Violentas movilizaciones tienen lugar en protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos.

• AFP

Varias personas asal­taron en la media­noche del sábado una sede del Partido Comu­nista (único) en el centro de Cuba como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos, según informó un periódico oficial.

Estos hechos ocurrieron cuando Cuba, con 9,6 millo­nes de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca sus­pensión en enero del sumi­nistro de crudo desde Vene­zuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una inter­vención militar estadouni­dense, y el bloqueo petro­lero de facto que Washington impone a la isla.

Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, pro­vincia Ciego de Ávila (cen­tro), a 460 kilómetros de La Habana. Un breve reporte del periódico provincial Invasor informó que como resultado de estos “hechos vandálicos” fueron detenidas cinco per­sonas.

“Lo que en un inicio trans­currió de manera pacífica, y tras un intercambio con auto­ridades del territorio, derivó en hechos vandálicos con­tra la sede del Comité Muni­cipal del Partido, donde un grupo más reducido de per­sonas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, precisó Invasor.

Videos que circulan en redes sociales, cuya autenticidad la AFP no ha podido verificar, ilustran los hechos descritos por Invasor y muestran a per­sonas protestando, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.

Según el periódico oficial, las manifestaciones también pro­vocaron daños a otros esta­blecimientos estatales del territorio y “una persona en estado de embriaguez sufrió una caída” y está siendo aten­dida en un centro hospitala­rio, aunque no se mencionan las lesiones de la persona ni su vinculación con los hechos.

Sin embargo, la eoenegé Jus­ticia11, que documenta las manifestaciones en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, alertó que la lesión de la persona mencionada por la prensa ofi­cial “podría tratarse de una herida de bala”, sin precisar el origen de los disparos.

De acuerdo con publicacio­nes de medios independientes y de usuarios en redes socia­les, La Habana, donde los cor­tes eléctricos se han exten­dido por más de 15 horas en las últimas semanas, es por estos días el epicentro de las protestas nocturnas, aunque se han registrado también en otras partes del país.

Varias personas asaltaron en la medianoche de este sábado una sede del Partido Comunista (único) en el centro de Cuba como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos, según informó un periódico oficial. Estos hechos ocurrieron cuando Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana. Un breve reporte del periódico provincial Invasor informó que como resultado de estos “hechos vandálicos” fueron detenidas cinco personas. “Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, precisó Invasor.

Videos que circulan en redes sociales, cuya autenticidad la AFP no ha podido verificar, ilustran los hechos descritos por Invasor y muestran a personas protestando, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.

Según el periódico oficial, las manifestaciones también provocaron daños a otros establecimientos estatales del territorio y “una persona en estado de embriaguez sufrió una caída” y está siendo atendida en un centro hospitalario, aunque no se mencionan las lesiones de la persona ni su vinculación con los hechos.

Sin embargo, la eoenegé Justicia11, que documenta las manifestaciones en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, alertó que la lesión de la persona mencionada por la prensa oficial “podría tartarse de una herida de bala”, sin precisar el origen de los disparos.

“De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partdio Comunista”, denunció Justicia11.

Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cazuelas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

De acuerdo con publicaciones de medios independientes y de usuarios en redes sociales, La Habana, donde los cortes eléctricos se han extendido por más de 15 horas en las últimas semanas, es por estos días el epicentro de las protestas nocturnas, aunque se han registrado también en otras partes del país.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una “amenaza excepcional” por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

Fuente: AFP.

• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.

El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.

La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.

Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.

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En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.

En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.

El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).

La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).

El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.

Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.

El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.

El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.

“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.

También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.

“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.

Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.

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