El movimiento “Es nuestro momento de la Alianza” encabezado por el extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín Alfonso, se posiciona como victorioso en los comicios para el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La verificación de las actas se encuentran previstas para el lunes, pero según los datos extraoficiales, Bogarín Alfonso y su dupla César “Ceres” Escobar entrarían como representantes titulares no docente de la citada casa de estudio. “La masa del electorado se volcó hacia nosotros”, manifestó en una entrevista con el medio El Observador.

El movimiento, conocido también como Alianza Gremial, logró imponerse en las elecciones ante el movimiento Renovación Gremial, encabezado por Enrique Berni, actual miembro del Consejo de la Magistratura (CM).

“El pasado jueves 14 de agosto se llevó a cabo una linda jornada electora a nivel país donde todos los egresados de la Facultad de Derecho, egresados notariados y egresados de la Escuela de Ciencias Políticas tuvieron la posibilidad de elegir a 3 miembros del Consejo Directivo, un miembro del Consejo Superior y un miembro del TEI y el resultado es bastante claro. Yo tuve la posibilidad de ser votado por más de 7. 100 colegas, salí primero en estas elecciones”, comentó. Mientras que Escobar quedó en segundo lugar con 6.242 votos.

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Asimismo, Bogarín dijo que “de los 6 cargos que se pugnaban para el Consejo Directivo, nosotros metimos 5 en total. Estamos muy contentos, ciertamente son resultados preliminares, pero ya el 90 % de las actas ya fueron juzgadas. El acto de juzgamiento se reanudará el lunes a las 16:00″.

No obstante, también fue electo como tercer titular para el Consejo, Édgar Ríos, perteneciente al movimiento Renovación Gremial con 6.221 votos. “Estamos muy contentos por los resultados, la Alianza Gremial primó a pesar de los achaques en todo lo que fue el proceso de estas elecciones”, mencionó Bogarín Alfonso.

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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, informó que se logró suspender el remate de varios locales pertenecientes a la organización política. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Fleitas señaló que los bienes partidarios “se respetan y no se negocian” y agradeció el respaldo de militantes, dirigentes y el equipo jurídico que acompañó las gestiones.

El titular del PLRA resaltó que la medida fue posible “con mucho esfuerzo y gracias al apoyo de mucha gente comprometida”, reafirmando que continuarán trabajando para “dar siempre lo mejor” a la nucleación política. La suspensión del remate evita, por el momento, la pérdida de inmuebles utilizados para actividades partidarias en distintas localidades del país.

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Es sabido que el Partido Liberal arrastra una difícil realidad financiera desde ya hace varios años, deudas que fueron adquiridas durante la presidencia de Efraín Alegre y que en su mayoría, han permanecido impagas hasta la fecha, llevando a los acreedores a realizar demandas y promover embargos en contra del partido.

La situación económica adversa del PLRA también ha sido un factor que ha contribuido a su inestabilidad política. Muchos dirigentes liberales han cuestionado la gestión de Fleitas al frente de la institución, puesto que señalan que su administración no ha terminado de dilucidar el monto real de la deuda.

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El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que su informe final ya fue remitido a los Estados Unidos. El pasado 14 de julio, la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, dio por culminada su actividad.

“Hubo una campaña mediática en contra de esta comisión. Nosotros hicimos un trabajo serio. El informe final ya fue trasladado a los Estados Unidos, estamos en condiciones de ir a defender, inclusive, si nos convocan en algún momento. Estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó”, sostuvo el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la 780 AM.

El documento había sido remitido previamente a la Cancillería, el pasado 25 de julio, para su remisión con sus conclusiones y recomendaciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Ojalá que las autoridades de ese país convoquen al embajador paraguayo designado Gustavo Leite, quien fue relator de la comisión y conoce al dedillo los detalles de los datos tabulados, consolidados, y nadie puede negar la discrecionalidad con que se utilizaron los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Paraguay”, comentó.

El senador había detallado anteriormente que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado que USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y que USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés. El 71 % del millonario recurso fue para salarios.

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Los trabajos de la CBI, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, también ya fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo había anunciado Amarilla.

En total son nueve tomos que constan de 1.311 folios con sus respectivos anexos. Desde el tomo I hasta el VI se centra en el eje uno, “Lavado de activos ligado al financiamiento de político vía organizaciones sin fines de lucro; el VII se basa en el eje dos, “Lavado de activos provenientes del tráfico de armas”; el VIII analiza el “Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas”.

Por último, el tomo IV contiene el informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Los anexos entregados en pendrive contienen audios, videos, notas varias, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados, informe final, entre otros.

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“Los concejales aprobaron todas las barbaridades administrativas de Miguel Prieto, y hoy son sus principales defensores y obstructores del proceso de intervención”, denuncia dirigente del PLRA.

El dirigente del Partido Libe­ral Radical Auténtico (PLRA), Iván Airaldi, requiere que los concejales de Ciudad del Este sean investigados por supues­tamente avalar los hechos de corrupción en la administra­ción de intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

“Por medio de la interven­ción se dio apertura a una caja de Pandora. Los con­cejales aprobaron todas las barbaridades administra­tivas de Miguel Prieto han sido aval de los robos y hoy son sus principales defen­sores y obstructores del proceso de intervención. Los concejales oficialistas fueron cómplices de todo”, manifestó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El requerimiento de Airaldi surge tras detectarse una malversación por G. 29.000 millones en la administra­ción de Prieto, de acuerdo a los datos proveídos por el inter­ventor Ramón Ramírez en una reciente conferencia de prensa. El presunto desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gas­tos corrientes, transferencias y pago de deudas.

“La intervención viene a demostrar todo lo que siem­pre denunciamos como los hechos de planillerismo, el pago de favores o apoyo polí­tico por medios de los jugosos salarios utilizando la figura de asesores. Igual este pro­ceso expone el esquema mon­tado para favorecer a los ami­gos del entorno mediante desvío del dinero municipal por medio de obras sobrefac­turadas”, sostuvo Airaldi.

Documentos que aparecen y desaparecen.

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documen­tación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planifi­cado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evi­denciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anti­cipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.