El senador del Frente Guasu Hugo Richer pidió a Mario Abdo Benítez que su gobierno defina una postura sobre si negociará o no la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú entre Paraguay y Brasil. El parlamentario se refirió a las expresiones del canciller nacional, Euclides Acevedo, quien señaló que las negociaciones quedarían para el próximo gobierno en el 2023.
En este sentido, Richer mencionó que el punto central de la discusión sobre el Anexo C ya no se da sobre si se trata de una deuda espuria o quién se debe hacer cargo de esta deuda, sino en torno a la postura que deba tomar ahora el Gobierno.
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“¿Ya es una posición del gobierno de Mario Abdo? ¿Este gobierno ya asumió que efectivamente no va a negociar la revisión del Anexo C? Ojalá que sea así, para mí la autoridad moral y la eficiencia de este gobierno, desde luego, no le acredita para esta negociación”, indicó el senador durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, este jueves.
Así mismo, manifestó que espera que el Gobierno también tome una postura sobre el dictamen emitido por la Contraloría General de la República (CGR), en el cual se detalla que, durante 13 años (1986-1997), Brasil pagó por energía más barata y Paraguay dejó de percibir de US$ 1.700 millones, lo que le generó una deuda de US$ 4.193 millones.
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“Esperemos que, en los próximos días, el gobierno diga qué va hacer con este informe de la Contraloría, y que nos diga: ‘Señores, yo ya no voy a negociar, ya no voy a encabezar la negociación’. Son los puntos centrales que esperemos en los próximos días. De lo contrario, desde este Senado, desde este Congreso, tenemos que tomar una decisión al respecto”, cuestionó.
Por otro lado, sostuvo que si el Gobierno no toma una postura desde el Congreso se debe tomar alguna determinación al respecto. “Es importante que tengamos, en función a una estrategia y en función a un un objetivo, si lo que dice el canciller se afirma en una decisión de que el gobierno de Mario Abdo efectivamente abandona su interés de negociar la revisión del Anexo C del tratado. Ese es el gran punto”, sentenció.
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Llegaron los primeros cuatro aviones Super Tucano
Poco después del mediodía se realizó la recepción oficial de los cuatro aviones Super Tucano A-29 adquiridos por el Gobierno de Paraguay para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la protección del espacio aéreo nacional. El acto fue liderado por el presidente Santiago Peña y las autoridades militares.
Esta flota de cuatro aeronaves forma parte del paquete de seis aviones comprados por el Estado paraguayo de la compañía brasileña Embraer S. A., con una inversión total de USD 105 millones.
De este modo, el Gobierno del Paraguay celebra la llegada de los nuevos aviones AT-29 Super Tucano, marcando un hito en la modernización de las capacidades aéreas y en la inversión histórica en defensa y seguridad. Esta adquisición representa un paso firme hacia la protección del espacio aéreo y el fortalecimiento de la soberanía del país.
A través de un convenio con la compañía brasileña Embraer S. A., estos aviones fueron fabricados con especificaciones técnicas indicadas por el gobierno paraguayo.
“La línea del Gobierno es incorporar la tecnología y herramientas que efectivamente se van a utilizar. No se va a gastar en equipos o en armamentos que finalmente no usaremos”, adelantó el ministro de Defensa, Óscar González.
Día histórico para el Paraguay
A su turno el comandante de la Fuerza Aérea, Julio Fullaondo, destacó que es un día histórico para el Paraguay al recibir las nuevas aeronaves que son parte del proceso continuo de fortalecimiento de la Fuerza Aérea Paraguaya.
Indicó que la incorporación de esta flota representa la adquisición de defensa de mayor trascendencia en los últimos 38 años, remarcando que los A-29 son los más modernos de su tipo en el mundo.
“La llegada de estas aeronaves representan mucho más que una incorporación logística, es un paso firme hacia la modernización de nuestras capacidades operativas. Los A-29 Super Tucano con tecnología de última generación ayudarán a mejorar nuestra eficacia para ejecutar misiones de vigilancia del espacio aéreo y dar respuestas oportunas ante desafíos emergentes”, remarcó.
A su turno, el presidente de la República, Santiago Peña, indicó que este fue un sueño que se logra luego de varias décadas tras la última vez que el Paraguay incorporó aviones Super Tucano. Agradeció el apoyo a los legisladores del Congreso Nacional que acompañaron la adquisición de estas aeronaves.
Resaltó que hoy el Estado paraguayo invierte en defensa y seguridad, ya no para enfrentar a los vecinos de la región, eso ha quedado en el pasado, ya que en la actualidad se está enfrentando peligros diferentes.
“El crimen organizado, el narcotráfico, los delitos trasnacionales no conocen de fronteras ni de nacionalidades. Esto requiere que los Estados estén cada vez más organizados, más fortalecidos. A nivel mundial vemos los diferentes conflictos que se están librando, tanto en Medio Oriente como en Europa y vemos que la constante es seguir fortaleciendo la defensa y la seguridad”, remarcó.
Los Super Tucano son aeronaves de combate ligero reconocidos mundialmente por su versatilidad y eficacia en diversas misiones, incluyendo:
- Patrullaje aéreo: capaces de realizar misiones de vigilancia y control del espacio aéreo.
- Apoyo aéreo cercano: efectivos en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres.
- Entrenamiento: ideales para la formación de nuevos pilotos en técnicas de combate y maniobras aéreas.
- Capacidad de interceptación: las naves están equipadas para interceptar aviones no autorizados, aumentando la seguridad del espacio aéreo nacional.
Apertura al público
La Primera Brigada de la Fuerza Aérea abre sus puertas este lunes 30 de junio, de 14:00 a 18:00, invitando a la ciudadanía en general a conocer de cerca los nuevos aviones Super Tucano.
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CGR entregó informe de gestión al Congreso: más de USD 160 millones de indicios de hechos punibles
En cumplimiento al mandato constitucional, el contralor general de la República, Camilo Benítez, entrego este lunes al presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, el informe de gestión anual de la Contraloría General.
En conferencia de prensa, el contralor Benítez explicó que este documento contiene todas las actividades de control que han llevado adelante el año pasado. Todas las auditorías financieras, tanto de cumplimientos, fiscalizaciones especiales, los exámenes de correspondencias, como reportes de indicios de hechos punibles con millonarios montos afectados.
“Los reportes de indicios de hechos punibles arrojan una cifra que no es menor, más de 160 millones de dólares, que ya fueron remitidos al Ministerio Público”, precisó.
Agregó que el informe entregado explica además la nueva capacidad que tiene la CGR después de haberse promulgado la Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.
“La Contraloría siempre ha tenido y sigue teniendo un aspecto represivo contra la corrupción. Pero, hoy cuenta también con otros aspectos, que tienen que ver con la prevención de la corrupción, promoviendo la cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas”, acotó.
Control del Hambre Cero
Mencionó que el principal control que llevan adelante tiene que ver con el programa “Hambre Cero en las Escuelas”. “Creemos que es el desafío más grande que tiene el Poder Ejecutivo, y nuestra responsabilidad es ser custodio del control del servicio de alimentación”, precisó.
Al respecto, indicó que la CGR ha llevado adelante más de 400 verificaciones in situ. “Nosotros creemos que sin el control concurrente de la Contraloría, el servicio de alimentación escolar se podría ver perjudicado. Creemos que este rol de vigilantes que tenemos hace que las empresas lo tomen más en serio y puedan proveer el servicio todos los días”, acotó.
Explicó que por ley constitucional, la CGR debe realizar la presentación anual de la gestión que lleva adelante y esperar que el Senado lo pueda analizar. Mencionó que el informe que entregó en la fecha es un complemento al que presentarán más adelante, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria 2024 del Gobierno.
Importantes avances
A su turno, el senador Basilio Núñez, titular del Congreso, resaltó que desde el Senado considera que se está avanzando y mejorando el sistema de control, cumpliendo de ese modo el rol constitucional que le compete al Poder Legislativo.
“Creo que estamos yendo por buen camino, que se fortalece con la asistencia del contralor y su equipo. Estamos fortaleciendo departamentos como la Auditoría Interna, estamos implementando el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay), que no se implementaba como debía ser en periodo anteriores, pero ahora hay una voluntad política de hacerlo”, acotó.
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Celeridad de leyes, diálogo con Peña y reestructuración, resalta Núñez de año legislativo
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, hizo un balance de su gestión en el primer año al frente del Poder Legislativo, que se cumple este martes 1 de julio, siendo un cargo que ocupará hasta el 2027. El legislador destacó la reestructuración de recursos humanos, el diálogo cercano con el Poder Ejecutivo y la celeridad para aprobar proyectos que benefician a la ciudadanía.
“Creo que en este un año cumplimos con la ciudadanía en el sentido que cambiamos varios paradigmas en el Senado, y conste que estoy hablando de una Cámara donde es la primera vez que estoy, en el periodo anterior fui diputado. Creo que lo más importante es la aprobación de las leyes que benefician al ciudadano”, refirió el legislador, este lunes, en estudios de Nación Media, a través del programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM.
Citó entre los principales proyectos aprobados la ley de pensión universal para el adulto mayor, la ley de cuidados paliativos, también la ley de fusión del Registro Único Nacional. “Lo más importante es la celeridad, ningún proyecto de ley que venga del Ejecutivo fue rechazado, y tengo que destacar el periodo que también estuvo el senador Silvio Ovelar, y este periodo que está concluyendo hoy”, aseveró.
Así también, destacó el fuerte acompañamiento que se dio al Poder Ejecutivo en todos los proyectos de ley que remitió al Congreso. “A diferencia de países vecinos, vemos que no se da ese tratamiento, esa celeridad de proyectos de leyes que verdaderamente nos beneficien”, resaltó Núñez.
Otro de los aspectos recalcados por el titular legislativo, es la apertura de diálogo entre el presidente de la República, Santiago Peña, y los legisladores de todos los sectores políticos. “Tengo que destacar también el diálogo que se trató de instalar y se instala entre sectores de la oposición, aliada, la no aliada, para mí es un hecho histórico, estoy hace más de 20 años en política, de que líderes y vicelíderes de bancadas acudan a Mburuvicha Róga a conversar con el presidente de la República”, mencionó.
Además, indicó que esto habla mucho de la democracia y también de la apertura del mandatario, como del Congreso Nacional. “Para mí el hecho trascendental de esa capacidad, que de alguna forma pusimos en diálogo. En un gobierno donde queremos instalar la gobernabilidad hay que conversar con todos los sectores y es lo que hicimos”, indicó.
Restructuración de los recursos humanos
Por otra parte, Núñez citó como factor importante la reestructuración de los recursos humanos en la institución legislativa. “El Senado y el Congreso tenían 300 direcciones, hoy bajamos al 50 %, con una restructuración donde trabajaron varios colegas senadores, trabajamos con el Ministerio de Economía y Finanzas”, detalló.
Resaltó que el pleno había aprobado por mayoría un nuevo organigrama laboral de diferenciación en categorías, ya que, en periodos anteriores, la mayoría de los que ingresaban en las funciones, en el Senado, ingresaban como directores.
“Esa restructuración costó porque en periodos anteriores, ¿qué hacían los colegas senadores o la clase política? Venían a pedir trabajo, entraba al Congreso y directamente tenía que ser director, porque al ser director cobraba una bonificación y una gratificación, no había ordenanza, todos eran directores. Ahora establecimos una diferencia”, sentenció.
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¿Cuánto se ha avanzado en mejorar la seguridad?
El martes 1 de julio será la presentación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso. En este contexto, el ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles sobre las acciones de su cartera en pos de mejorar la seguridad, una de las aristas más importantes para este gobierno, según el propio mandatario.
En conversación con La Nación/Nación Media, Riera destacó la implementación del plan estratégico institucional de la cartera, previsto hasta el año 2028. Según explicó, este plan se articula en tres ejes: el fortalecimiento de la Policía, la mejora de la seguridad ciudadana y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática mediante la coordinación con instituciones públicas, especialmente con las 17 gobernaciones y 263 intendencias del país.
Uno de los pilares señalados por Riera fue la implementación de la ley n.° 7280 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, con una inversión de alrededor de USD 100 millones destinados a demandas sociales históricas dentro de la institución. A esta medida se sumó una inversión de más de USD 90 millones, proveniente de la Itaipú Binacional, para equipamiento y fortalecimiento operativo.
Reforma policial
La modernización se estructuró en dos etapas: la primera enfocada en el bienestar policial y la segunda en la operatividad. Entre las acciones realizadas, el ministro mencionó la incorporación anual de 5.000 nuevos aspirantes con capacitación orientada al servicio efectivo, así como mejoras tecnológicas, equipamiento logístico y procesos de depuración interna.
Se destacó la exigencia legal del test de integridad (polígrafo) para los ascensos, aplicada actualmente a toda la cúpula del Comando institucional, y la elevación jerárquica de la Dirección General de Asuntos Internos.
En cuanto a recursos, Riera detalló la incorporación de 1.000 motocicletas, más de 600 camionetas, 2.800 radios con GPS, 1.500 chalecos balísticos (con previsión de compra de 8.000 más), así como el egreso de cerca de 5.000 nuevos agentes, entre ellos 224 Linces.
Mayor equipamiento
Además, se instalaron 1.200 computadoras, se integró el sistema de inteligencia Bravo, se actualizó el sistema Guardián y se proyectó la entrega de 1.971 teléfonos móviles para 600 comisarías, 300 subcomisarías y 150 puestos policiales.
El ministro también mencionó la incorporación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de casos de violencia intrafamiliar, bajo un decreto firmado en 2023. Además, se amplió el sistema de videovigilancia del 911 con más de 931 cámaras operativas, 15 instaladas en hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras 150 en puntos semafóricos de Asunción.
En el área operativa, la institución apunta a alcanzar 57.000 efectivos policiales, acercándose al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes en turnos de ocho horas, conforme a criterios de la ONU.
En total, desde 2023 se detuvieron a más de 34.000 personas, aunque solo 8.000 fueron procesadas, lo cual, según Riera, revela la necesidad de una mayor articulación con el sistema judicial.
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Lucha contra las adicciones
El informe también hizo énfasis en el Plan Sumar, que ahora entra en una segunda fase denominada “Sumar en tu barrio”. Esta etapa implica acciones conjuntas con los ministerios de Educación y Salud, así como visitas semanales a los 19 distritos de Central y todos los barrios de Asunción. El objetivo es abordar integralmente la problemática del consumo de drogas entre jóvenes, que según cifras oficiales afecta a unos 90.000 menores de 25 años en la zona.
El enfoque del plan es ofrecer atención primaria en salud, fortalecer la comunidad educativa e intervenir directamente con organizaciones civiles y comités barriales, para lo cual se han conformado comisiones de seguridad comunitarias en coordinación con autoridades locales.
En materia de estadísticas, el Ministerio del Interior reporta que Paraguay se ubica entre los países con tasas de homicidio más bajas de la región, con una tendencia decreciente en los hechos punibles desde 2022. Entre 2023 y 2024 se registraron 4.000 denuncias menos y se incrementó el porcentaje de delitos esclarecidos.
Por último, el perjuicio económico ocasionado al narcotráfico por incautaciones de cocaína, crack y marihuana, entre julio de 2024 y mayo de 2025, fue estimado en más de USD 60 millones.