Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase, anunció este jueves que presentará el pedido de pérdida de investidura del senador Javier Vera, conocido como Chaqueñito. La decisión fue tomada luego de una reunión de la bancada pasado el medio día de este jueves.

El legislador indicó que fue una decisión unánime de la bancada y que el proceso de pedido de pérdida de investidura será iniciado en la brevedad posible una vez que se culmine la redacción del libelo acusatorio, que se estima ya estaría listo parea mañana viernes.

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“Ya es una situación reiterativa, él ya no forma parte de nuestra bandada, ya le hemos expulsado el año pasado, pero creo que ya ha sobrepasado los límites de tolerancia, de buen comportamiento y otros, ha sido una decisión unánime de nuestra bancada llevar adelante este proceso y vamos a estar presentando seguramente en la siguiente sesión”, indicó Chase.

Por su parte, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna afirmó que ya son reiterativos los incidentes y escándalos que involucran al senador Vera. “Ya que él había anunciado creo que estaría analizando una eventual renuncia, entonces le solicitamos que presente su renuncia al Senado de la nación. Lo más saludable para el Congreso de la República es que el senador Vera presente su renuncia porque no está capacitado para ejercer el cargo de senador de la Nación”, manifestó.

Así también, expuso que el día del tratamiento de este pedido se está analizando para cumplir con el debido proceso. “Vamos a analizar si amerita tratar este lunes o después de Semana Santa, queremos darle también el derecho a la defensa si él no renuncia a su banca, queremos darle todas las garantías constitucionales, pero le pedimos encarecidamente que haga efectiva su renuncia”, apuntó.

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La comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, presidida por el senador Antonio Barrios, analizó tres puntos del orden del día, entre ellos proyectos de ley vinculados al establecimiento de una oficina contra el delito, la implementación de una nueva conectividad aérea y la aprobación de una concurrencia diplomática.

Al inicio de la reunión ordinaria del día, se estudió el mensaje Nº 347 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye el proyecto de Ley “Acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el establecimiento de una oficina de programas de la UNODC en el Paraguay”.

De acuerdo con el documento, el acuerdo tiene como objetivo que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ceda un espacio físico para la instalación de la sede de la Oficina de Programas de la UNODC en el país.

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Asimismo, en lo referente a la permanencia del personal de la UNODC en dichas instalaciones, la República del Paraguay aplicará, conforme al principio mutatis mutandis, los términos establecidos en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York el 13 de febrero de 1946, así como en el Acuerdo Marco de Asistencia Técnica suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmado en la misma ciudad el 10 de octubre de 1977.

Además, destacron que este acuerdo permitirá fortalecer las capacidades nacionales en materia de seguridad, justicia e institucionalidad, mediante acciones conjuntas en áreas prioritarias como:

• la lucha contra el narcotráfico
• el crimen organizado
• el control de armas
• la promoción de la integridad pública
• la mejora del sistema penitenciario
• la justicia ambiental
• y la respuesta a nuevas amenazas, como las drogas sintéticas.

Este punto fue aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión.

Igualmente, se estudió y aprobó el proyecto de Ley “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Dominicana”.

El senador Eduardo Nakayama, en su carácter de presidente de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo–República Dominicana, destacó como positivo el avance hacia una mayor conectividad aérea con dicho país. “Sabemos que es uno de los principales destinos turísticos del mundo y que cuenta con conexiones directas con Estados Unidos y Europa”, expresó.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa no solo permitirá reducir el costo de los pasajes, sino también impulsar la llegada de más turistas, gracias a la posibilidad de contar con vuelos directos.

Por su parte, el presidente de la comisión, senador Antonio Barrios, señaló que se trata de una ventaja que conlleva importantes beneficios y que, además, representa la apertura hacia un mercado sumamente atractivo.

Por último, se analizó el mensaje Nº 245, a fin de proceder a la designación de Alejandro Rubin Cymerman como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante la República de Chipre, con sede en el Estado de Israel. Este punto también fue aprobado.

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Tras un nutrido debate, el plenario de la Cámara de Senadores, decidió por mayoría de 27 votos la postergación por dos semanas, el tratamiento del proyecto de Ley de “Fondos de Jubilaciones y Prensiones para miembros del Poder Legislativo”, conocido como “Reforma de Caja Parlamentaria”.

Si bien la propuesta normativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ha conseguido dictámenes a favor de la aprobación con modificaciones, las cuales fueron planteadas durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta por los titulares de las Comisiones de Hacienda, como también de Cuentas y Control, fue finalmente a propuesta del senador Óscar Salomón, que la iniciativa quedó postergada por 15 días para un mejor estudio de las modificaciones.

Al respecto, el senador Dionisio Amarilla, titular de Cuentas y Control, ofició de vocero de ambas comisiones dictaminadoras, resaltando que son varios los artículos que plantean las modificaciones.

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En líneas generales señaló que el proyecto sancionado por Diputados dispone el aumento de los aportes de un 2 %, pasando de 22 al 24 por ciento, que pasa a constituirse en los fondos de jubilaciones y penciones. Los jubilados pasarán a aportar de 11 al 14 por ciento del monto que perciben como haberes de jubilacion, así como los pensionados. También señala que se dispone la eliminación del aporte del Estado, se prohíbe taxativamente, remarcando que fue uno de los aspectos más consultados.

Las propuestas de modificacion planteadas por las comisiones asesoras recomiendan suprimir del artículo 7 que la comisión administradora realice descuentos de cheques diferidos. Además, proponen que en caso de que un legislador desee retirar sus aportes al dejar el cargo, lo pueda hacer en un 95 % y no en un 85 % como plantea Diputados.

El senador Amarilla señaló que también proponen que para acceder a la jubilación ordinaria se contemplen 10 años de aportes (dos periodos legislativos) con 55 año de edad, según la versión de diputados; y lo que proponen es unificar que sea recién a los 60 años y con 15 años de aportes (tres periodos legislativos); con una taza de sustitución del 80 % nominal de gastos de representación más la dieta.

El legislador señaló que en la propuesta de la comisión se incluye un articulado que establece los certificados de deudas (préstamos) que son sujetos de préstamos los funcionarios del Poder Legislativos, los mismos en caso de desvinculación por la causa que sea, honre primeramente la deuda contraída con la caja, que era un aspecto no contemplado en el proyecto con media sanción.

También se suprime del proyecto de ley el párrafo del artículo 30, que establece que los gastos del personal administrativo de la Caja Jubilatoria serán cubiertos con el Prespuesto General de la Nación. Por lo que el Senado plantea que ningún gasto del personal de la caja sea financiado con erario público.

Otra propuesta que plantea modificación es respecto a la versión de Diputados, que otorga la posibilidad de seguir aportando, sin importar que sean reelectos de forma pausada o consecutiva, siempre que hayan aportado 2 periodos completos, y si no tuvieran la edad requerida para jubilación, seguir aportando para llegar al 80 % del monto estipulado como tasa de sustitución.

Explicó que la versión de Diputados habla de 2 periodos y que también solo le faltase un año. Desde las comisiones del Senado plantean que puedan seguir aportando por el tercer periodo hasta completar los 15 años de aporte. Indicó que esto permitirá fondear también a la Caja de Jubilaciones.

El senador Amarilla terminó remarcando que con todas estas modificaciones que se plantean, le permitirá contar la Caja Parlamentaria una previsibilidad hasta el 2040.

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