El Ejecutivo, a través del Decreto 1011, dispuso la entrada en vigencia inmediata de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas. La resolución presidencial fue comunicada este domingo por el Ministerio del Interior.

En el documento se detalla que la medida ejecutiva es un paso “provisorio y operativo”, mientras se tramita el tratamiento legislativo del proyecto de ley respectivo. “Esta acción responde al carácter impostergable de una causa que exige la actuación coordinada del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales. El decreto constituye un paso provisorio, operativo y necesario, cuya vigencia se ajustará oportunamente al marco legal que se apruebe, a fin de asegurar la coherencia normativa y funcional”.

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Asimismo, el decreto señala que “el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Migraciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia acompañarán decididamente el proceso legislativo, proponiendo los ajustes que permitan dotar a la futura ley de la mayor precisión y eficacia posibles”.

La resolución presidencial señala que “ante la magnitud del desafío, este ministerio reafirma que no se trata de quién promueva las normas, sino de que estas se apliquen, se respeten y se cumplan. Esto debe constituirse en una política pública permanente, que trascienda gobiernos y perdure en el tiempo”.

Finalmente, el Ejecutivo exhorta a la ciudadanía a colaborar responsablemente en este esfuerzo, que es una causa nacional. Aún no se ha hecho pública la resolución presidencial ni se conoce su alcance.

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El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. La acusación del extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también afectó a la empresa paraguaya Tabacalera del Este S. A., al ser señalada por supuesto tráfico ilícito de cigarrillos.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento, todo lo que dijo el incompetente de Giuzzio, era una enorme estupidez”, opinó José Ortiz, gerente de Tabesa, este viernes en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez”, aseguró.

Cuestionó que Giuzzio, siendo ministro del Interior en ese momento, llevó la denuncia a una entidad no autorizada para recibir esas acusaciones, la Seprelad. “No lleva a la Fiscalía, que es el órgano competente, y tampoco llevó a la Policía, siendo ministro del Interior, que son los dos órganos autorizados para recibir denuncias”, explicó.

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Agregó que esto constituye en “una prueba fehaciente de la persecución política que recibió el expresidente Horacio Cartes y sus empresas, y principalmente Tabesa”, aseguró Ortiz.

Mientras tanto, destacó que la Fiscalía realizó una investigación muy detallada sobre todos los puntos denunciados por Giuzzio, y esto consta en el documento de pedido de desestimación. “La Fiscalía no dejó de revisar ninguno de los ítems, Giuzzio decía que Tabesa vendía cigarrillos a empresas de maletín; en el informe dice que trabajó con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en aquel entonces Subsecretaría de Tributación, y resulta que existían todas las empresas”, apuntó Ortiz.

Con el pedido de la Fiscalía de la desestimación, Ortiz sostuvo que se comprueba que con todo esto el único objetivo fue atacar a Horacio Cartes en un escenario político electoral, por instrucciones del propio presidente de la República y contrincante político, Mario Abdo Benítez.

“Este sucio, incompetente, delincuente, relacionado con narcotraficantes, se dio el tupé y denunció a la empresa de mayor aportante al fisco, haciendo un daño enorme a su reputación, pero todo con un objetivo político de persecución política. Sin dudas, instruccionado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en aquel momento para echar fuera de la cancha a Horacio Cartes”, sentenció.

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La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la Sala Constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura.

Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.

En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión.

“En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, en una entrevista con los medios de comunicación.

El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan esta recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.

Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial”.

La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.

Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”. Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”.

La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.

En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.

Para la Policía Nacional, todo apunta a que el joven menor de edad sería el único autor material del macabro asesinato de María Fernanda Benítez. Si bien los padres también están siendo investigados, estos ahora se encuentran bajo resguardo de las autoridades.

El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario César Silguero, se refirió al avance de la investigación en torno al crimen de María Fernanda Benítez, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana. Reiteró que, hasta el momento, el joven es el único vinculado de manera material al asesinato, y que no se identificó la participación de otras personas, incluidos los padres del imputado.

El dato utilizado para el reajuste del sueldo mínimo ya fue comunicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y los siguientes pasos serán cuestión de trámite. El salario aumentará G. 100.700 guaraníes desde el 1 de julio.

La banca matriz informó que la inflación del último mes fue del cero por ciento, con lo cual, la interanual es del 3,6 %, lo que equivale al G. 100.739. Con estas variables, el salario que hoy es de G. 2.798.309 pasará a G. 2.899.048, lo que, redondeando llega a G. 2.900.000. El jornal mínimo, que hoy es de G. 107.627, tendrá una diferencia de G. 3.874 con el 3,6 % de inflación, lo que significa que pasará a valer G. 111.501.

La carne tuvo un aumento de precio en general del 5 % en mayo pasado, según el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central del Paraguay (BCP). Los cortes con más del 9 % de aumento fueron la costilla, la falda y el puchero de segunda. En contrapartida, alimentos como el huevo, las hortalizas y las frutas frescas tuvieron bajas del 18,5 %, 9,9 % y 3,6 %, respectivamente.

El último reporte de inflación de la banca matriz registró un 0 % de inflación en mayo, porcentaje que fue compensado por bajas principalmente de productos frutihortícolas y combustibles. No obstante, dentro de la categoría alimentos, la carne vacuna fue uno de los rubros con mayor variación, en torno a un 5 % con respecto a abril.

La selección paraguaya mayor activó ayer martes por primera vez con plantel completo de 27 jugadores convocados. El punto de inicio de la práctica estuvo en el gimnasio princi­pal del Carde de Ypané, luego la actividad pasó al campo con una activación coordi­nativa, seguida de juegos de 4 vs. 2 y finalmente se centró en aspectos tácticos y de pre­paración específica.

El entrenador Gustavo Alfaro tiene la última palabra y este miércoles volverá a probar algunas fórmulas para ajus­tar los últimos detalles y con­firmar plenamente el equipo que jugará este jueves ante Uruguay en el Defensores del Chaco (20:00), por la fecha 15 de las eliminatorias sudameri­canas camino al Mundial 2026.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalid Rachid, sostuvo que la presunta carta emitida por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en que amenazó a las autoridades paraguayas, es un reacción al verse acorralado por las recientes acciones de la Justicia local, así como de Estados Unidos. El comunicado fue difundido ayer por una radio uruguaya.

“Esto obviamente es una reacción a todo lo que le está ocurriendo, en primer término, la esposa extraditada a Paraguay, inmediatamente la recompensa de los 2 millones de dólares del gobierno americano sobre él, después el propio Fiscal General del Estado casi afirma que tendría vinculación como autor moral en el caso de Marcelo Pecci. Es una serie de situaciones que recaen sobre él, y él reacciona y dice ‘esto no es así por tal motivo’”, dijo el ministro.