de azúcar y representantes del Ejecutivo y el Senado, informó que trabajará en elaborar un proyecto de ley que contemple sanciones más severas para los contrabandistas.
Así también, informó que se decidió integrar una mesa interinstitucional entre todos los sectores para establecer mecanismos de control para evitar el contrabando, que perjudica a productores y empresarios. Señaló que todas las instituciones parte se comprometieron a triplicar esfuerzos ante este flagelo.
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Sin flujo de caja
Sobre los esfuerzos coordinados que se intensificarán, Kemper se refirió al compromiso de los órganos de control, además de los sistemas tributarios que se centrarán en intensificar sus labores. Con respecto al Senado indicó que conjuntamente con el titular, Óscar Salomón, trabajarán para establecer una mesa de trabajo pública-privada.
“Hay una realidad, la persona que trabaja la tierra cobra semanalmente y hoy las empresas se ven muy afectadas dentro de su flujo de casa por el intenso volumen que está entrando a la República del Paraguay y eso hace que ellos nos puedan vender y no tener recursos. Lógicamente, esa cadena económica se corta”, aseveró Kemper.
Finalmente, sostuvo que se dedicará a elaborar el proyecto de ley que eleve las sanciones a los contrabandistas y así luchar contra este sistema que afecta al sector productivo nacional.
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Mafia de los pagarés: plantean ley para frenar embargos a funcionarios públicos
El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, manifestó que apuntan a modificar la normativa que trata sobre la jubilación de los funcionarios públicos, de modo a impedir que se produzcan embargos. Esta iniciativa nace a partir del caso de la “mafia de los pagarés”, del cual se desprenden miles de denuncias por juicios irregulares.
“Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) tienen su jubilación blindada, también los jubilados del sector legislativo, pero los jubilados del sector público no tienen esa protección, entonces lo que solicitamos es esa modificación y con eso vamos a darle la seguridad de que no se van a poder embargar las jubilaciones”, explicó.
En contacto con el programa “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el defensor señaló que con la modificación a la ley 2345/03, se prohibirán los embargos a los jubilados y pensionados del sector público, salvo que se traten de casos de prestaciones alimentarias. La iniciativa ya fue presentada ante la presidencia del Congreso.
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Otras acciones
El defensor manifestó que a la par de esta propuesta legislativa, se están emprendiendo otras acciones de modo a delimitar el grado de afectación real por la “mafia de los pagarés”. La institución ha puesto a disposición de la ciudadanía un formulario en el cual solicitan datos para identificar qué juzgados estuvieron involucrados, qué montos y personas afectadas.
“Es una información que hoy no tenemos, en días más vamos a tener y vamos a empezar a trabajar de modo a poder decir con certeza si pertenece al grupo de pagaré con problemas o es un proceso normal y que por picardía quieren adherirse a este grupo para parar los embargos. Vamos a ir entregando semanalmente los informes para ir parando estos embargos, no va a ser algo rápido, pero tenemos que movernos”, enfatizó.
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Diputados aprueban ley que amplía Hambre Cero que para incorporar transporte escolar
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en sesión ordinaria, un proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley n.º 7264/24, conocida como “Hambre Cero en las Escuelas”, con el objetivo de ampliar el uso de los fondos destinados al programa.
La iniciativa pretende utilizar los recursos provenientes de los royalties y compensaciones de Itaipú no solo para la provisión de desayuno, almuerzo y merienda escolar, sino también para la adquisición y el mantenimiento de unidades de transporte escolar en todos los departamentos del país.
La propuesta original fue presentada por el diputado Sebastián Remesowski y contemplaba de forma temporal y exclusiva a Itapúa por un período de dos años, no obstante, durante el debate en el pleno se resolvió ampliar el alcance a nivel nacional, ante la identificación de barreras relacionadas al acceso al transporte escolar en diversas comunidades.
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Durante su intervención, Remesowski destacó que la modificación responde a la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la educación en zonas con limitaciones geográficas y de infraestructura. El parlamentario manifestó su conformidad con las modificaciones incorporadas al proyecto.
El texto recibió amplio respaldo y la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó que el dictamen favorable de dicho órgano recomendó la aplicación nacional de la medida. En la misma línea, la diputada Rocío Abed expresó el acompañamiento de la bancada de Honor Colorado.
Por su parte, el diputado César Cerini, titular de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, señaló que su comisión también se allanó a la versión dictaminada por la Comisión de Presupuesto, considerando la situación actual y la necesidad de extender los beneficios.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la propuesta legislativa obtuvo media sanción y será remitida a la Cámara de Senadores para su estudio. De ser sancionada, la modificación complementará el alcance del programa “Hambre Cero en las Escuelas”, incorporando medidas destinadas a facilitar la asistencia regular de los estudiantes a sus instituciones educativas.
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Diputado resalta aprobación unánime para elevar sanciones a implicados en fugas de reclusos
La Cámara de Senadores deberá estudiar la propuesta de modificación del artículo 294 del Código Penal vigente, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La aprobación por unanimidad en la Cámara Baja de esta normativa fue valorada por los diputados.
El proyecto tiene por finalidad agravar la sanción impuesta al funcionario público o personal que preste servicio en un establecimiento penitenciario, cuando participe en calidad de “autor” en un hecho que implique la liberación, fuga o evasión de un establecimiento de reclusión.
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El diputado Yamil Esgaib explicó a La Nación/Nación Media, que actualmente la ley vigente contempla sanciones que van de 6 meses a 5 años. Ahora, la propuesta aprobada por unanimidad por Diputados eleva de 5 a 15 años las penas en caso de complicidad de fuga. El proyecto legislativo pasa ahora al Senado para su consideración.
El diputado lamentó que, en los últimos casos de fuga de reos, hasta ahora no hubo un solo guardiacárcel castigado. “El proyecto que aprobamos pasa ahora al Senado, y espera que una vez que sea sancionado y promulgado la ley desaliente definitivamente la complicidad de los guardiacárceles con los reclusos”, expresó.
Explicó que este proyecto fue ampliamente analizado en la cámara incluso con expertos, ante la preocupación que surgió a raíz de los últimos hechos de fugas de recluso, donde se constató la fácil evasión de los presidiarios con la ayuda y complicidad de los empleados penitenciarios, que son los primeros encargados de la seguridad y se constató que las sanciones eran muy bajas.
El proyecto con media sanción, busca elevar esa sanción a 15 años de pena privativa de libertad y establece también un mínimo de 5 años. El texto propuesto dice en la parte pertinente “…se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años.”
Por una parte, señaló que no hay ningún inconveniente que la pena para la modalidad agravada sea elevada. “Esto se justificaría por elevado grado de reproche de los funcionarios o servidores penitenciarios que provoque, propicien o no eviten una fuga o, peor aún, que deliberadamente liberten a persona que deben cumplir una condena o una medida de privación de libertad. En ese sentido, está justificada la elevación de la pena”, acotó.
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Gobernadores piden descentralizar recursos para emergencia
La ley de emergencia para los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón, golpeados por las lluvias e inundaciones, ya fue sancionada por el Congreso Nacional y se aguarda la promulgación del Poder Ejecutivo para su ejecución. Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados fue modificado el proyecto y se designó a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) como la institución encargada de manejar los G. 15.000 millones para realizar la asistencia a la región Occidental.
Sin embargo, gobernadores de los tres departamentos del Chaco no están de acuerdo que ese presupuesto sea centralizado solo para la SEN. El gobernador de Boquerón, Harold Bergen, indicó que estos recursos deben ser manejados por cada Gobernación.
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“No estamos de acuerdo, vemos que eso va en contra mano a la descentralización que siempre estamos apuntando con el Ejecutivo. No tenemos nada contra la SEN, el ministro es una gran persona, trabajamos de manera excelente con él”, expresó en conversación con La Nación/Nación Media.
Indicó además que, como autoridades regionales, conocen en detalle dónde hay una necesidad más urgente para paliar, teniendo en cuenta que esta ley de emergencia también incluye la reparación de caminos que quedaron intransitables por las lluvias.
“La mayor parte, lo que vamos a necesitar ahora es el tema de los caminos, yo todos los días estoy reuniéndome con los líderes, con todas las comunidades que están aisladas, con los intendentes, con las cooperativas, con el sector privado, con ganaderos, para ver cómo podemos reparar los caminos”, mencionó.
Así también señaló que esto va en contra de la descentralización que se viene trabajando. “Va contra la descentralización, siempre hablamos, siempre dijimos que en el Paraguay necesitamos trabajar más descentralizados. No se trata de gustos, es sentido común”, sentenció Bergen.
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