El Ministerio del Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (MTESS) recordó a las empresas que el Código Laboral, en su artículo 234, establece que el trabajo realizado en feriado nacional debe abonarse con un recargo del 100 % sobre la remuneración habitual y no puede ser compensado con un día libre.

Así también, desde la institución recalcaron a los trabajadores que la jornada de hoy 16 de junio corresponde cobrar doble por el día trabajado. “Desde el Ministerio de Trabajo venimos realizando controles y tomando medidas para el efectivo cumplimiento de este derecho”, explicaron.

Los obreros que pudieran constatar incumplimientos podrán acercar su denuncia, sea nominal o anónima, a la sede central del Ministerio de Trabajo o en las direcciones regionales e incluso se encuentra la opción de hacerlo vía web, accediendo a la página oficial del entidad, según indicaron.

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En ese sentido, Enrique López Arce, especialista en empleos, manifestó que la remuneración debe ser doble debido a la ley vigente. “Nosotros tenemos más de 140.000 empleadores según las cifras oficiales del primer trimestre, que tienen algún tipo de local”, aseguró a la 650 AM.

En los feriados pasados por el Día de la Independencia Nacional, los verificadores estatales habían recorrido más de 100 locales comerciales para constatar que los empleadores respeten el derecho de los trabajadores a percibir el recargo del 100 % sobre el jornal diario, conforme lo establece el Código del Trabajo. Esto, a fin de proteger los derechos laborales y asegurar que se respeten las condiciones establecidas por la ley.

Por último, recordó que si bien ya se anunció el aumento del salario mínimo, este aplicará a partir del primero de julio, por lo tanto, el remarcaje de precios en locales debería aplicarse a partir del séptimo mes del año.

“En este caso se puede dar alza de precio en comestibles, hay muchas quejas y denuncias de que se sube cuando no corresponde todavía”, dijo el especialista, asegurando que se deberá controlar si los comercios aplican subas antes de tiempo.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que proyecta realizar una visita oficial a Paraná, estado de Brasil, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales y atraer inversiones de empresarios y productores de esta próspera región del sur de Brasil.

“Vendrán inversiones nuevas en los próximos meses”, adelantó el mandatario, subrayando el creciente interés del sector privado brasileño en las oportunidades que ofrece Paraguay. Estas declaraciones fueron tras recibir una invitación del gobernador, Carlos Massa Ratinho Junior.

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Peña indicó que ya en Paraná, dialogarán sobre una amplia gama de temas como infraestructura, inversiones, integración productiva y nuevas oportunidades para el comercio y el empleo en la región.

También hizo énfasis en que el segundo puente Presidente Franco – Foz de Iguazú es apenas un ejemplo de todo lo que se puede lograr mediante acciones conjuntas. “Antes de fin de año vamos a tener listas todas las obras; nos comprometimos a ir a visitar en unas semanas para ver cómo avanzan las tareas (lado brasileño)”, subrayó.

Mencionó igualmente acerca del interés de ambas autoridades de contribuir con el desarrollo de la región. “Hay mucho interés por parte de productores brasileños que están viniendo al Paraguay y creo que vendrán muchas inversiones nuevas en los próximos meses”, reiteró.

La Cámara de Comer­cio Paraguay Bra­sil (CCPB) compar­tió un informe respecto al intercambio comercial entre Paraguay y Brasil durante el 2024, el cual alcanzó USD 7.271 millones, lo que repre­sentó un aumento del 9,8 % con respecto al año 2023. Este país es el principal socio comercial y generador de inversiones.

El comercio bilateral al cierre del reciente 2024 fue el mejor de los últimos 10 años, luego del regis­trado en el 2022 cuando se llegó a los USD 7.155 millo­nes. De esta manera, se evidencia un futuro pro­metedor para seguir incre­mentando las relaciones comerciales.

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El abogado constituciona­lista Marcelo Duarte fue con­sultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Eje­cutivo para indagar las admi­nistraciones de los intenden­tes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.

“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter admi­nistrativo imprescindible para que la municipalidad siga fun­cionando, no puede tomar nin­guna decisión de orden polí­tico, ya que no es su función”, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despi­dos de funcionarios.

“No es su función, no son adminis­tradores, es la persona encar­gada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, acla­rando que el proceso de fis­calización de ambos munici­pios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles los pedi­dos de intervención a ambos municipios con amplia mayo­ría luego de analizar los repor­tes de irregularidades detecta­dos por la Contraloría General de la República (CGR).