El liberal y exsenador Dionisio Amarilla se refirió a Pedro Santa Cruz, a quien calificó de “atajacarteras” de la senadora Desirée Masi, ambos del Partido Democrático Progresista (PDP), tras ser electo su excolega como representante titular de la Cámara de Senadores ante el Consejo de la Magistratura (CM), durante la sesión ordinaria de este jueves.
“Ahora nominaron a una persona que probablemente nunca escribió un memorándum y mucho menos nunca litigó en el ámbito jurisdiccional como miembro del Consejo de la Magistratura, el atajacarteras de Desirée. Así funciona la República del Paraguay penosamente”, arremetió Amarilla, expulsado de la Cámara Alta en junio del 2019; en contacto con la 1020 AM.
“Están armando una cámara a su medida”
Consultado acerca de su opinión sobre la experiencia jurídica de Pedro Santa Cruz, expresó: “Imagínate quién va a ser el que selecciona a los fiscales y jueces, mínimamente, una persona que está en ese ámbito debería, cuanto menos, haber sido auxiliar de cátedra. Están armando una Cámara a su medida”.
En esa misma línea, Amarilla culpó al status quo que reproduce la pobreza al ubicar a políticos en puestos donde deben trabajar. “Arman órganos de su elección de quiénes tienen que administrar nada menos que la Constitución y las letras de las leyes, le están poniendo a cualquiera”, arremetió.
“Encima la multiplicación de los pobres es impresionante porque van en los espacios de toma de decisiones personas que no entienden ni atrás ni adelante cómo se tiene que trabajar”, sostuvo en referencia a Pedro Santa Cruz que fue electo para el Consejo de la Magistratura.
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Amarilla destaca celeridad del Senado en remitir a EE. UU. informe de la CBI
El senador Dionisio Amarilla celebró la rápida actuación de la presidencia del Senado en relación con el informe final elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que indaga sobre el lavado de dinero en el país. El titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez, dispuso el envío de dos copias del informe a la Cancillería, con el objetivo de que sean remitidas por vía diplomática a Estados Unidos.
“Agradecemos la celeridad de la presidencia de la Cámara Alta que remitió dos copias de los nueve tomos del informe para que Cancillería a su vez remita esto vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, el hallazgo de la Comisión Bicameral de Investigación es contundente”, expresó Amarilla.
Según explicó, el informe consta de nueve tomos con información variada, entre ella, sobre graves irregularidades en el sistema financiero nacional. De acuerdo a lo que explicó el legislador, los resultados de la investigación son “contundentes” y revelan que entidades bancarias del país habrían facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, incurriendo en operaciones de lavado de activos.
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“Creo que a los Estados Unidos le va a interesar bastante este tema, porque hasta creo que estos bancos no pueden seguir siendo corresponsales de remesas y recepción de fondos en el Paraguay”, advirtió en conversación con varios medios de prensa. Amarilla consideró que la cooperación con Estados Unidos puede ser determinante para profundizar las investigaciones y sancionar a los responsables.
En ese sentido, recordó que quien se desempeñó como relator de la Comisión Bicameral, Gustavo Leite, fue recientemente designado embajador de Paraguay ante el gobierno estadounidense.
“Tenemos una ventaja, porque quien fuera relator de la comisión hoy es flamante embajador en Washington. Lo fui a saludar y le pedí personalmente que no olvide dar seguimiento al informe. Estoy seguro de que el embajador Leite habrá tomado muy en serio mi recomendación en ese sentido”, señaló el senador.
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CBI revela indicios de lavado de dinero en operaciones del banco Atlas
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), senador Dionisio Amarilla, expuso los hallazgos “contundentes” sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero, señalando al banco Atlas como uno de los casos más emblemáticos investigados por el grupo parlamentario.
El legislador explicó que uno de los ejes de la investigación de la CBI fue el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas mediante empresas o bancos, entre ellos, Atlas.
Según reveló, la entidad bancaria habría otorgado un crédito de USD 4 millones a la empresa Biobras Combustible, utilizando como aval dos estancias pertenecientes al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza branca, a través de un supuesto apoderado identificado como Gilberto Suárez, quien en realidad era un tractorista.
“Cuatro millones de dólares es mucho dinero aquí y en cualquier lugar y se desembolsa como si nada a un tractorista del esquema montado por Cabeza Branca, que le llevó evidentemente una propuesta muy rentable al Grupo Zuccolillo, diciéndole ‘te entrego dos estancias que no me preguntes cómo adquirí, con esa plata voy a seguir mis negocios’”, denunció Amarilla, quien adelantó que la documentación será remitida al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Durante el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media, el senador señaló otro hecho calificado como “gravísimo” es el intento del banco Atlas de rematar las estancias en 2024, pese a que ya estaban bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). “Si la Senabico no tenía abogados preparados, esos bienes se perdían. Estaban valuados en cerca de USD 40 millones”, afirmó.
Conmebol e IPS
Amarilla también se refirió al caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, como parte del segundo eje de la investigación. Detalló que el banco Atlas confirmó haber recibido fondos multimillonarios de Leoz y haber constituido un fideicomiso a su nombre. “Se confirma la ilicitud de esos fondos cuando, tras la muerte de Leoz, sus herederos ordenan devolver el dinero a la Conmebol”, puntualizó.
Asimismo, otro hecho irregular que involucra al banco Atlas es la desnaturalización de un contrato de fideicomiso entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco de los Zuccolillo, que administró unos G. 850.000 millones destinados originalmente a obras emblemáticas de salud.
Según Amarilla, los fondos terminaron utilizados para mantenimiento y otros fines no estipulados, supuestamente como una maniobra para inyectar capital al banco en un momento de crisis por el escándalo Leoz.
El senador criticó la actuación del Ministerio Público, señalando múltiples cambios de fiscales en los casos que involucran a Atlas y cuestionó la falta de acción del IPS para proteger sus propios recursos.
Finalmente, valoró que la Cámara de Senadores haya aprobado remitir el informe a la Fiscalía, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y autoridades de EE. UU. “No es poca cosa que un banco del sistema esté sospechado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas”, sentenció.
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Urgen al Ejecutivo reglamentar la ley de control y transparencia para oenegés
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, urgió al presidente de la República, Santiago Peña, reglamentar la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para su plena ejecución. La normativa fue sancionada en octubre del 2024.
“El Poder Ejecutivo tiene en ese sentido una tremenda responsabilidad porque el Congreso de la Nación aprobó una ley que establece protocolos para la rendición de cuentas que tiene que ser reglamentado”, sostuvo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
“Espero que el presidente de la República, a través de sus voceros, se haga eco. Podemos decirle con autoridad, presidente, por favor apresuren la formulación del decreto que reglamenta la ley de las oenegés", expresó el legislador.
Lo que establece la normativa
Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos. Quedan excluidos aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
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Uso desvergonzado de USD 52 millones
El requerimiento de Amarilla surge tras detallar que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés de manera “desvergonzada”.
“Encontramos datos llamativos que prácticamente ninguna de las oenegés pudieron explicar de manera sobria qué resultado obtuvieron con esos fondos inyectados a sus organizaciones. El 71 % de los USD 52 millones fue a salarios. Los directivos se llevaron una ponchada de plata“, lamentó.
Directivos de oenegés
Amarilla incluso detalló que los directivos de las oenegés incluso se autorremuneraron salarios por encima del sueldo que recibe un ministro del Poder Ejecutivo. “No existe ningún ministro del Poder Ejecutivo que administre un presupuesto de 2 millones de dólares y se autoasigne 40 millones de guaraníes mensuales de remuneración. Es una desvergüenza”, sentenció.
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Informe de la CBI debe llegar hasta Washington, propone Amarilla
- Por Nadia Denis.
El senador Dionisio Amarilla se refirió al informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), aprobado el miércoles 16 de julio por el Congreso, que decidió que sea remitido a varias instituciones estatales, entre ellas, organismos internacionales, dado que los hallazgos ameritan la intervención de varias entidades de control.
“Eso tiene que ser entregado al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos internacionales como el Parlasur, Parlatino, también debe llegar a Washington, al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia”, afirmó el legislador.
En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario añadió: “Queremos que la Fiscalía analice, que desestime o impute, pero no seguir sin tomar una decisión”, reclamando una respuesta concreta de las autoridades competentes frente a los hallazgos presentados por la comisión.
Sobre la eventual conformación de una nueva comisión bicameral, Amarilla se mostró cauto y afirmó que esa es una decisión que debe tomar el pleno del Congreso. “La vigencia de esta comisión ya feneció, creo que es mejor que esperemos resultados, luego pensaremos en una comisión de vuelta”, manifestó.
El senador destacó el trabajo realizado por la CBI, calificando su labor como de “alto profesionalismo, competencia demostrada y resultados exitosos”, marcando una diferencia de la Comisión formada durante la presidencia de Mario Abdo, la cual ha sido calificada por varios referentes políticos como “comisión garrote”, dado que solo se perseguía a adversarios electorales del abdismo.
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El informe
El informe entregado a la Presidencia del Senado el pasado 14 de julio está compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.