Los ministros de Defensa y de Educación de Bolivia renunciaron este martes tras más de un mes de protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz, informaron autoridades. Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros reclaman medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y el gobierno no ha descartado declarar un estado de excepción para usar a los militares en el control de las manifestaciones.

“Sí, confirmada esta información”, dijo una fuente del Ministerio de Defensa, que pidió el anonimato, sobre la dimisión del jefe de esa cartera, Mauricio Salinas. Al ser consultada, no explicó las razones. Medios de prensa bolivianos aseguraron que Salinas fue sustituido por Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa social y Sustancias controladas, conocido como el zar antidrogas.

Hace una semana, el Congreso eliminó una norma que ponía límites al presidente para decretar estados de excepción, lo cual le permite, además de enviar a militares a las calles, restringir libertades de reunión y movimiento.

La oficina de prensa del Ministerio de Educación también informó la renuncia de su titular Beatriz García.

El gobierno hasta ahora ha optado por llamados al diálogo, sin que sean atendidos por los dirigentes de las organizaciones que encabezan las protestas.

Un centenar de bloqueos de carreteras se reportan en todo el país, casi el doble que hace dos semanas, según datos oficiales.

Las tomas de rutas han disparado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, en la vecina El Alto y en otras ciudades, y elevado los precios de productos básicos.

El gobierno de Paz denuncia un intento de “alterar el orden democrático” y acusa al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las manifestaciones. El último estado de excepción por protestas en Bolivia se decretó en 2019, durante la convulsión social seguida a la renuncia de Morales, quien logró su segunda reelección en medio de denuncias de fraude de la oposición.

Fuente: AFP.

La justicia de Bolivia anuló ayer viernes las órdenes de captura que pesaban sobre dos líderes sindicales que alientan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó a la AFP la Central Obrera Boliviana (COB).

Obreros y campesinos que exigen una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas y la renuncia del mandatario de centroderecha, con sólo seis meses en el poder, se han negado hasta ahora a dialogar con el gobierno. Una de sus condiciones era precisamente la revocatoria de los mandatos de detención.

Con bloqueos de carreteras, los manifestantes cercan a La Paz, donde se ha disparado la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. “El día de hoy se ha llevado una audiencia” en la que los jueces “han determinado levantar la orden de aprehensión en contra” de Mario Argollo, jefe de la COB, principal organización obrera de Bolivia, dijo Gabriel Mena, secretario de comunicación de la institución.

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La medida también cobija a Vicente Salazar, líder de los campesinos aimaras conocidos como Ponchos Rojos, precisó. Sus capturas fueron ordenadas por la Fiscalía, que los denunció por supuestamente instigar fuertes protestas en La Paz que terminaron en disturbios. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a la AFP la decisión judicial.

Ayer viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana. Durante un acto público el miércoles, Paz invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, instaló esta semana una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo. Los obreros y campesinos no asistieron a ninguna sesión.

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Argollo dijo este viernes en un video difundido por medios locales, que “las bases” de la COB decidirán si el sindicato conversará o no con el gobierno. Un congreso obrero se realizará este sábado para debatir esa posibilidad. El gobierno de Rodrigo Paz denuncia un supuesto intento de “alterar el orden democrático”. Acusa al exmandatario Evo Morales, prófugo por un presunto caso de trata de una menor, de estar detrás.

Fuente: AFP

Cientos de médicos marcharon ayer jueves en el centro de La Paz para denunciar la aguda escasez de medicinas y alimentos que afecta a sus pacientes, causada por los bloqueos de carreteras que mantienen desde hace un mes manifestantes contra el gobierno de Bolivia. “¡Para los pacientes, oxígeno y comida!”, coreaban los trabajadores de la salud, en batas blancas, entre el sonido de las sirenas de tres ambulancias que encabezaban el recorrido.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen una salida a la peor crisis económica que vive el país en cuatro décadas, y algunos también la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder. "No damos ya ni para cinco días. La alimentación en los hospitales se está terminando, se están racionando los productos. Ya tienen (los pacientes) el dolor de la enfermedad y se les está sumando el dolor del país", dijo a la AFP Mónica Reyes, médica de 48 años.

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana informó esta semana que unas 50 toneladas de medicinas y oxígeno para hospitales no pueden ser distribuidas debido a los cortes de rutas. Los puntos de bloqueos sobrepasan los 60 en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico, pidió al gobierno “que se siente a dialogar”. “Y si no hay diálogo, pues que utilice lo que dice la Constitución (...), están en peligro vidas humanas”, agregó, en referencia a un posible estado de sitio. El Congreso eliminó el martes una norma que exigía al presidente la aprobación parlamentaria para declarar un estado de excepción que le permitiría contener las protestas con militares y restringir libertades de reunión y movimiento.

Según la Defensoría del Pueblo, cuatro personas murieron por no haber tenido atención médica oportuna debido a los bloqueos. El gobierno boliviano denuncia un intento de “alterar el orden democrático” y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de azuzar las protestas.

Fuente: AFP.

El Congreso de Bolivia abrió ayer martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia. Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.

“Queda sancionada la presente ley”, dijo el jefe de la Cámara, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 diputados. Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores que pedían medidas para enfrentar la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora su renuncia.

Además de poder sacar a los militares a las calles para apoyar a la policía en la contención de las manifestaciones, los estados de excepción limitan las libertades de movilidad y reunión, vitales para protestar. Los críticos de la derogación de la norma, como el diputado Edwin Valda, argumentaron el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Para su colega Sonia Siñani, con la decisión de ayer martes se echará “gasolina al fuego” en las protestas.

En cambio, los defensores señalan que la ciudad de La Paz, sede del gobierno, sufre un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos. “Esta ley ha sido una camisa de fuerza” para resolver el problema, opinó el diputado Alejandro Reyes. La derogación de la norma, impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue exonerada del trámite común para sacarla adelante en solo una semana.

La norma eliminada se remonta a la crisis social de hace seis años, que dejó más de 30 muertos y derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, tras su última reelección entre acusaciones de fraude de la oposición. Tras asumir el poder la derechista Jeanine Añez, el Congreso, entonces aún controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, buscó atar de manos al gobierno en la aplicación de mecanismos de represión de las protestas.

Bajo esa ley, los estados de excepción debían ser aprobados por los parlamentarios, que además podían modificarlos para evitar posibles abusos de poder. El gobierno de Paz asegura que las protestas buscan “alterar el orden democrático” y acusa a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsarlas.

Fuente: AFP.