El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, prometió que la deuda de la Itaipú Binacional con el pueblo será saldada. Esto manifestó el segundo del Ejecutivo luego de que la Contraloría General de la República (CGR) presentó un dictamen en el cual se afirma la existencia de una deuda por el servicio de electricidad.

“El resarcimiento de un Estado a otro es la vía para el 2023. Hay una deuda histórica en Itaipú y también con el pueblo paraguayo. Ella será saldada por el Gobierno en el 2023”, manifestó Velázquez.

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El vicepresidente de la República mencionó, además, que todos los documentos presentados por la Contraloría ya están en poder del Gobierno; por lo tanto, serán utilizados cuando se den las negociaciones del Anexo C.

“Las documentaciones facilitadas por la Contraloría General están en poder del Gobierno, y las mismas serán utilizadas para que a partir del 2023 se pueda saldar la deuda histórica. Todo debe hacerse en una mesa de negociación, con una estrategia ejecutada y con la unidad nacional. Soy optimista de que todo será reparado”, expresó Velázquez.

Por otra parte, cree que los resultados que se puedan conseguir con esta negociación podrían afectar incluso en lo económico, financiero y funcionamiento de la binacional. Esto, de darse un resultado positivo.

“La misma Itaipú tendrá beneficios con la negociación. El entendimiento económico dará solvencia a sus finanzas y mejor operatividad. Acá hay que pisar el presente y mirar el futuro. La negociación es un resarcimiento respecto a las diferencias de costos y el beneficio que sacó Electrobras en detrimento de la Itaipú Binacional. La base de todo es el diálogo con el Brasil”, puntualizó.

El informe de la Contraloría General de la República señala que desde 1985 hasta 1997, a excepción de 1991, “Itaipú aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad a pedido de representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos”, dejando de percibir US$ 1.700 millones y generando una deuda de US$ 4.193 millones “en contra de sus intereses y a favor de Eletrobrás”.

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