El Poder Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar feriado nacional el 19 de julio y llevar adelante una vacunación masiva en el marco de la fase 2 del plan nacional.
La propuesta deberá de ser analizada ante el pleno de ambas cámaras del Poder Legislativo, para su aprobación y posterior promulgación. Teniendo en cuenta la urgencia, los diputados y senadores deberán agilizar los trámites legislativos para su efecto.
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“Declárase feriado nacional en la República del Paraguay, el día lunes 19 de julio de 2021, con motivo de la jornada de vacunación contra el coronavirus o COVID-19”, expresa el artículo 1º del proyecto.
Por otra parte, se espera que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, llegue entre las 17:00 y las 19:00 de este lunes, luego de haber viajado a Miami, Estados Unidos, para acompañar a los familiares de su esposa, que fueron víctimas del edificio derrumbado.
Además, se recuerda que hoy se debe firmar el decreto de la extensión de las normas sanitarias. Actualmente siguen vigentes las restricciones de circulación hasta las 00:00, al igual que las normas sanitarias que prohíben la realización de los eventos sociales masivos.
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Sancionan declarar al torín como patrimonio tradicional y cultural del Paraguay
La Cámara de Diputados sancionó la versión Senado del proyecto de ley “Que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay, a la corrida de toros (torín)”. El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
En un anterior trámite, Diputados modificó la iniciativa en base al dictamen emitido por la Comisión de Protección y Bienestar Animal, el cual propone ampliar el alcance de la declaración patrimonial a los festejos patronales celebrados en los distintos municipios a nivel país.
La decisión se aparta de la mención específica al torín, respondiendo a los debates generados en torno al bienestar animal, en los cuales se cuestiona el reconocimiento de una práctica que vincula el uso de animales en espectáculos populares. La Cámara de Senadores se ratificó en su sanción inicial y remitió el Mensaje N° 3811 a la Cámara Baja.
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El diputado liberal Jorge Ávalos, se pronunció a favor de la aceptación de la ratificación del Senado y explicó que, a través de este documento, se faculta a la Secretaría Nacional de Cultura y a los gobiernos departamentales y municipales a mantener esta tradición.
Resaltó que la Ley de Protección y Bienestar Animal no prohíbe la corrida de toros, pero insta a un tratamiento adecuado y un control apropiado a los animales que forman parte de las corridas tradicionales.
“El torín constituye una expresión artística transmitida de generación en generación, con profundo arraigo en la vida rural y en las costumbres nacionales, además de aportar valor histórico, social y turístico”, indicó el legislador.
La diputada Rocío Vallejo, acompañó el dictamen en minoría de la Comisión de Legislación, el cual aconsejaba ratificarse en la versión Cámara de Diputados.
El proyecto también fue dictaminado por las comisiones de Educación, Cultura y Culto, que aconseja aceptar la ratificación del Senado y de Protección y Bienestar Animal, que aconseja ratificarse en la aprobación inicial dada por la Cámara Baja.
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Ante casos brutales de feminicidios, diputado impulsa cadena permanente en Paraguay
Implementar cadena perpetua o condena permanente con revisión, es una alternativa que sonó nuevamente en el seno de la Cámara de Diputados tras un hecho que conmovió a todo un país, el feminicidio de Deysi Paola, una joven estudiante y trabajadora que fue brutalmente asesinada por su ex pareja. De acuerdo a las estadísticas, en lo que va el año, ya son 20 mujeres asesinadas en el país en manos de parejas o exparejas.
El diputado Rubén Rubin, a través de las redes sociales reflotó su planteamiento de aplicar la cadena perpetua en Paraguay, pero bajo la figura de condena permanente con revisión. Esto implica incluir modificaciones en el Código Procesal Penal, y en este sentido, el legislador anunció que ya concluyó y presentó su proyecto de ley.
“Nos vamos a enfocar en crímenes graves como violaciones y asesinatos. Yo creo firmemente que cualquiera que le saque la vida a un paraguayo o se anime a tocar a una de nuestras mujeres tiene que perder su libertad de por vida”, explicó en su momento el diputado Rubin a los medios de prensa.
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El parlamentario cuestionó que las penas por asesinatos son bajas, incluyendo para los casos de feminicidios. “Violarle hoy a una mujer es 5 años, 3 años (de prisión), sacarle la vida a un paraguayo hoy es 5 años, 10 años, ¿Cuánto vale la vida de los paraguayos?, cero”, lamentó.
Rubin concluyó su proyecto y anunció un fuerte lobby con sus colegas para que este proyecto sea analizado en la Cámara de Diputados. El mismo viene hablando de esta modificación penal ya desde el año pasado, y con los últimos hechos de violencia, principalmente contra las mujeres, apunta a concretar su planteamiento.
“Aquí está presentado el proyecto, tiene mesa de entrada, automáticamente ahora voy a ir a entregarle en mano a cada uno de los 79 legisladores de la Cámara Baja mi propuesta, voy a hacer lobby, le voy a explicar uno a uno, voy a pedir reunión con las diferentes bancadas y le voy a presentar a los colegas. Les voy a explicar la diferencia entre cadena perpetua y prisión permanente y revisión, que es compatible con los derechos humanos”, dijo en su momento.
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Ñai’ũpo: Congreso sanciona ley que declara patrimonio cultural la técnica ancestral
Esta semana quedó sancionada de forma automática la ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay a la técnica ancestral “Ñai’ũpo”, dado que ya se encontraba en su tercer trámite en Cámara de Diputados, para su análisis sobre las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Senadores y se cumplieron los plazos para su estudio.
El proyecto legislativo quedó sancionado sin que sea analizado en el plenario, luego de que se cumplieran los plazos constituciones. No obstante, el documento se encontraba bajo estudio en las comisiones asesoras de la Cámara Baja, pero con dictámenes que recomendaban aceptar las modificaciones planteadas, por lo que ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su posterior promulgación u objeción.
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El origen de esta normativa se remonta a la propuesta impulsada de manera particular por la diputada colorada Rocío Abed, quien presentó el proyecto con el propósito fundacional de dotar de un marco de protección jurídica, institucional y de fomento a una de las expresiones artesanales precolombinas más emblemáticas del país.
A través de esta iniciativa, la legisladora buscó garantizar el resguardo integral de las prácticas comunitarias, los saberes alfareros y las técnicas tradicionales de recolección y cocción de la arcilla que son ejecutados de manera histórica.
El texto aprobado pone especial énfasis en la preservación de este oficio en localidades con un profundo arraigo histórico como la compañía Caaguazú de la ciudad de Itá, los barrios San Rafael y 21 de Julio de Tobatí, así como también en Areguá y Yaguarón, donde las maestras alfareras mantienen vivo este legado cultural de transmisión predominantemente oral y de mano de mujeres de generación en generación.
Al convalidar las correcciones terminológicas sugeridas por la Cámara Alta, el Congreso Nacional alinea este marco legal de origen parlamentario con los estándares internacionales de salvaguardia cultural, quedando únicamente pendiente la firma del presidente de la República para la entrada en vigencia de la ley.
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Diputados estudiará proyecto que autoriza pago a víctimas de la dictadura
La Cámara de Diputados analizará en sesión de la próxima semana un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos dura el período 1954-1989. De ser aprobado el proyecto beneficiará a quienes cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011.
Según el documento, se busca poner fin a la revictimización que padecen ante la burocracia estatal quienes ya fueron reconocidos como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se aclara que se resolverá exclusivamente las solicitudes de indemnización presentadas durante la plena vigencia de la Ley Nº 838/96. En su artículo 3, esa norma establecía que la Defensoría del Pueblo era el ente encargado de recibir y evaluar los reclamos.
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La ley fijaba además que el proceso no debía superar los 90 días y requería la revisión y el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dejaba claramente establecido que dicho dictamen no era vinculante para la decisión final de la Defensoría.
El proyecto también aclara que esa disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, que dispone que la Defensoría debe remitir las pruebas a la PGR para que esta emita un dictamen en un plazo de 30 días. Con la reforma, el dictamen pasó a ser un requisito previo para que la Defensoría resuelva sobre la calificación y la indemnización.
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