A 21 días del accidente vial que involucró al diputado abdista Mauricio Espínola, quedó expuesta una presunta deficiencia en la actuación policial para determinar las circunstancias del hecho que arrojó como víctima fatal a un motociclista identificado como Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, fallecido el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.

En la intervención policial del accidente registrado el 16 de mayo sobre la avenida Kubitschek y Cerro Corá, en el barrio Mburicaó de Asunción, no se recabaron elementos fundamentales para la investigación del hecho, como la identificación completa de los testigos presenciales y sus respectivas versiones detalladas, ni el requerimiento inmediato de cámaras de circuito cerrado de la zona, con el fin de preservar las evidencias.

Las graves omisiones en la recolección de datos quedaron exhibidas en una entrevista realizada por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, al subcomisario Víctor Ovelar, subjefe de la Comisaría 7.ª de Asunción, durante el programa “Arriba hoy”.

El caso fue registrado en un primer momento como un accidente con lesión, pese a que Benítez Chaparro se encontraba tendido en el asfalto en un estado crítico y sin lucidez, de acuerdo a las afirmaciones de una conductora, quien fue una de sus principales socorristas, instantes después de producirse el impacto.

“A nivel de procedimiento policial agotamos todas las actuaciones que compete a la Policía Nacional. En ese momento no se pidió cámaras, lo que requiere la ley es auxiliar al lesionado, nosotros pasamos todos los informes al Ministerio Público, a partir de ahí esa institución guía las investigaciones”, comentó Ovelar.

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Este hecho evidencia una valoración inicial inadecuada de la gravedad del trágico accidente que derivó actualmente en la imputación de Espínola por homicidio culposo. El agente oficial reconoció que los intervinientes llegaron luego de ocurrido el accidente y que el procedimiento se limitó al auxilio de la víctima y al traslado del legislador hasta una sede de la Patrulla Caminera con el fin de realizarle el control de alcotest.

En casos similares, la Policía Nacional debe asegurar el lugar, asistir a los afectados y levantar toda la información relevante, incluyendo datos de testigos y la identificación de posibles registros fílmicos. A la vez, debe preservar las evidencias y comunicar a la Fiscalía cuando el hecho pueda constituir un delito.

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El acta policial remitida al Ministerio Público refiere que el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el diputado abdista Mauricio Espínola se llevó la peor parte el motociclista Emilio Benítez Chaparro, quien fue trasladado al Hospital del Trauma, donde se produjo su deceso 11 días después.

El diputado se adelantó con un acuerdo económico y esto genera especulación sobre el curso que pudiera darse al caso que, hoy tiene una víctima fatal.

Al mando de su camioneta Toyota Fortuner del año, el diputado abdista Mauricio Espínola estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el 16 de mayo pasado y que generó múltiples lesiones a un motociclista de nombre Emilio Benítez Chaparro, quien posteriormente falleció por traumatismo de cráneo encefálico.

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Desde el momento del percance, la víctima fatal estuvo en desventaja debido a los golpes que recibió con el impacto impidió contar su historia sobre los detalles del suceso. El acta policial remitida al Ministerio Público, específicamente a la fiscal Mercedes Vera consigna lo manifestado por el diputado abdista, no así el testimonio del hoy fallecido motociclista.

Los intervinientes alegan que por las condiciones del fallecido motociclista, este no pudo brindar declaraciones. De hecho, a diferencia de los demás mencionados en el acta policial no figura ningún número de celular de la víctima fatal o de contacto de algún familiar.

Desde la redacción nos comunicamos con los intervinientes como la fiscal Vera, pero no pudieron ayudarnos a contactar con algún familiar de Benítez. Consultada de, cómo sigue la causa con el fallecimiento del motociclista, la agente del Ministerio Público explicó que existe un acuerdo económico que el mismo Espínola acercó.

Vera dijo que por el duelo de la familia no está convocando a los involucrados. Refirió que citará a los familiares para ver si se ratifican en el acuerdo con Espínola.

Abogados consultados mencionaron que nada tiene que ver el acuerdo firmado entre el diputado abdista y los familiares de la víctima fatal. A partir del deceso, el Ministerio Público es dueño de la causa, debe proseguir con la imputación y procesamiento de Espínola.

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El diputado Alejandro Aguilera indicó que el gobierno nacional es serio, responsable y está llevando bien las riendas de la economía. Afirmó además que no tiene dudas de que las deudas con las empresas vialeras serán saldadas.

“Es una cuestión sencilla, las obras que se hicieron se tienen que pagar. Las empresas que hicieron esos trabajos tienen que cobrar ese dinero. Mucha gente depende de esas empresas”, señaló a TV Cámara.

El legislador colorado dijo que tanto obreros como proveedores de materiales dependen de esas empresas viales.

“El Estado tiene que ver los mecanismos para honrar esos compromisos. Y creo que está en condiciones de hacerlo. Es un gobierno serio y responsable. Está llevando bien las riendas de la economía el presidente de la República y no me queda la menor duda de que eso se va a cumplir”, indicó.

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Al igual que las farmacéuticas, las constructoras también rechazan el plan de factoraje que propone el Ministerio de Economía para saldar las deudas acumuladas al sostener que la medida no es equitativa.

Mediante un comunicado la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco)sentó postura en contra del factoraje reglamentado por el Poder Ejecutivo.

Para las vialeras, saldar la deuda es urgente, pero no es razonable presentar como propuesta de cumplimiento lo que, en realidad, “es un castigo al que ya cumplió”, conforme expresan.

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Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.

A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.

“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.

El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.

Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.

“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.

El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.

En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.

No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.