La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que amplía el presupuesto para el Ministerio de Defensa Nacional. La propuesta busca dotar de mayores recursos económicos a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para que puedan ser invertidos en innovación y equipamientos.
La ampliación solicitada es de G. 15 mil millones, que serán recursos provenientes de los bonos soberanos emitidos en el 2020. También se plantea una transferencia de créditos dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.
Lea más: Godoy rechazó regulación del flete y calificó de “trasnochados” a sus proponentes
El diputado Tadeo Rojas, por la Comisión de Presupuesto, explicó la importancia de aumentar los recursos a estas fuerzas públicas atendiendo a todos los casos de inseguridad registrados en el Norte, como enfrentamientos y los secuestros.
Los créditos presupuestarios que se amplían por esta ley serán destinados exclusivamente a la adquisición de equipos y vehículos de alta precisión, así como equipos especiales destinados al mantenimiento de la seguridad, el orden interno y la defensa nacional. Además, aclaran que no podrá ser transferido a otros objetos de gastos ni otras actividades.
También se establece que será la Contraloría General de la República la encargada de reglamentar el procedimiento necesario para rendir cuentas sobre la ejecución de estos recursos que serán transferidos al ministerio.
Lea también: Celeste Amarilla: “Entréguense porque van a terminar muriendo todos”
Dejanos tu comentario
“Lo más prudente es esperar el informe”, dice diputado sobre intervención de Asunción
El diputado Rodrigo Gamarra, quien encabeza la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Asunción, manifestó que el posicionamiento del movimiento Honor Colorado se ceñirá a lo que refleje el informe final elaborado por el economista Carlos Pereira sobre la gestión del intendente Óscar Rodríguez, que se presentará este viernes.
“Creo que debería ser lo más correcto. La persona que hizo el trabajo técnico, que debe estar sustentando en documentos, son los ojos y oídos en este proceso. Nuestra Cámara se caracteriza por la coherencia. Lo más prudente es esperar el informe”, sostuvo Gamarra, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el legislador manifestó “no sabemos aún qué contiene y en qué está sustentado el proceso de intervención. Rodríguez sostiene que no hay motivos y que toda su administración está documentada y en regla, que no existen causales suficientes para sacarlo o para que renuncie”.
Lea también: Interventor de Asunción presentará su informe este viernes
Gamarra señaló que su recomendación personal a Rodríguez sería que presente su renuncia al cargo en caso de constatarse graves irregularidades en su administración. El proceso de fiscalización se inició el pasado 24 junio sobre seis observaciones señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), que derivaron en la intervención.
“Yo soy del mismo equipo que el intendente, es mi amigo, lo conozco y, con todo esto, ante el pedido de intervención nosotros actuamos desde la comisión de manera totalmente imparcial, a puertas abiertas. Si es que hay causales que ameriten llegar a una causa extrema, yo le recomendaría renunciar, pero esta es una posición personal, no del movimiento”, dijo el parlamentario.
Te puede interesar: González Vaesken confirma su precandidatura para pujar por la intendencia de CDE
Dejanos tu comentario
Poder Judicial: piden ampliación presupuestaria para infraestructura y servicios
Ante las comisiones de Presupuesto y de Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, este martes el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel presentó los fundamentos de la solicitud de ampliación presupuestaria correspondiente a la Fuente 30, compuesta por recursos generados por el propio Poder Judicial.
Te puede interesar: Yacyretá informó ahorro de USD 26 millones en litigios y acuerdos
“Los fondos serán destinados prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, así como a inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, incluyendo avances en digitalización documental de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), en el marco de los preparativos para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN)”, explicó.
Los legisladores escucharon con atención las apreciaciones del doctor, quien profundizó en los objetivos estratégicos de la solicitud de ampliación presupuestaria, orientada a garantizar la continuidad operativa de proyectos institucionales en curso, la cobertura de compromisos contractuales vigentes y la adecuación progresiva de la infraestructura judicial.
“Con esta propuesta se busca atender necesidades impostergables no contempladas en el plan financiero actual, consideradas esenciales para el funcionamiento regular del sistema judicial”, indicó.
También aclaró que los fondos solicitados provienen exclusivamente de recursos institucionales generados por tasas y servicios prestados por el propio Poder Judicial, sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.
Dentro de las áreas prioritarias de inversión, se contemplan:
- la adecuación edilicia de sedes judiciales
- el fortalecimiento de la seguridad institucional
- la adquisición de equipamiento e insumos indispensables para sostener la operatividad a nivel nacional
- la cobertura de gastos en servicios personales y no personales
- la compra de bienes de consumo y de inversión física
Contratos vigentes
Según lo expuesto, se proyecta una asignación de G. 28.680.500.000, que será destinada prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, además de permitir —según disponibilidad— nuevos llamados para servicios especializados.
Leé también: Fiscalizaciones laborales protegieron a 88.000 trabajadores en un año
El director general de Administración y Finanzas señaló que parte de estos fondos posibilitará el avance en el proceso de digitalización certificada de documentos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), como parte de la etapa preparatoria para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN), un sistema que prevé integrar progresivamente los servicios registrales actualmente distribuidos en distintas dependencias.
Dejanos tu comentario
“Hubo un descarado robo a las arcas de Ciudad del Este”, afirma diputado Meza
El diputado Hugo Meza cuestionó duramente a la oposición por un doble discurso, apuntando a un fraude electoral, refiriéndose a las conductas del ahora exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Durante el tratamiento del pedido de destitución, el debate fue bastante intenso, principalmente de los legisladores de la oposición, que pese a los resultados de la intervención, seguían defendiendo a Prieto.
“Que muchas mentiras se dijeron en este pleno de cara a la ciudadanía. Es la crónica de unos hechos, de robos, de malversaciones, plenamente comprobados y documentados. Escuché que acá se quiso categorizar los robos, con un afán extraordinario, se quiere decir cuál es un robo chico y cuál es un robo grande”, criticó el diputado Meza.
Para el legislador, el pertenecer a la oposición o ganar en unas elecciones, no le habilita a una autoridad al robo de las arcas de la institución. “Quieren instalar que el intendente de Ciudad del Este casi está comprendido en un robo bagatelario, inclusive se recurre a una frase poco feliz, porque tuvo 81.000 votos le habilita para robar, esa es una falacia muy grande y un mensaje dañino para nuestra democracia, donde el mayor cáncer que tenemos sigue siendo la corrupción y la impunidad”, sentenció.
Ante todas las irregularidades señaladas en su administración, calificó a Prieto como un fraude. “Es una estafa electoral, porque ustedes dijeron que iban a ser mejores de los que se fueron, y a la luz de lo que hoy estamos viendo, acá hubo un robo descarado a las arcas municipales de Ciudad del Este”, puntualizó.
Leé también: La Cámara de Diputados destituyó a Miguel Prieto
Dejanos tu comentario
Superintendente de Salud niega injerencia política en sanción de sanatorio esteño
El titular de la Superintendencia de la Salud, el doctor Roberto Melgarejo, negó que tenga fines políticos la sanción del Sanatorio del Parque, en Ciudad del Este, vinculado a la familia del diputado prietista Guillermo Rodríguez, quien denunció la medida como una supuesta “persecución política” y “terrorismo de Estado”. “Acá no hay un ánimo de perseguir a nadie, solo la necesidad de que se formalicen las cosas”, indicó el superintendente.
“Este diputado es un gran mentiroso y me molesta que diga que esto es una cuestión política, es un gran disparatero. No solo maltrató a mis funcionarios, sino a mi persona y toda la institución. La habilitación por parte del Ministerio de Salud y el registro de Superintendencia tenían vencidos“, dijo Melgarejo, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Melgarejo mencionó que “ninguna entidad puede estar prestando servicio sin la debida habilitación y el registro. Estaban en una contravención, entonces debe ser clausurado hasta tanto regularicen su situación. Ellos, en principio, dijeron que tenían en proceso de renovación de habilitación, pero no presentaron ningún tipo de documentaciones. Incluso, uno de ellos admitió en voz baja que todavía no hicieron los papeles”.
Señaló que funcionarios de la institución no solo intervinieron el sanatorio privado de Ciudad del Este, sino que también en las localidades de Presidente Franco y Hernandarias. “Se visitaron 340 entidades prestadoras, aproximadamente. El diputado dijo que fue una visita puntual, esa es la primera gran mentira. Dijo que esto se enmarca dentro de una persecución, pero, de ninguna manera, nosotros ni sabíamos que era propietario su padre o su familia, y mis funcionarios menos, ni tienen por qué saber”, comentó.
Lea también: Peña lidera un gobierno reformista plenamente consolidado, sostiene sociólogo
Iniciaron trámites tras intervención
Detalló que el procedimiento de fiscalización fue ejecutado el pasado lunes 11 de agosto. Mientras que el miércoles 14 de agosto ingresó por mesa de entrada de la Superintendencia de Salud una nota de reconsideración presentada por el centro médico privado, solicitando que se entienda la situación, aceptando que no cuentan con los papeles y que están en falta.
“Además en la nota adjuntan que ya iniciaron el proceso de renovación de las documentaciones y que lo iniciaron el 12 de agosto, es decir después de la intervención. El diputado dijo que el proceso inició mucho antes y que lo nuestro era una cuestión arbitraria, pero esta es una segunda gran mentira”,
Agregó que la tercera gran mentira esgrimida por Rodríguez es cuando dice que ningún proceso de renovación en el Ministerio de Salud no se puede iniciar hasta tanto se venza la habilitación. “Hay una resolución del año 2020, en la cual cualquier entidad prestadora de servicio pueden iniciar hasta 90 días antes la renovación de su habilitación. Si en este plazo no se inició y llega el momento de vencimiento de su habilitación, entonces la entidad quedará clausurada hasta que los documentos estén en forma regular”, manifestó.
Te puede interesar: Alianza Gremial se posiciona como ganador en elecciones de Derecho UNA