La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores emitió este miércoles su dictamen aconsejando el rechazo a las modificaciones del estatuto agrario. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción de Diputados y será tratado mañana en plenaria de la Cámara Alta.
En su reunión, los senadores miembros de la citada comisión asesora decidieron en mayoría recomendar el voto por el rechazo a la reforma de la citada normativa agraria. Cabe destacar que antes de sentar postura, desde la comisión se propició un amplio debate sobre el tema por medio de la instalación de una mesa de trabajo. Ello permitió recibir a representantes de las diferentes organizaciones campesinas y de todas las instituciones involucradas que pudieron expresar sus pareceres por escrito.
En ese sentido, se tuvo contacto con organizaciones campesinas y oenegés que trabajan en el tema del derecho a la tierra. También una comitiva liderada por monseñor Mario Melanio Medina entregó una nota a los senadores abogando por el rechazo de la citada legislación.
Las organizaciones que elevaron su preocupación al Senado alegaron que con la modificación del estatuto agrario se pretendía legalizar todas las ocupaciones irregulares de tierras públicas que se encuentran en manos de personas que no son sujetas de la reforma agraria.
Tras escuchar y leer todas las notas, los miembros de la comisión decidieron tener en cuenta lo expresado por los campesinos y recomendar al pleno su rechazo a la propuesta legislativa.
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Piden cifras exactas antes de avanzar con plan para saldar compromisos del sector salud
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.
La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.
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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.
El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.
El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.
La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.
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Congreso de Chile aprueba la mayor parte de megarreforma económica de Kast
El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones, una de las principales promesas del presidente ultraderechista José Antonio Kast.
El proyecto es muy resistido por la oposición, que considera que solo favorece a los sectores más ricos y que podría reducir los presupuestos estatales para ayudas sociales.
La propuesta de Kast incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27 % al 23 %, cercano al promedio de los países desarrollados.
“Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa. Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.
“Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”, agregó el ministro.
La medida significará un giro en la política económica del país, dice a la AFP el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
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“Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos”, agregó.
Una reforma resistida
A la izquierda no le alcanzaron los votos para frenar la megarreforma, que cuenta con medio centenar de artículos. Los opositores cuestionan las consecuencias que podría tener la reducción de la recaudación fiscal en los presupuestos de programas sociales.
“Es un retroceso. Esta reforma es nefasta para todos nosotros, para la salud, para la educación, para las ayudas sociales que han aportado mucho y que ha costado sostener durante muchos años”, opina María Cáceres, una guardia de 43 años, en Santiago.
La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.
El 56 % del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a empresas, según la firma Cadem.
Para frenar algunas rebajas tributarias, la oposición anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.
La aprobación es considerada un triunfo clave para Kast, de 60 años, cuya popularidad venía a la baja según encuestas. El gobierno se vio obligado a reducir sus expectativas de crecimiento anual de 4 % a 3,5 % hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años.
Pese a las críticas de los opositores, los partidarios del presidente esperan que la megarreforma tenga efectos positivos en su vida cotidiana.
“Si tú le rebajas los impuestos (...) a la gente que viene a invertir a Chile y les das una seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo”, dice a la AFP Bernardo Romero, un comerciante del centro de la capital, de 65 años.
- Fuente: AFP
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Presentan proyecto para un “nuevo corredor Bioceánico” en el sur
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, presentaron el proyecto corredor Suroeste que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú a través de una infraestructura vial, construida con pavimento de hormigón, que será financiada con aporte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica). Ambos fueron a la Cámara Alta para formalizar la solicitud de aceptar el compromiso por valor de USD 286 millones.
La secretaria de Estado brindó detalles de la obra y explicó que contará con una extensión de 154 kilómetros, “más 25 kilómetros de travesía a los cascos urbanos”. La vía tendrá un alto componente logístico, considerando que será similar al corredor Bioceánico, conectando a Brasil, a través de los puentes sobre el Paraná, con el norte argentino.
Características
Entre otras cosas, explicaron en conferencia de prensa que la ruta será construida con hormigón, por las características de suelo de la zona que será alcanzada. Además, citaron que esto permitirá beneficiar a empresas locales que producen la materia prima, entre otras cosas. La vía se extenderá desde la localidad de Yabebyry, en Misiones, hasta Pilar.
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Además, será la continuación de los corredores de exportación que se llevaron adelante en periodo anteriores, uniendo los departamentos de Alto Paraná con Itapúa. “Es la segunda etapa de lo que fue corredores de exportación, uniendo Alta Paraná, con Itapúa, que también fue financiado por la Jica, esa fue una obra que arrancó en el periodo del presidente Horacio Cartes, está totalmente concluida y genera una conectividad enorme con ese sector”, destacó Centurión.
Por otro lado, catalogó como un nuevo corredor Bioceánico a la obra, demandará una ejecución de 30 meses y que se espera iniciar en 2027, una vez conseguido el visto bueno del Congreso Nacional. “Con esto estamos completando lo que vendría a ser un nuevo corredor Bioceánico, porque desde Alto Paraná, con los puentes de la Integración y el de la Amistad, siguiendo este corredor vamos a llegar a la Argentina y consecuentemente a los puertos del Pacífico, con lo cual Paraguay está garantizando esta visión de integración y de convertirse en el hub logístico de toda América Latina”, valoró.
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Dictaminan a favor de préstamo de USD 75 millones para mejorar conectividad rural
Los miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes para dictaminar a favor de la aprobación de un préstamo de USD 75.000.000 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural en siete departamentos del país.
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Contempla la ampliación de la estimación de los ingresos de la Administración Central por la suma de G. 66.789.835.999, recursos que serán incorporados al presupuesto vigente del MOPC.
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Igualmente, aprueba la ampliación del crédito presupuestario de la Administración Central por el mismo monto y establece que el proceso licitatorio del proyecto deberá iniciarse en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contados desde la fecha de promulgación de la ley.
Se fundamenta que las obras propuestas, por su ubicación geográfica, “son de vital importancia para mejorar la transitabilidad de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Itapúa, Caaguazú y Caazapá”, mediante el mejoramiento de la infraestructura vial en caminos vecinales.
Según consta en el documento, el objetivo es reducir los costos de transporte y garantizar niveles adecuados de servicio en la red vial paraguaya, contribuyendo al incremento de la competitividad del transporte terrestre, la integración económica regional y la mejora de la calidad de vida en la región Oriental del país.